Reynaldo Altamirano Estreda

Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
145/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Reynaldo Altamirano Estreda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. En términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 145/2023, promovido por Reynaldo Altamirano Estreda contra actos Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintirés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado la fecha hábil siguiente a este juzgado federal, a quien por razón de turno correspondió conocer Reynaldo Altamirano Estreda solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por actos que reclama del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que consisten en: La omisión de dictar la determinación correspondiente a la promoción de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, registrada con el número de folio 015376. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional federal admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 145/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio la intervención correspondiente al representante social adscrito. TERCERO. La audiencia constitucional se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar el acto reclamado, que se deduce del análisis integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, con un sentido no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Conforme al precepto se señalado, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/1019/13. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le reclama. No obstante, dicha negativa queda desvirtuada, ya que de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se observa que contrario a lo manifestado por la responsable, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintitrés) la omisión reclamada si existía, ya que la resolución por la cual se dio contestación al escrito de la parte quejosa de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se dictó hasta el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, esto es, en fecha posterior a la de la presentación de la demanda de amparo. De ahí que deba tenerse por cierta la omisión que se le atribuye. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas que la autoridad responsable remitió como complemento de su informe, consistente en algunas actuaciones del juicio laboral citado; a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, es innecesario analizar el acto calificado de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia que es de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En efecto, este juicio de amparo es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Para mejor entendimiento de la causal invocada, debe acotarse que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En ese sentido, de las constancias que obran en autos, se advierte que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad señalada como responsable se pronunció respecto de la promoción presentada por la parte quejosa el veinte de septiembre de dos mil veintidós, registrada con el número de folio 015376, dentro del juicio laboral 01/1019/13; auto que fue notificado a la parte quejosa el seis de marzo del año en curso. Por tanto, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada a la autoridad señalada como responsable, pues dicha omisión quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia , de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa tesis , que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Marisela Cruz Gutierrez. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual está dando cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia de lo anterior, se tiene por hecha la comunicación vertida, así como satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad antes mencionada, y con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe justificado rendido; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. En relación con las causales de improcedencia y sobreseimiento que invoca, dígaseles que las mismas podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la ley de la materia, requiérase al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora aquí quejosa, del acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral 01/1019/13; haciéndole del conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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