Reynalda Zamora Mendieta
Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Reynalda Zamora Mendieta
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Reynalda Zamora Mendieta por su propio derecho y en su carácter de albacea provisional de Anastacio Arenas Zamora; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa durante el trámite del presente juicio no se ubican en la hipótesis del segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, déjense a su disposición para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior, en el entendido de que al presentarse en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, deberá levantarse razón de la devolución y exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual se agregará a los autos para debida constancia legal. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos, la parte quejosa deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensiones 1308 (dentro de un horario de nueve a trece horas de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de las partes, que a efecto de dar cumplimiento a lo requerido en el párrafo que antecede, deberán observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que ella y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberá presentarse debidamente identificado con credencial oficial y vigente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Reynalda Zamora Mendieta por su propio derecho y en su carácter de albacea provisional de Anastacio Arenas Zamora; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa durante el trámite del presente juicio no se ubican en la hipótesis del segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, déjense a su disposición para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior, en el entendido de que al presentarse en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, deberá levantarse razón de la devolución y exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual se agregará a los autos para debida constancia legal. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos, la parte quejosa deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensiones 1308 (dentro de un horario de nueve a trece horas de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de las partes, que a efecto de dar cumplimiento a lo requerido en el párrafo que antecede, deberán observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que ella y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberá presentarse debidamente identificado con credencial oficial y vigente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Reynalda Zamora Mendieta por su propio derecho y en su carácter de albacea provisional de Anastacio Arenas Zamora, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 988/2022-III. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consistente en: El requerimiento de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, realizado mediante notificación de esa misma data, dentro del expediente 547/2019, relativo al juicio de nulidad absoluta de escritura con efectos restitutorios y reivindicatorios, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por el que se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, haga la restitución y entrega de dos inmuebles denominadosChavlista y Tecuatitla, ambos ubicados en el Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, con motivo de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en dicho expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa; así como su ejecución material. En ese sentido, respecto del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; El segundo de los numerales reproducidos establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos ocurridos fuera de juicio o después de concluido; este último supuesto contiene dos reglas especiales, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. b) Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. Para efectos de este fallo, cobra relevancia la primera regla enunciada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, estableció que la finalidad de la regla de que el amparo sólo procede contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia (o de remate), en el cual pueden impugnarse las violaciones que pudieran cometerse durante ese procedimiento que dejaren sin defensa al quejoso, tuvo por objeto evitar el entorpecimiento y retardo en el cumplimiento de las sentencias, así como el abuso del juicio de amparo, permitiendo que los fallos dictados se cumplimenten, en acatamiento al derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el precepto 17 de la Constitución Federal. Así, una vez materializada la ejecución puede entonces ejercerse la acción constitucional. Además, debe tenerse presente que el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010 (criterio aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley vigente), estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, instituye, en principio, una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; asimismo, que la fracción IV (actualmente V) del mismo precepto establece que el amparo procederá contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Agregó, que la amplitud de la norma contenida en la citada fracción da pauta para interpretar la fracción III y no a la inversa, de modo tal que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (actualmente V), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que deberá apreciarse en cada caso, atendiendo a la naturaleza y efectos de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 -aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo vigente-, determinó cuál es la última resolución que se dicta en el procedimiento de ejecución de sentencia (de un juicio de arrendamiento inmobiliario) en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, bajo las consideraciones que se invocan en vía de argumento de autoridad y se sintetizan a continuación: ( La regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la ley de la materia, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. ( Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían, como es el caso de las que apercibe al condenado para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, apercibido de hacerlo forzosamente, o bien, la que ante el incumplimiento ordena la ejecución material de tal apercibimiento. ( La etapa de ejecución de sentencia obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, en el caso, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. ( Sin embargo, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. ( Por tal motivo, -concluyó la Corte- la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto. De esta manera, -agregó la Sala- no únicamente se impide la promoción de demandas de amparo contra cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. Este criterio es aplicable por identidad de razón al caso concreto, pues el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, aunado a que lo concluido por el Máximo Tribunal del País es aplicable en exclusiva al orden civil. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en el requerimiento de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, realizado mediante notificación de esa misma data, dentro del expediente 547/2019, relativo al juicio de nulidad absoluta de escritura con efectos restitutorios y reivindicatorios, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por el que se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, haga la restitución y entrega de dos inmuebles denominados Chavlista y Tecuatitla, ambos ubicados en el Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, con motivo de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en dicho expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa; así como su ejecución material. De modo que, con base en lo establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, es inconcuso que dicho acuerdo no es el último dictado en el procedimiento de ejecución, ya que el acuerdo reclamado tiene por efecto continuar con el procedimiento de ejecución, comisionar al actuario judicial para que haga la entrega material y, en caso de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa. En esta tesitura, si aún no existe pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional que apruebe o reconozca el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, declare la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, menos aún, ordena el archivo definitivo del expediente, es inconcuso que, en esta etapa, el juicio de amparo es improcedente. Por tanto, es evidente que dicha determinación no constituye una resolución definitiva en el procedimiento de origen, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del precepto 107 de la ley de la materia, pues no ha concluido esa etapa procesal, circunstancia que hace improcedente el juicio de amparo. No se desconoce que, como excepción a esa regla general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, estableció que en el periodo de ejecución de sentencia existen dos tipos de actos: los que gozan de autonomía con relación a la ejecución y los emitidos en ejecución de sentencia. Los primeros no tienen como finalidad directa e inmediata la ejecución del fallo, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata; mientras que, en los segundos, procede el amparo indirecto, por regla general, contra la última resolución del procedimiento. Además, no debe perderse de vista que en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el juicio que se promueva contra la "última resolución", podrán reclamarse todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, que estimen los dejaron indefensos y, en consecuencia, trascendieron al resultado del fallo. Como apoyo de esta determinación, debe precisarse que todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, requiere la realización de diversos actos procesales que pueden causar molestias a las partes, las cuales se encuentran obligadas a soportarlas toda vez que tales procedimientos son los medios que la Constitución General de la Republica establece a favor de los particulares para que exijan justicia y hagan valer sus derechos. Máxime que los actos reclamados, de acuerdo a los antecedentes que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta y a sus conceptos de violación, no vulneran derechos sustantivos puesto que el quejoso fue parte del juicio de origen y los mismos no pueden considerarse ajenos a la cosa juzgada, debido a que fue emitido precisamente para ejecutar la sentencia, donde fue oído y vencido a juicio. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 109/2019, derivado del juicio de amparo 1073/2018, del índice de este Juzgado de Distrito. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a Aide Karina Vega Cuapio, Francisco Cuapanteca Lima y José Héctor Bautista Pérez, toda vez que no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; y por así manifestarlo expresamente. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Libertad número siete del Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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