Reynalda Sánchez Nárvaez
Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Reynalda Sánchez Nárvaez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera el recurso de revisión contra el auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público Adscrita
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiséis de abril del año en curso, remite la constancia solicitada; al respecto, agréguese sin mayor proveer, en virtud de que por diverso auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, de los que se advierte que la quejosa ********************, señaló como acto reclamado lo siguiente: "a).- De la autoridad señalada como responsable reclamo la omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a mi solicitud ******************** con número ******************** de fecha 11 de julio del año 2019. b).- La omisión de inscribir el trámite de enajenación de derechos parcelarios a mi favor que me acredite como titular de la ******************** del ejido "********************", municipio de PEROTE estado de Veracruz. c).- La omisión de expedir y entregarme física y materialmente el Certificado Parcelario que resulte de inscribir la enajenación de derechos parcelarios." Ahora, de la constancia remitida por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, se desprende que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya había emitido una calificación registral negativa en respuesta a la solicitud ******************** con número ********************, realizada por la aquí quejosa ********************, destacándose que contaba con quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de la calificación registral, para interponer el recurso de revisión que contempla el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en relación con el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y una vez transcurrido dicho plazo, en caso de no interponer el mencionado medio de impugnación, estaría a su disposición la documentación presentada, la cual se ordenó se publicara en el boletín registral. Para justificar su afirmación, anexó como justificación a su informe de ley, únicamente copia certificada de la calificación registral negativa, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En el caso, la quejosa reclama la omisión de darle respuesta y/o contestación, por escrito o algún medio electrónico a su solicitud ******************** con número ********************, y quedó acreditado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable ya había emitido una calificación registral negativa en respuesta a la solicitud ******************** con número ********************, realizada por la aquí quejosa ********************, la cual aduce la autoridad que se le notificó por boletín registral, sin embargo no remitió copia certificada de esta actuación; no obstante, este órgano jurisdiccional a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa dictaminó notificar dicha determinación. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por lo tanto, al haber dictado la autoridad responsable la calificación registral negativa a dicha solicitud y que tal determinación le fue notificada por conducto de este órgano jurisdiccional personalmente, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo con la omisión atribuida a la responsable. En ese contexto, resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Así, el precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, se materializa la causa de improcedencia estatuida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por lo cual, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción IV, de la propia normatividad legal; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y la remitida por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del estudio integral de las constancias de autos, pues el este órgano jurisdiccional está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En apoyo a las consideraciones expuestas, es aplicable la jurisprudencia sin número, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías". Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la vista que se le diera en proveído de veintiséis de abril del año en curso, con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, indicando que nunca le fue notificada la calificación registral emitida por la autoridad responsable, a fin de subsanar las omisiones. Al respecto, dígasele a la promovente que este órgano jurisdiccional ordenó notificar dicha calificación de manera personal, por lo que quedan expeditas sus facultades a fin de que realice el trámite correspondiente ante la autoridad agraria, en razón de que es la competente para considerar su aclaración, y en su caso recepcionar el contrato ratificado ante Notario Público que no exhibió en su momento ante aquella, y por el cual se le indicó que no se encontraba integrada la documentación, lo que condujo a que se le negara el servicio registral. Se estima lo anterior, pues como quedó evidenciado, antes de la presentación de la demanda de amparo, la responsable ya había emitido una calificación negativa a su solicitud de trámite. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, de los que se advierte que la quejosa ********************, señaló como acto reclamado lo siguiente: "a).- De la autoridad señalada como responsable reclamo la omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a mi solicitud ******************** con número ******************** de fecha 11 de julio del año 2019. b).- La omisión de inscribir el trámite de enajenación de derechos parcelarios a mi favor que me acredite como titular de la ******************** del ejido "********************", municipio de PEROTE estado de Veracruz. c).- La omisión de expedir y entregarme física y materialmente el Certificado Parcelario que resulte de inscribir la enajenación de derechos parcelarios." Ahora, de la constancia remitida por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, se desprende que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya había emitido una calificación registral negativa en respuesta a la solicitud ******************** con número ********************, realizada por la aquí quejosa ********************, destacándose que contaba con quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de la calificación registral, para interponer el recurso de revisión que contempla el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en relación con el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y una vez transcurrido dicho plazo, en caso de no interponer el mencionado medio de impugnación, estaría a su disposición la documentación presentada, la cual se ordenó se publicara en el boletín registral. Para justificar su afirmación, anexó como justificación a su informe de ley, únicamente copia certificada de la calificación registral negativa, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En el caso, la quejosa reclama la omisión de darle respuesta y/o contestación, por escrito o algún medio electrónico a su solicitud ******************** con número ********************, y quedó acreditado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable ya había emitido una calificación registral negativa en respuesta a la solicitud ******************** con número ********************, realizada por la aquí quejosa ********************, la cual aduce la autoridad que se le notificó por boletín registral, sin embargo no remitió copia certificada de esta actuación; no obstante, este órgano jurisdiccional a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa dictaminó notificar dicha determinación. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por lo tanto, al haber dictado la autoridad responsable la calificación registral negativa a dicha solicitud y que tal determinación le fue notificada por conducto de este órgano jurisdiccional personalmente, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo con la omisión atribuida a la responsable. En ese contexto, resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Así, el precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, se materializa la causa de improcedencia estatuida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por lo cual, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción IV, de la propia normatividad legal; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y la remitida por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del estudio integral de las constancias de autos, pues el este órgano jurisdiccional está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En apoyo a las consideraciones expuestas, es aplicable la jurisprudencia sin número, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías". Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la vista que se le diera en proveído de veintiséis de abril del año en curso, con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, indicando que nunca le fue notificada la calificación registral emitida por la autoridad responsable, a fin de subsanar las omisiones. Al respecto, dígasele a la promovente que este órgano jurisdiccional ordenó notificar dicha calificación de manera personal, por lo que quedan expeditas sus facultades a fin de que realice el trámite correspondiente ante la autoridad agraria, en razón de que es la competente para considerar su aclaración, y en su caso recepcionar el contrato ratificado ante Notario Público que no exhibió en su momento ante aquella, y por el cual se le indicó que no se encontraba integrada la documentación, lo que condujo a que se le negara el servicio registral. Se estima lo anterior, pues como quedó evidenciado, antes de la presentación de la demanda de amparo, la responsable ya había emitido una calificación negativa a su solicitud de trámite. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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