Reynalda de la Cruz López

Expediente 871/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
871/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Reynalda de la Cruz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte el dieciséis de enero de este año, se proveyó respecto al cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo y se evidenció un excedente de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $3,285.44 (tres mil doscientos ochenta y cinco pesos 44/100, moneda nacional); por lo que, se requirió a dicha parte a fin de que efectuara la devolución correspondiente. Así, en auto de veinte de febrero actual, se tuvo a ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, informando que se había realizado la devolución de la cantidad pagada en exceso por la responsable; por lo cual, se dio vista al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hicieran en forma extemporánea. Consecuentemente, se hace efectivo el citado apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Así, al no haber manifestaciones de las partes, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 60 a 84), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ". Respecto del refrendo de la licencia y tarjeta a que se refiere el artículo 7, deberá cubrir la cuota mínima establecida a minisúper, para el rubro de abarrotes con venta de cerveza de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional). Respecto al artículo 23, fracción I, inciso a), punto 1 en tanto, que la cuota depende del destino del inmueble lo cual es un elemento ajeno a derecho del Ayuntamiento, deberá tributar bajo la hipótesis mínima, esto es, $36.05 (treinta y seis pesos 05/100 moneda nacional). En torno al dictamen de protección civil a que se refiere el artículo 25, punto b, número 1, clasificación d), habrá de pagar la cuota, en la hipótesis del apartado b, punto 1, letra a. "Bajo", a razón de $379.46 (trescientos setenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional). f) La protección constitucional debe hacerse extensiva a los acto concreto de aplicación consistente en el recibo oficial de pago ********************(folio 21), que realizó la impetrante del amparo, en el que consta el pago de derechos; a fin de que le sean devueltas las cantidades que superan los montos establecidos en el inciso c). g) Una vez realizado el cálculo, la devolución deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dichas devoluciones deberán actualizarse, de acuerdo con los artículos 35 y 36 del Código Fiscal del Estado de Nayarit; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. Es preciso señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aunque no haya sido señalada como responsable conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, lo que se corrobora además con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: Sentencia que causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 105 y 106). En cumplimiento a la referida ejecutoria, de las constancias que obran en autos se advierte que los recibos fiscales materia de la concesión, fueron pagados el dos de abril de dos mil dieciocho y el diecisiete de octubre de ese mismo año, se efectúo la devolución mediante cheques por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a septiembre de dos mil dieciocho. De lo anteriormente expuesto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año anterior entre el índice para el mes de marzo del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 99.492; y para el mes de septiembre del mismo año 100.917. Por lo que, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.014322759618864. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad total erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene: ********************. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo ********************, tomando en cuenta el excedente que le había depositado en demasía, mismo que ya fue reintegrado al ente responsable, como se advierte al inicio del presente auto. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte el dieciséis de enero de este año, se proveyó respecto al cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo y se evidenció un excedente de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $3,285.44 (tres mil doscientos ochenta y cinco pesos 44/100, moneda nacional); por lo que, se requirió a dicha parte a fin de que efectuara la devolución correspondiente. Así, en auto de veinte de febrero actual, se tuvo a **** en su carácter de autorizado de la parte quejosa, informando que se había realizado la devolución de la cantidad pagada en exceso por la responsable; por lo cual, se dio vista al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hicieran en forma extemporánea. Consecuentemente, se hace efectivo el citado apercibimiento y se procede a calificar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo. Así, al no haber manifestaciones de las partes, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 60 a 84), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ". Respecto del refrendo de la licencia y tarjeta a que se refiere el artículo 7, deberá cubrir la cuota mínima establecida a minisúper, para el rubro de abarrotes con venta de cerveza de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional). Respecto al artículo 23, fracción I, inciso a), punto 1 en tanto, que la cuota depende del destino del inmueble lo cual es un elemento ajeno a derecho del Ayuntamiento, deberá tributar bajo la hipótesis mínima, esto es, $36.05 (treinta y seis pesos 05/100 moneda nacional). En torno al dictamen de protección civil a que se refiere el artículo 25, punto b, número 1, clasificación d), habrá de pagar la cuota, en la hipótesis del apartado b, punto 1, letra a. "Bajo", a razón de $379.46 (trescientos setenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional). f) La protección constitucional debe hacerse extensiva a los acto concreto de aplicación consistente en el recibo oficial de pago ********************(folio 21), que realizó la impetrante del amparo, en el que consta el pago de derechos; a fin de que le sean devueltas las cantidades que superan los montos establecidos en el inciso c). g) Una vez realizado el cálculo, la devolución deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dichas devoluciones deberán actualizarse, de acuerdo con los artículos 35 y 36 del Código Fiscal del Estado de Nayarit; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. Es preciso señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aunque no haya sido señalada como responsable conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, lo que se corrobora además con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: Sentencia que causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 105 y 106). En cumplimiento a la referida ejecutoria, de las constancias que obran en autos se advierte que los recibos fiscales materia de la concesión, fueron pagados el dos de abril de dos mil dieciocho y el diecisiete de octubre de ese mismo año, se efectúo la devolución mediante cheques por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a septiembre de dos mil dieciocho. De lo anteriormente expuesto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año anterior entre el índice para el mes de marzo del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 99.492; y para el mes de septiembre del mismo año 100.917. Por lo que, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.014322759618864. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad total erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene: ********************. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo ********************, tomando en cuenta el excedente que le había depositado en demasía, mismo que ya fue reintegrado al ente responsable, como se advierte al inicio del presente auto. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual Antonio López Muro, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, informa que se ha realizado la devolución de la cantidad pagada en exceso por la responsable; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de uno del actual mes y año (foja 163). En consecuencia, con lo anterior desé vista a la autoridad responsable denominada Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit; toda vez que el pago con el que acredita haber cumplido con el requerimiento de que se trata, fue exhibido en copia simple.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el ocurso de cuenta remitido por la Delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que fue objeto en proveído de veinticinco de enero anterior, remite copia certificada del cheque recibido por la quejosa, por la cantidad de $5,558.61 (cinco mil quinientos cincuenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional); consecuentemente, téngase a la autoridad de mérito dando cumplimiento al requerimiento de que se trata. Luego, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase nuevamente a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que quede debidamente notificada, acredite ante este órgano jurisdiccional la devolución de la cantidad que le fue pagada en exceso por la responsable, o bien, manifieste su impedimento para ello, a fin de estar en posibilidades calificar el cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo.

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