Reynalda Cortes Aviña
Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 22/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Reynalda Cortes Aviña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
De la comparecencia de cuenta se desprende que el día de hoy se entregó a Herlinda Díaz Cortés, el billete de depósito N 910364, por $5,000.00 (cinco mil pesos), mismo que fue registrado con el número de orden 17/2021, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En virtud a lo anterior, se ordena dar de baja el referido billete realizando las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento con huella digital de la quejosa, a través del cual solicita se haga el endoso del billete de depósito número **** valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) a nombre de Herlinda Díaz Cortés. En consecuencia, se ordena hacer la entrega de dicho certificado de depósito debidamente endosado, a nombre de ******, por así manifestarlo la parte quejosa en el escrito de cuenta al que estampó su huella digital y firmó a ruego su hija, por lo que no se estima necesario que ratifique el contenido del mismo. Es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, página 2333, registro digital 2000079, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial. En la inteligencia que de no hacerlo, transcurrido el plazo de dos años se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual la quejosa ****, solicita la devolución de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva. En consecuencia, al ser innecesaria la retención del billete de depósit***, valioso por la cantidad de ****, se autoriza la devolución del mismo a *****, quien es hija de la quejosa, previo recibo y razón que de ello se otorgue en autos, en la inteligencia que de no hacerlo, transcurrido el plazo de dos años se ordenará su remisión al Tesorero de la Federación, como lo dispone el artículo 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, 11, fracciones XXVI, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por la Juez Tercero de lo Familiar de Colima, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en el recurso de revisión 100/2022, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión 1) Dejara insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de cinco de marzo de do 2021, así como todas las actuaciones derivadas de la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de interdicción. 2) Emitiera una resolución acorde con lo dispuesto por el artículo 12 de la Conveción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y conforme a las consideraciones de esta ejecutoria, en el cual, para que la quejosa puediera ejercer plenamente su capacidad jurídica, descartara el trámite de la acción o pretensión de declaración de estado de interdicción. Luego, la jueza habría de preguntar a la quejosa si era su deseo ratificar la promoción respectiva, pues de ser negativa su respuesta tendrá que dar por concluido el juicio, pero si era positiva debería reencauzar el asunto y tramitar una acción para determinar las medidas de apoyo y salvaguardias; con ese propósito la quejosa estaría en condiciones de participar directamente o por propio derecho en el juicio y adicionalmente, si así lo deseaba, ser asistida por una persona de confianza. Lo anterior con el entendido que la jueza debería explicar con palabras que entendiera la quejosa, en qué consiste la acción para determinar las medidas de apoyo y salvaguardias y cuáles eran las consecuencias de aceptar que se prosiga con el juicio y cuáles son las que traería una respuesta negativa, es decir, que el trámite judicial concluiría y se mandaría al archivo el expediente que se integró. De instaurar el proceso judicial relativo, la jueza debería realizar los ajustes razonables necesarios para garantizarle el derecho de acceso a la justicia; algunos de los cuales de forma enunciativa y no limitativa podían ser los señalados en el número 5), de los efectos de la ejecutoria de amparo. 3) Por la naturaleza de la acción, que es en interés exclusivo de la persona con discapacidad, el trámite y resolución del juicio debería seguirse conforme a las disposiciones de la Jurisdicción Voluntaria previastas en el Título Décimo Quinto, Capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, salvo la fracción II del artículo 894 en lógica consecuencia, así como también debería esceptuarse el artículo 895, ya que no podría disputarse en un juicio contencioso el sistema de apoyos y salvaguardias que requiere una persona con discapacidad para ejercer sus derechos y su capacidad jurídica. 4) En el trámite y resolución de ese procedimiento, la jueza habría de prescindir de los artículos declarados inconstitucionales e inconvencionales, por no ser acordes con el modelo social y de derechos humanos. 5) En el procedimiento, la jueza debería realizar los ajustes razonables necesarios para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la quejosa; algunos de los cuales, de forma enunciativa y no limitativa, podían ser los siguientes: Llevar a cabo una entrevista con la promovente, en un espacio que permitiera la comunicación en un ambiente de confianza y tranquilidad (incluso podría ser la casa de la propia quejosa o algún lugar que estés familiarizado. Procurar que el tiempo de la entrevista no fuera muy largo y, en caso de ser necesario, agotar el procedimiento en más de una audiencia. Permitir a la quejosa, si así lo deseaba, ingresar a la audiencia con persona de su confianza que pueda fungir como apoyo. Asegurarse que la comunicación se realice de manera directa y efectiva con la quejosa utilizando términos claros y sencillos auxiliándose, incluso, de medios tecnológicos de comunicación, sistemas de comunicación aumentativos y/o alternativos para lo cual puede asistirse de un facilitador de comunicación (psicólogos, pedagogos y/o terapeutas y especialistas en comunicación humana), quienes auxilien y faciliten el proceso de la comunicación entre la autoridad judicial rectora del proceso y la parte interesada. Se estima pertinente que el horario de las comparecencias se fije previa consulta con la persona con discapacidad para garantizar que sea el más adecuado y no lo perciba como una intromisión en su vida cotidiana. Utilizar un lenguaje (oral o escrito) simple, con estructuras gramaticales compresibles, en todo tipo de notificación, requerimiento, actuación, comparecencia y resolución que se dicte con motivo del procedimiento, evitando el uso de tecnicismos. Emplear formatos de fácil lectura y comprensión. 6) En cuanto a las medidas de apoyo, la jueza siempre deberá considerar las opiniones y requerimientos de la quejosa, de modo que ésta sea quien determine qué medidas de apoyo requiere, incluyendo - si así lo desea la solicitante del amparo-la designación de una o varias personas de su confianza para que, con pleno respeto a su voluntad o preferencias personales, le asistan en diferentes tareas. En este aspecto, además, la jueza cuidará: Dar cuenta de los apoyos que solicite la quejosa, permitiéndole que decida, libremente, si desea recibirlos y haciéndole saber que puede designar a diferentes personas para determinadas tareas. Preguntarle sobre sus actividades diarias y su plan de vida, para verificar si sobre ciertos aspectos desea elegir nuevos apoyos, a fin de que defina qué actividades requiere hacer y qué podría facilitarlas, tomando en cuenta las barreras sociales que puedan llegar a presentarse. Establecer una revisión periódica de las medidas adoptadas para que, en caso de ser necesario, se agreguen o modifiquen, existiendo la posibilidad de que la quejosa pueda solicitar en cualquier momento un ajuste a las medidas adoptadas. En ese punto, la jueza deberá verificar si los apoyos están actuando conforme al mando y voluntad de la quejosa. Verificar que en la transcripción de la audiencia la voluntad de la persona y los apoyos que se le reconocerán queden claramente explicitados, con la finalidad de generar mayor seguridad jurídica a la quejosa. Hacer del conocimiento de la quejosa que las medidas de apoyo no causan estado y que en cualquier momento pueden modificarse o adaptarse a sus necesidades reales. Para ello, es preciso que la jueza tome en cuenta que el ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad dependen de las medidas de apoyo, de modo que debe atenderse a las necesidades del caso concreto que manifieste la persona con discapacidad y a su libertad personal, que debe ser respetada, sin que en ningún momento la jueza sustituya la voluntad de la persona. Explicar con toda claridad y el lenguaje apropiado a su nivel de compresión, para respetar el derecho de accesibilidad congnitiva, el significado y las consecuencias de nombrar una persona que le asista, así como la posibilidad que tiene de modificar dicho nombramiento en cualquier momento si así lo desea, en el entendido de que la asistencia personal se refiere al apoyo humano como instrumento para permitir el goce de sus derechos y vida independiente. 7) En su resolución, la jueza debe establecer claramente los salvaguardias y dejar clara la posibilidad de que la promovente, cualquier tercero, o incluso de oficio, pueda alegar una vulneración de los derechos de la propia promovente, con la finalidad de que en caso de ser necesario se modifiquen los apoyos (cuando se advierta por ejemplo un abuso de derecho o un posible conflicto de intereses). 8) La Jueza deberá notificar a la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, para efectos de brindar asesoría jurídica gratuita a la quejosa y a ésta se le hará saber la existencia de dicha institución, por si desea hacer uso de sus servicios en éste o en cualquier otro juicio en que sea parte. En caso de que dicha persona solicite la asistencia, se deberán respectar sus preferencias y voluntad, sin sustituirse a ellas conforme a los lineamientos de este fallo. 9) La jueza deberá dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Comité Coordinador de Integración Social y Productiva de las Personas con Discapacidad, para que en ejercicios de las atribuciones que les confiere la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad brinden a la quejosa información necesaria para que ésta pueda tener acceso a los apoyos y salvaguardias, programas y servicios previstos en ese ordenamiento, como las de la valoración de su grado de discapacidad, atención médica, acceso a programas de empleo si es necesario en función de la edad de la quejosa, etcétera. 10) Para garantizar el pleno reconocimiento a la capacidad jurídica de la quejosa, la jueza dará aviso al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que, en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, facilite los canales institucionales para que pueda hacer exigibles ante la autoridad competente el goce y ejercicio pleno de sus derechos. Mediante oficios 1904/2022 y 1918/2022, recibidos en este juzgado el seis y siete de septiembre del año en curso, de la que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de cinco de marzo de do 2021, así como todas las actuaciones derivadas de la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de interdicción. Por otra parte, la Juez responsable remitió copia certificada del acta levantada el dos de septiembre de dos mil veintidós, por la secretaria actuaria adscrita, en la que se advierte que se realizó la notificación ordenada en autos en los términos ordenados en el recurso de revisión 100/2022, así como del escrito presentado por el autorizado de la quejosa en el que expresó que no era su deseo que el juicio continuara, por lo que se acordó lo conducente, esto es, se tuvo por concluido el juicio y se ordenó al archivo. Si está cumplida. De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 del citado Acuerdo. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a) del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que obra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, incisos a), y b), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Por último, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, en día y hora hábil a recibir el billete N910364 que exhibió en el incidente de suspensión, para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; en la inteligencia que de no hacerlo, transcurrido el plazo de dos años, se ordenará su remisión al Tesorero de la Federación, tal como lo disponen los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En la inteligencia de que la persona que comparezca a éste juzgado a efecto de recibir el billete, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recibir los billetes de referencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese en términos de ley.
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