Reynalda Alemán Hernández

Expediente 1637/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1637/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Reynalda Alemán Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual remite las constancias de notificación hechas a las partes respecto del laudo dictado en el expediente laboral de origen; lo anterior, en atención a que por auto de siete de noviembre reciente, el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida en forma de laudo el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias que como justificante de su informe así como con las que adjuntó a su oficio de cuenta y que remitió la junta responsable, se advierte que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la quejosa ********************, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral ********************. Ahora bien, la junta responsable, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama (fojas 36 a 37). De las constancias que como justificante de su informe remitió la autoridad responsable y con el oficio de cuenta, se advierte que con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, emitió resolución en forma de laudo. Constancia a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este juzgado federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dentro del expediente laboral ********************, dictara el laudo correspondiente; aquélla se vio satisfecha en la medida que con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, emitió resolución en forma de laudo. Por consiguiente, se ha restituido a la accionante de garantías, en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintidós de noviembre del año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    AVISO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida en forma de laudo el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias que como justificante de su informe así como con las que adjuntó a su oficio de cuenta y que remitió la junta responsable, se advierte que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la quejosa ********************, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral ********************. Ahora bien, la junta responsable, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama (fojas 36 a 37). De las constancias que como justificante de su informe remitió la autoridad responsable y con el oficio de cuenta, se advierte que con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, emitió resolución en forma de laudo. Constancia a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este juzgado federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dentro del expediente laboral ********************, dictara el laudo correspondiente; aquélla se vio satisfecha en la medida que con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, emitió resolución en forma de laudo. Por consiguiente, se ha restituido a la accionante de garantías, en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintidós de noviembre del año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando tendentes a dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, remite copia certificada del auto de veintiséis de este mes y año, dictado dentro del expediente 321/2014, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, sin que haya lugar efectuar diverso requerimiento tomando en consideración que por auto de veinticinco de octubre de este año, se señaló el veintisiete de noviembre de la anualidad, para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

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