Reyna Virginia Martínez Romo
Expediente 622/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Reyna Virginia Martínez Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interesada interpusieran recurso de revisión contra el auto de cinco de septiembre de la presente anualidad, dictado en el presente juicio de amparo, que decretó el sobreseimiento de este juicio, fuera de audiencia, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para obre como corresponda el oficio 780/2019, signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y remite las constancias con las que acredita que han cesados los efectos del acto reclamado, como lo anunció el autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte que la autoridad responsable, anexó copias certificadas de la causa penal 62/2019, constancias que por encontrarse certificadas constituyen documentales públicas y tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia doscientos veintiséis, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hace prueba plena." Ahora bien, del contenido de las constancias que anexa la autoridad responsable, se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, al sobrevenir de forma manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo lo artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable, remitió se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, como se evidenciará: En el caso, la accionante del amparo controvirtió la omisión de no proveer el escrito de veinte de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual interpone recurso de apelación contra la resolución de imposición de medida de prisión preventiva dentro de la causa penal 62/2019. De las constancias que anexó la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se obtiene que el seis de agosto del año en curso, la responsable dictó el acuerdo respectivo donde tuvo a la quejosa interponiendo recurso de apelación contra la imposición de medida de prisión preventiva dictada en la causa de origen. Posteriormente, el veintitrés de agosto del presente año el citado juez responsable, giró oficio 731/2019 al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, donde le informó que en cumplimiento al auto de seis del mes y año citado, envía el cuaderno formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la imputada Reyna Virginia Martínez Romo -aquí quejosa-, por lo tanto, dejó sin efectos la omisión de la que se dolía ésta. Documentales que adquiere plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, se tiene que el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, consistente en la omisión de no proveer el escrito de veinte de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual interpone recurso de apelación contra la resolución de imposición de medida de prisión preventiva dentro de la causa penal 62/2019, es inválido en sus efectos jurídicos, acorde a lo consignado en la actuación de la autoridad responsable ya que el seis de agosto del año que transcurre, tuvo por interpuesto el recurso de apelación aludido y el veintitrés del mismos mes y año se remitió el mismo al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para su substanciación, de modo que con ese actuar han cesado los efectos del acto reclamado, en la medida que desaparecieron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis Aislada (Común), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Corrobora lo anterior, la Jurisprudencia (Común) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados precisados en este considerando; acorde a los motivos ya expresados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Tiene aplicación al respecto, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 434, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos del que se obtiene que no obran las constancias solicitadas a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, ni constancia de notificación del oficio por el que le fueron peticionadas las mismas; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del dos de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el pedimento presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y hágase nueva relación del mismo en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Como lo solicita dicho representante social federal, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, expídasele copia simple de la resolución que en su oportunidad se emita en este juicio, previa constancia e identificación que por su recibo se deje en autos.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante el cual, en alcance a su informe justificado, remite copia del índice cronológico de la causa penal 62/2019. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; hágase nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto tenga verificativo, en término de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
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