Reyna Vinalay Valadez

Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
586/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Reyna Vinalay Valadez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, uno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado el original del juicio de divorcio incausado 872-3/2017, remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 586/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO.... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se, RESUELVE ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Reyna Vinalay Valadez, respecto del acto y autoridad descritos en el tercero considerando del presente fallo, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUYE DICE... Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 586/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, Reyna Vinalay Valadez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal de manera directa contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Del Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del Ramo familiar del Distrito Judicial de Tabares, reclamo sentencia definitiva de fecha 22 de febrero del año en curso (2019), dictada dentro del expediente número 872-3/2017, relativo al Juicio de Divorcio Incausado, promovido por el tercero Interesado BALTAZAR CARRILLO RAMIREZ, en contra de la suscrita quejosa, que concluyó en los siguientes puntos resolutivos (.)." SEGUNDO. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo directo de que se trata, ordenando tramitar el cuaderno auxiliar de amparo correspondiente; rindió su informe justificado, ordenando remitir los originales de la demanda, así como el juicio de divorcio incausado número 872-3/2017 de donde emana el acto reclamado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a fin de que admitiera a trámite dicha demanda. TERCERO. Por cuestión de turno, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el conocimiento del asunto, y por ejecutoria de treinta de mayo de dos mil diecinueve, estimó carecer de competencia legal para conocerlo, por lo que remitió el juicio de amparo directo civil 237/2019 de su índice, al Juez de Distrito en Turno de esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, a efecto de que se avocara a su conocimiento, el que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo que fue radicada en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente 586/2019; se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar de lo anterior al tercero interesado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto después de concluido el juicio, emitido por un órgano jurisdiccional con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La quejosa señala como objeto de estudio en este asunto la sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de divorcio incausado número 872-3/2017, promovido por Baltazar Carrillo Ramírez en su contra, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto de Divorcio Incausado. SEGUNDO. El actor Baltazar Carrillo Ramírez, probó la acción de Divorcio Incausado y por consiguiente se declara disuelto el vínculo matrimonial civil que le une con la demandada Reyna Vinalay Valadez, quedando ambos en aptitud de contraer nuevas nupcias si a su interés conviene. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta sentencia, remítase copia fotostática certificada de la misma al Oficial del Registro Civil, ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta de divorcio correspondiente, haga la anotación marginal respectiva en el acta de matrimonio disuelto y además publique un extracto de este fallo durante quince días en las tablas destinadas al efecto y líbrese oficio al coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil de Guerrero, para que ordene a quien corresponda proceda a hacer la anotación de divorcio en el acta de matrimonio de los ahora ex cónyuges, en los términos y condiciones establecidas en el último considerando de esta resolución. CUARTO. Se aprueba la propuesta de convenio que se exhibió con la demanda, por lo que las partes deben estarse a lo acordado como cosa juzgada. QUINTO. Se declara disuelto el régimen de sociedad conyugal y deberá procederse a su liquidación incidentalmente en ejecución de sentencia, con apego a las formalidades del artículo 447 del Código Civil en vigor de la entidad. SEXTO. Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el auto de radicación de la demanda de divorcio. SEPTIMO. No se hace especial condena al pago de costas, por lo que cada parte deberá reportar las erogaciones con motivo de este asunto". Ahora, dado el tipo de determinación que se reclama, cabe hacer las siguientes precisiones: La sentencia se considera como acto jurídico y como documento; y, como tal - documento- representa la solución que el juez responsable da a un determinado problema jurídico, que puede contener más de un pronunciamiento independiente, lo cual encuentra su justificación en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1ª/J.17/99, consultable en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999, Novena Época, en el cual determinó que si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible (declaración que hace el juzgador respecto a una determinada solución), no lo es como documento (representación del acto jurídico); por tanto, es válido que en el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contenga no uno, sino diversos pronunciamientos independientes. Sobre el tema y relacionado con lo resuelto por el juez responsable, se advierte que al momento de declararse la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia como documento, el juez natural emitió otros pronunciamientos definitivos o provisionales, sobre cuestiones que si bien tienen relación con el divorcio no son causa o consecuencia directa de ésta, tal como el pronunciamiento en relación con los alimentos entre cónyuges o con la liquidación de la sociedad conyugal. Lo que evidencia, que en un mismo documento se contengan actos jurídicos que pueden ser estudiados de forma autónoma en relación con el divorcio decretado, porque precisamente son acciones que tienen elementos propios y su procedencia no se hace depender de la disolución del vínculo matrimonial, como en el caso acontece. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el objeto de estudio en este asunto, lo constituye: I. La aprobación de la propuesta de convenio que se exhibió con la demanda de divorcio interpuesta por Baltazar Carrillo Ramírez, sin tomar en consideración la contestación de demanda y contrapropuesta de convenio presentada por la quejosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, por así haberlo precisado al rendir su informe justificado; manifestación que se toma en sus términos por así corroborarse del original del juicio de divorcio incausado número 872-3/2017, remitido por la citada responsable como justificación a su informe; actuaciones, que dada su naturaleza, se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de fondo. Ante la certeza del acto reclamado y no habiendo causa de improcedencia alguna que se haga valer o que de manera oficiosa advierta este órgano de control constitucional, se procede a examinar el fondo materia del debate planteado a la luz de los conceptos de violación vertidos por la quejosa en su escrito de demanda. Antecedentes del acto reclamado. Así, en principio resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al pronunciamiento de la resolución reclamada, los cuales se obtienen del original del juicio de divorcio incausado 872-3/2017, cuyo valor probatorio se otorgó en el considerando que antecede, apreciándose en lo que interesa, lo siguiente: 1. El dos de octubre de dos mil diecisiete, Baltazar Carrillo Ramírez presentó demanda de divorcio incausado en contra de Reyna Vinalay Valadez, la cual por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, quien la radicó el cuatro siguiente, bajo el número 872-3/2017; en esa fecha se ordenó, entre otras cosas, el emplazamiento a juicio de la antes mencionada para que dentro del plazo de nueve días diera contestación a la misma. 2. En acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, previa solicitud del abogado patrono de la parte actora, se tuvo por perdido el derecho de la demandada Reyna Vinalay Valadez, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, señalándose hora y fecha para la audiencia previa y de conciliación; asimismo se le previno para que en la misma, presentara su contrapuesta de convenio, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendría por conforme con el presentado por el actor Baltazar Carrillo Ramírez. 3. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciocho, la quejosa Reyna Vinalay Valadez, promovió incidente de nulidad de notificaciones, en contra de la notificación y emplazamiento que le fueron practicados, dando contestación en el acto a la demanda promovida en su contra, y exhibiendo su propuesta de convenio; incidencia que fue admitida en proveído de ocho de marzo siguiente, ordenándose la suspensión del procedimiento. 4. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el juez responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la demandada Reyna Vinalay Valadez, en la que declaró improcedente el mismo, ordenando la reanudación del procedimiento. 5. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, previa solicitud formulada por el abogado patrono de la parte actora, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del cuatro de octubre de esa misma anualidad, para la celebración de la audiencia previa y de conciliación. 6. En la fecha programada para la celebración de la audiencia previa y de conciliación, comparecieron el actor Baltazar Carrillo Ramírez, así como la quejosa, ambos asistidos por sus abogados patronos. En esa diligencia, la parte actora ratificó su escrito de demanda y su propuesta de convenio, del mismo modo la quejosa Reyna Vinalay Valadez (demandada en el juicio natural), ratificó su ocurso de contestación de demanda así como su contrapropuesta de convenio, hecho lo cual citó a las partes para oír sentencia. 7. Finalmente, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve se dictó la resolución reclamada, en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación del convenio exhibido por la parte actora. Lo cual constituye el acto reclamado. Concepto de violación. La parte quejosa asegura que la resolución reclamada es violatoria de sus garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable dejó de tomar en cuenta la contestación de la demanda y la contrapropuesta de convenio que se tuvieron por ratificadas en la audiencia previa y de conciliación, al momento de resolver la disolución del vínculo matrimonial. Pues al haber advertido el juez natural la existencia de discrepancias o puntos de desacuerdo entre las partes derivadas de la propuesta de convenio y su contrapropuesta, procedía que se entrara a su estudio razonado, fundado y motivado o en su defecto que esos puntos de desacuerdo se determinara fueran dirimidos en la incidencia correspondiente. Análisis del concepto de violación. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa resulta infundado en virtud de lo siguiente: La Ley de Divorcio en el Estado de Guerrero, dispone la tramitación que deberá seguir el divorcio incausado en los términos siguientes: "ARTICULO 27.- El divorcio incausado podrá solicitarse unilateralmente por cualesquiera de los cónyuges ante el juez competente, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que sea necesario señalar la causa por el cual lo solicita." "ARTICULO 28.- El cónyuge promovente deberá acompañar a su solicitud de divorcio, una propuesta de convenio que deberá contener los siguientes requisitos: I.- La designación del progenitor que tendrá la guarda y custodia de los hijos; II.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento, en términos del artículo 404 del Código Civil del Estado de Guerrero. La obligación alimentaria se fijará en los términos del artículo 8 de la presente ley; III.- Designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, o en su caso el domicilio en que radican en caso de no existir éste; IV.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta su liquidación, así como la forma de liquidarla. Para ese efecto se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales y el proyecto de partición; V.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la indemnización a que se refiere el artículo 7º. Bis de la presente ley, salvo que se trate de bienes adquiridos a través de donaciones o herencias, éstos se sujetarán a las reglas propias previstas en el Código Civil del Estado. El Juez resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso; y VI.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos." "ARTICULO 29.- El Juez está obligado a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto." "ARTICULO 33.- En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto al convenio señalado en el artículo 28 de esta Ley, y éste, no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia. Caso contrario, el Juez en su sentencia que decrete el divorcio, dejará a salvo el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, aplicándose las disposiciones que establece el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el Procedimiento Incidental." "ARTICULO 48.- Tramitación del juicio. El divorcio incausado se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las excepciones previstas en el presente ordenamiento, con las siguientes modalidades: I.- En caso de allanamiento se declarará disuelto el vínculo matrimonial y aprobado el convenio respectivo; II.- En caso de falta de contestación a la solicitud se declarará disuelto el vínculo matrimonial. Asimismo, si el demandado no diera contestación a la demanda y no acude a la Audiencia Previa y de Conciliación, se le tendrá por conforme con las prestaciones establecidas en el Convenio por la parte actora, debiendo el juzgador resolver en la misma sentencia que decrete la disolución del vínculo matrimonial de manera definitiva los alimentos y la guarda y custodia, quedando a salvo la disolución de la sociedad conyugal, misma que se resolverá en la vía incidental. La sentencia que decrete los alimentos y guarda y custodia definitivos será apelable en relación a estas acciones. III.- El juzgador podrá exigir la identificación de las partes cuando lo considere necesario; IV.- Si el cónyuge fuese omiso al pronunciamiento sobre la conformidad o inconformidad del convenio propuesto o no presentara contrapropuesta, habrá lugar a prevención por el juzgador; V.- No habrá lugar a la apertura de término probatorio, toda vez que las probanzas serán acompañadas en la propuesta y contrapropuesta del convenio; VI.- El juzgador en su sentencia dejará a salvo el derecho de los cónyuges para que hagan valer en la vía incidental los puntos del convenio en desacuerdo; y VII.- La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio del divorcio, sin que puedan continuarlo los herederos." (Énfasis añadido) De lo transcrito se advierte que el divorcio incausado podrá solicitarse unilateralmente por cualquier cónyuge ante el juez que resulte competente, con la manifestación de su voluntad de no querer continuar con el matrimonio a la que deberá anexar una propuesta de convenio que contenga los requisitos que se enumeran en el artículo 28 citado. Quedando de manifiesto la importancia que conlleva el convenio para la procedencia de la solicitud en virtud de que con él será posible determinar la situación en que quedaran las cosas como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial. Habría que decir también que de la normativa aplicable se observa que el demandado tiene dos momentos para pronunciarse respecto del convenio propuesto por la parte actora: 1) al momento de contestar la demanda, y 2) en la audiencia previa y de conciliación; y de ser omisa sobre la conformidad o inconformidad del convenio propuesto o no presentara contrapropuesta, habrá lugar a prevención por el juzgador. Ello con el apercibimiento de que cuando el demandado no conteste la demanda y además no acuda a la Audiencia Previa y de Conciliación, se le tendrá por conforme con las prestaciones establecidas en el convenio de la parte actora. Por lo que de la interpretación de los preceptos transcritos puede decirse que el silencio de la parte demandada, o bien, la falta de inconformidad expresa trae como consecuencia la aceptación del convenio propuesto por el cónyuge actor. De manera que en caso de que los conyugues estén de acuerdo respecto al convenio, y éste, no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia. Y en caso contrario, es decir, de existir inconformidad expresa por las partes, el Juez en su sentencia que decrete el divorcio, dejará a salvo el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, aplicándose las disposiciones que establece el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el Procedimiento Incidental. Avanzando en nuestro razonamientos, en el caso concreto la impetrante argumenta que el juez responsable indebidamente dejó de considerar su contrapropuesta al convenio presentado por el actor en el juicio natural; sin embargo no le asiste la razón en virtud de que de los antecedentes relatados en el apartado correspondiente y de las constancias que integran los autos se advierte que aunque la ahora quejosa haya presentado un escrito el siete de marzo de dos mil dieciocho, en el que: 1. compareció a interponer un incidente de nulidad de la notificación y emplazamiento al juicio de origen, 2. ad cautelam dio contestación a la demanda, y 3. además hizo una contrapropuesta al convenio que el actor presentó. El citado escrito fue admitido y tramitado como incidente y al momento de resolver el mismo, se declaró improcedente a través de la interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en contra de la cual no se advierte que se hubiere interpuesto ningún medio de defensa, por lo que la misma quedó firme. En consecuencia la responsable tuvo por debidamente efectuado el emplazamiento a la demandada (aquí quejosa); y dado de que en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho se tuvo por perdido el derecho de la misma para contestar la demanda, es que su escrito en el que ad cautelam contestó la demanda y presentó contrapropuesta de convenio, presentado con posterioridad -el siete de marzo de dos mil dieciocho-, no fue tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial, pues dicho escrito fue presentado de manera extemporánea y por consiguiente no formó parte de la litis. Sirve como apoyo y por analogía la tesis: I.5o.C.27 C, de la Novena Época, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II, Noviembre de 1995, página: 527, con número de registro 203770, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA, SOLO PUEDEN SER TOMADOS EN CUENTA COMO PRUEBAS AUNQUE NO SE OFREZCAN, CUANDO SE HAYA TENIDO POR CONTESTADA EN TIEMPO. De acuerdo con los artículos 95 y 96, en relación con lo dispuesto por el 296, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los documentos que se acompañan a la demanda o al escrito de contestación, deben ser tomados en cuenta por el juzgador aun cuando no se ofrezcan expresamente en el período de ofrecimiento de pruebas, ya que por disposición de la ley los litigantes deben acompañar a sus respectivos escritos de demanda y de contestación, los documentos en los que funden su derecho; por tanto, el hecho de que la demanda sea admitida a trámite o que se tenga por contestada aquélla, implica la admisión de las pruebas documentales que las partes acompañen a los escritos con los que se integra la litis contestatio. Consecuentemente, si en la especie, el juez tuvo por no contestada la demanda formulada por los demandados en virtud de haber resultado extemporáneo el escrito relativo, es obvio que tampoco se admitieron como pruebas los documentos que se anexaron al citado escrito, de conformidad con el principio lógico-jurídico de que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal y, por ende, era necesario que los demandados ofrecieran expresamente los documentos aludidos en el período respectivo, lo que no hicieron, y por lo tanto, se encuentra apegado a derecho que la Sala responsable haya considerado que esos documentos no surtían efecto legal alguno. Sin embargo en el mismo proveído de diecinueve de febrero del año pasado, el juez responsable al momento de señalar fecha para que tuviera verificativo la audiencia previa y de conciliación, previno a la demandada para que en la misma presentara su contrapropuesta de convenio, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendría por conforme con el presentado por el accionante, cumpliendo así con lo dispuesto por los dispositivos legales transcritos anteriormente. Es así que la quejosa aún tenía la oportunidad de presentar su contrapropuesta de convenio al momento de acudir a la audiencia previa y de conciliación, la que finalmente tuvo verificativo el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, sin embargo cuando se le concedió el uso de la palabra, ésta manifestó en voz de su abogado patrono lo siguiente: ".que en este acto, ratifico en todas y cada una de sus partes mi escrito de contestación de demanda de fecha seis de marzo del año en curso, así como su respectiva contrapropuesta de convenio, la cual pido sea aprobada en sentencia definitiva, reconociendo como mía la firma que aparece en el escrito mencionado." No obstante, como se señaló antes, el escrito de contestación de demanda al que se refiere no formaba parte de la litis en el juicio de origen, por lo que lo manifestado en él no podía tomarse en consideración por la autoridad responsable, sin que resulte óbice el hecho de que la misma autoridad tuvo por ratificado dicho escrito pues no debe soslayarse que el mismo no fue presentado en tiempo y forma; además la demandada tuvo a su alcance e hizo valer los medios pertinentes en contra del emplazamiento a juicio y estaba en conocimiento de que su escrito fue declarado infundado, sin que lo hubiera controvertido. Aun así tuvo la oportunidad de acudir a la audiencia previa y de conciliación y estuvo en aptitud plena de inconformarse con lo propuesto por el actor, sin embargo no lo hizo y se limitó a ratificar un escrito de cuyo contenido el juez responsable estaba imposibilitado para imponerse y tomar en consideración para el dictado de la sentencia. Es por ello que como la demandada (ahora quejosa) no contestó la demanda, y previo requerimiento, acudió a la audiencia previa y de conciliación pero no manifestó expresamente ninguna inconformidad con el convenio presentado por el actor, se le tuvo por conforme con el mismo y en este sentido es que la autoridad responsable lo aprobó de plano decretando el divorcio, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Divorcio del Estado. En tal virtud, debe considerarse que lo resuelto por la autoridad responsable fue atendiendo al marco legal y constitucional aplicable al caso, y al resultar infundado el concepto de violación examinado, se impone negar la protección constitucional que solicitó Reyna Vinalay Valadez. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se, RESUELVE ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Reyna Vinalay Valadez, respecto del acto y autoridad descritos en el tercero considerando del presente fallo, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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