Reyna Vargas Hernández

Expediente 1636/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1636/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Reyna Vargas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. ACUSE. Se tiene a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio mediante el cual se remitió el juicio de amparo *** y el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***. De igual modo, informa que se admitió a trámite el recurso de referencia, quedando registrado bajo el número 35/2023...VIII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ***, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, los autos originales del expediente laboral 1011/2017; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, pues basta con la constancia que acredite su entrega. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintidós. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Vistos los autos; se advierte que, en la constancia de notificación a los quejosos ***, de la sentencia de veintisiete de julio, terminada de engrosar el veintiséis de octubre, ambas del año en curso, realizada el tres de noviembre siguiente, asentaron de su puño y letra: interpongo recurso de revisión. Ahora bien, en el caso se destaca que los quejosos se encuentran privados de su libertad, en el Centro de Readaptación Social de Pachuca de Soto, Hidalgo. Por lo anterior, esta juzgadora estima necesario dar vista a sus defensores públicos que los asesoran dentro del presente juicio, pues como se advierte, aunque los quejosos se manifiestan inconformes con la sentencia dictada en el presente asunto, estos no hicieron valer los agravios que aseguran les causa la sentencia impugnada. En consecuencia, requiérase a sus defensores, a fin de que en el término de tres días comparezcan para continuar la tramitación y substanciación del citado recurso. Apercibidos que, de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización, en términos de lo establecido por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Hasta en tanto los defensores hagan valer los agravios que les causan perjuicio a dichos quejosos, se suspende el término para impugnar la determinación que se cita...M-II

  4. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintidós. REMITE CONSTANCIAS. Agréguese el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al Presidente de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, remitiendo los autos originales del expediente laboral 1011/2017. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del contenido del oficio de cuenta se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable una causa de improcedencia, cuya demostración no puede desvirtuarse con ningún medio de prueba. Se estima procedente decretar el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...) Ahora bien, para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; b. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; c. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, d. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, consultable en la página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se actualiza tal causal de improcedencia, pues la quejosa reclamó la omisión a dictar el auto admisorio de pruebas; sin embargo, de los autos originales del expediente laboral 1011/2017, se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintidós se dictó el mismo, y lo notificó a las partes el veinticinco de octubre pasado. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, ya que la autoridad responsable abandonó su conducta omisiva. Ello es así, ya que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, que se programó a las nueve horas con un minuto del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, cuyo contenido literal es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial....M-I

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