Reyna Soto Rodriguez

Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1034/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Reyna Soto Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: Presidente y Tercer Arbitro, así como la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó en su escrito de demanda presentado el once de agosto de dos mil veintidós, la omisión de dictar el acuerdo correspondiente respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, así como la notificación de dicho acuerdo en el expediente ****. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el diez de agosto del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes, señalando diversas fechas para el desahogo de las probanzas que fueron admitidas, lo cual fue notificado a la parte quejosa el veinte de los actuales, a través del apoderado legal. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al once de agosto de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había notificado el acuerdo de diez de agosto del año en curso, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el veinte de los actuales, notificó el acuerdo de diez de agosto del año en curso, a la parte quejosa, a través de su apoderado legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo de diez de agosto del año en curso, respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen y darlo a conocer a la parte quejosa, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: Presidente y Tercer Arbitro, así como la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó en su escrito de demanda presentado el once de agosto de dos mil veintidós, la omisión de dictar el acuerdo correspondiente respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, así como la notificación de dicho acuerdo en el expediente ****. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el diez de agosto del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes, señalando diversas fechas para el desahogo de las probanzas que fueron admitidas, lo cual fue notificado a la parte quejosa el veinte de los actuales, a través del apoderado legal. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al once de agosto de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había notificado el acuerdo de diez de agosto del año en curso, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el veinte de los actuales, notificó el acuerdo de diez de agosto del año en curso, a la parte quejosa, a través de su apoderado legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo de diez de agosto del año en curso, respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen y darlo a conocer a la parte quejosa, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Secretaria General, con domicilio en esta ciudad, en el que ACEPTA el acto reclamado. Vista Con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que a la parte quejosa en caso de considerarlo necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con las constancias de cuenta. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Domicilio y Delegados En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Autorización de medios electrónicos Como lo solicita, se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, mediante reproducción de "imágenes digitalizadas"; en el entendido, que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal y bajo su más estricta responsabilidad el uso y destino del material digitalizado. Autoridad cumple requerimiento Asimismo, se le tiene dando cumplimiento al diverso requerimiento formulado en autos, en virtud de que informa de la inexistencia de diverso juicio de amparo relacionado con este expediente, lo que se tiene por comunicado para todos los efectos legales conducentes. Se requieren constancias. Por otra parte, toda vez que se considera que la documental allegada por la autoridad responsable es insuficiente para resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que, dentro del término, de veinticuatro horas, siguiente a la notificación de este proveído, se sirva remitir copia certificada, debidamente cotejada y legible de las constancias de notificación practicada a las partes respecto del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ******; con el apercibimiento para el caso de no dar cumplimiento a lo solicitado o en su caso de informar el impedimento legal que para ello tenga, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional Para dar margen a lo anterior, y el presente asunto se encuentre debidamente integrado, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el veinte de los actuales y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el presente juicio de amparo y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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