Reyna Serrano Medina
Expediente 437/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Reyna Serrano Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de once de mayo del año en curso, por el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE MAYODE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***************** por su propio derecho, contra actos de la Agencia I de Santiago de Querétaro, Querétaro y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 437/2022-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I y II del invocado numeral, en relación con el artículo 108 -fracción II y III- de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El primero de los preceptos establece como requisito de la demanda de amparo que, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, el promovente señaló: "Por la naturaleza del presente asunto se manifiestan que no existe y no se actualiza esta figura"; sin embargo, no lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirlo para que subsane tal omisión. Así mismo, en cuanto al segundo de los preceptos mencionados, establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5 -fracción II- de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló en el capítulo respectivo como autoridades responsables, a las que denominó como: Autoridad ordenadora y ejecutora: Agencia I, Santiago de Querétaro, Querétaro. Agencia III-A, Santiago de Querétaro, Querétaro. Agencia III-B, Santiago de Querétaro, Querétaro. Agencia III-C y Coordinación de las Agencias III, Santiago de Querétaro, Querétaro. Agencia IV, Santiago de Querétaro, Querétaro. Agencia VI, Querétaro. Agencia VII, Santiago de Querétaro, Querétaro. Agencia IX-A y Coordinación de las Agencias VII y IX, Querétaro. Agencia IX-B, Querétaro, Querétaro. Agencia IX-C, Querétaro, Querétaro. Agencia IX-D, Querétaro. Agencia XI, Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro. Agencia XII-A, Querétaro. Agencia XII-B y Coordinación de las Agencias VI, XI y XII, Querétaro, Querétaro. Agencia XIII, Querétaro, Querétaro. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Querétaro, Querétaro. Como se advierte de lo anterior, la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí, se advierte que de los antecedents narrados en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial de esta autoridad ante quien se promueve la demanda de amparo, resulta inconcuso que, aun cuando el quejoso no realiza el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en esta ciudad, esto no implica que este juzgador carezca de competencia para conocer del asunto; por lo tanto, resulta procedente prevenir a la quejosa, para que dentro del mismo término señalado con antelación, aclare su demanda y manifieste bajo protesta de decir verdad; si existen o no autoridades ejecutoras del acto reclamado radicadas en el domicilio competencia de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es que, el domicilio de la quejosa no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirla para que subsane tal omisión. Ante la irregularidad advertida, lo procedente conforme el artículo 108 -fracción II-, en relación con el diverso 114 -fracción II- ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento del tercero interesado, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Precise si existen o no autoridades ejecutoras del acto reclamado radicadas en el domicilio competencia de este Juzgado de Distrito. Datos y antecedentes que resultan indispensables para proveer el presente juicio; por lo que, es necesario que el quejoso subsane tal omisión manifestándolo así bajo protesta de decir verdad. Conclusivamente, ante la irregularidad advertida lo procedente, conforme a los artículos 108, fracción V y 114 fracción II, ambos de la ley de la materia, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, lo solicitado en el inciso 1) y 2) de la presente determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; así mismo, se le tiene como autorizado en términos restringidos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito por así solicitarlo el quejoso. Así mismo, téngasele en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, proponiendo como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico que indica, para en caso de ser necesario entablar contacto inmediato en relación al presente asunto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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