Reyna Selene Alcudia García
Expediente 708/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Reyna Selene Alcudia García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Juicio 708/2020-IX-2 veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se procede al análisis respectivo. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Reyna Selena Alcudia García, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el párrafo inmediato anterior, para los efectos que en seguida se sintetizan: "... para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el trámite que establecen los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo en la contienda laboral 633/2016; con la finalidad de materializar el noble espíritu de la justicia pronta, completa e imparcial, restituyendo así a la quejosa en el goce de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional;" Firmeza de la Sentencia La resolución constitucional que se analiza, causó ejecutoria el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por lo que se le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Acto de la Autoridad en relación con el Cumplimiento En cumplimiento a la ejecutoria en comento y previos requerimientos, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 633/2016 de su índice; la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Vista con el Cumplimiento. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Análisis Evaluativo Así, del análisis de las constancias remitidas por la responsable y que obran glosadas a los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 633/2016 de su índice. Las razones expuestas, conllevan a este juzgador declarar que la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Publicación de datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, remite copia certificada del laudo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la contienda laboral 633/2016 de su índice, por el que aduce dar cumplimiento al fallo protector. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo así, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector.
- Principal
JUICIO 708/2020-IX-bb ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin que a la fecha haya remitido constancia alguna de la cual se advierta su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles, siguientes a la notificación de la presente determinación, remita copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral 633/2016 de su estadística, o en su caso, manifieste la imposibilidad jurídica que tengan para ello. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior, dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, SE LE IMPONDRÁ una medida de apremio consistente en MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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