Reyna Sánchez Mujica

Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
440/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Reyna Sánchez Mujica
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibida la razón suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado federal, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 6404/2021, 6405/2021, 6406/2021, 6407/2021 y 6408/2021, dirigidos respectivamente a la Directora General; Ma. del Socorro López Nava, en su carácter de Subdirectora de Administración y Finanzas y Jefe de Recursos Humanos, todos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, Organismo Público Descentralizado; Director General y Jefe de Recursos Humanos, ambos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, Plantel Uno Acapulco, que contienen inserto la sentencia emitida el doce de abril del año en curso, por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, tomando en consideración que dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera Acapulco - México, kilómetro 394, Las Cruces, código postal 39770, (CONALEP), en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación de las comunicaciones oficiales en mención, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 440/2020 promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Director General del Colegio de Educación Profesional del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Tramitación del juicio. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el uno de septiembre de dos mil veinte, remitido el mismo día por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Reyna Sánchez Mujica, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y respecto de las autoridades que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Directora General del Colegio de Educación Profesional del Estado de Guerrero, sede en la ciudad de Chilpancingo. 2. Subcoordinador de Finanzas y Recursos Humanos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo. 3. Jefe de Recursos Humanos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo. 4. Director General del Colegios de Educación Profesional Técnica del Plantel Acapulco, en esta ciudad. 5. Jefe de Recursos Humanos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Plantel Acapulco, en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "Se reclaman de las autoridades responsables el silencio administrativo y la omisión de dar respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el día 30 (treinta) de agosto de 2019, Lo anterior por violar mis derechos humanos consagrados en el artículo 1, y el derecho de petición en el artículo 8, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Trámite del Juicio. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda promovida por Reyna Sánchez Mujica, la cual quedó registrada con el número 440/2020; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, TERCERO. Ampliación de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la quejosa Reyna Sánchez Mujica, amplió su demanda de amparo, señalando como acto reclamado el oficio DG-SFA- 332-19; por lo cual la responsable Subcoordinadora de Finanzas y Recursos Humanos del Colegio de Educación Profesional Tecnológica, le dio contestación a su escrito petitorio; por que mediante auto de esa misma fecha, se tuvo ampliada la demanda, se solicitó informe justificado a la responsable, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad que tiene su residencia dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del análisis al escrito de demanda y su ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La abstención de dar contestación a la petición formulada, a través de escrito de treinta de agosto de dos mil diecinueve, a través de los cuales la ahora quejoso solicitó el pago de su finiquito por los años laborados dentro del sistema CONALEP, referente a las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio. b) El oficio DG-SFA-332-19, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual, en respuesta al escrito petitorio de treinta de agosto de ese año, se hace del conocimiento de la ahora quejosa que el trámite del pago de las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio, debe realizarse ante la Unidad administrativa de su adscrito, y enlista los requisitos a cumplir. CUARTO Certeza del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Son ciertos los actos reclamados a la Directora General, Subdirectora de Administración y Finanzas; Jefa de Recursos Humanos, y Subdirectora de Administración y Finanzas, todos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, Organismo Público descentralizado, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, dado que al rendir su informe justificado, así lo reconocieron, máxime que dicha certeza, se corrobora de las constancias que anexaron; documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Ilustra lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". En ese tenor, no obstante que en autos no obra el informe justificado del Director General y Jefe de Recursos Humanos, ambos del plantel Acapulco del Colegio de Educación Profesional Técnica, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se le imputa, dado que así se desprende de las constancias que obran en autos. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 1995, tomo VI, página 553) En tal tenor, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, el suscrito estima, que respecto del acto reclamado, marcado con el inciso a), se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del 2 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, en virtud que la quejosa reclama la abstención de dar contestación a la petición formulada, a través de escrito presentado el treinta de dos mil diecinueve, en lo que solicita que solicitó el pago de su finiquito por los años laborados dentro del sistema CONALEP, referente a las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio. En ese contexto, ubicados en el particular resulta, que la responsable Subdirectora de Administración y Finanzas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, en atención a la petición efectuada, mediante oficio DGSFA- 332-19, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, hace del conocimiento de la ahora quejosa que el trámite del pago de las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio, debe realizarse ante la Unidad administrativa de su adscrito, y enlista los requisitos a cumplir; de lo que se colige que han cesado los efectos de la omisión reclamada, al darle contestación a la petición efectuada. Sin que pase inadvertido, que en autos no se desprende que dicho oficio hubiese sido notificado a la ahora quejosa, por las responsables, en virtud que como se advierte del presente sumario, la impetrante del amparo tiene pleno conocimiento, además de que ataca el mismo en su escrito de ampliación de demanda. Resulta aplicable en lo conducente la tesis pronunciada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia(s): Común, Página: 1665) En estas circunstancias, respecto del acto omisivo reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por otra parte, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en el oficio DGSFA- 332-19, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual, en respuesta al escrito petitorio de treinta de agosto de ese año, se hace del conocimiento de la ahora quejosa que el trámite del pago de las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio, debe realizarse ante la Unidad administrativa de su adscrito, y se enlistan los requisitos a cumplir, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II todos de la Ley de Amparo Vigente, los cuales disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De acuerdo a los preceptos transcritos por "autoridad" se debe entender aquella que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama, por tanto, interpretados a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaiga tales características. El concepto referido en el párrafo anterior ha sido ampliamente estudiado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que por autoridad responsable también debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifique no extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Robustece a lo anterior la Tesis P.XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Dicho lo anterior, en el caso concreto, tenemos que que la quejosa mediante escrito presentado el treinta de dos mil diecinueve, en lo que solicita que solicitó el pago de su finiquito por los años laborados dentro del sistema CONALEP, referente a las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio. Por lo que la responsable Subdirectora de Administración y Finanzas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, en atención a la petición efectuada, mediante oficio DGSFA- 332-19, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, hace del conocimiento de la ahora quejosa que el trámite del pago de las prestaciones denominadas gratificación por jubilación y pago de prima por años de servicio, debe realizarse ante la Unidad administrativa de su adscrito, y enlista los requisitos a cumplir. De lo anterior se advierte que Subdirectora de Administración y Finanzas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, no actúa con el carácter de autoridad, por el contrario, se asemeja a un particular, ya que los actos derivan de una relación laboral entre las partes, al solicitar el pago de diversas prestaciones con motivo de los años prestados en la institución Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero. Además, debe señalarse qué tratándose de un derecho de petición, debe dirigirse al servidor público en su carácter de autoridad, conformidad con la contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 2001, Tomo XIII, página 126). En ese contexto, se tiene que la respuesta emitida, no se encuentra emitida por una autoridad para efectos del amparo, en virtud que derivan de un relación laboral entre la quejosa y la institución Colegio de Educación Profesional Técnica, pues la quejosa intenta combatir que no se le han pagado diversas prestaciones, lo cual surge de la relación laboral que tiene la quejosa en su calidad de funcionaria; de ahí la improcedencia del presente juicio de amparo. Resulta aplicable al respecto la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Laboral, página 1956, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo vigente, resulta imperativo decretar el sobreseimiento del juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la misma legislación. del Estado de Guerrero, Por lo expuesto y fundado en los artículos 35, 63, 73, 74, 217, y demás relativos de la Ley d Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio, pormovido por ***, contra los actos y autoridades precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    .... Acapulco de Juárez, Guerrero; once de marzo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante Circulares 8/2021, 9/2021, 10/2021 y 12/2021, de treinta de enero, seis, trece y veinte de febrero del año en curso, relativas a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 de febrero de 2021 al 1 de marzo de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid19", con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó adoptar medidas especiales a partir del periodo antes citado, suspendiendo los plazos y términos, con las salvedades estipuladas. Por ello, se determinó que las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresarían al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contemplan las medidas a tomar por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Sin embargo, el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/13/2021, relativa a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República 26/03/21 10:26:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.58 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. En ese tenor, se levanta la suspensión del procedimiento, y se fijan las DOCE HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, en la inteligencia que en este momento, se considera innecesario que la misma (audiencia) se practique mediante videoconferencia, pues si bien en los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020, 37/2020 y 1/2021), como regla general se determinó que durante el periodo de contingencia, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen por videoconferencia, lo cierto es que, en casos como en el particular, las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente; por ende, las partes podrán comparecer por escrito a la audiencia constitucional. Ello, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124, de la Ley de Amparo, ya que en este caso, se atenderá a las reglas previstas en diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos 26/03/21 10:26:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.58 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??????????????? de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve horas con quince minutos a las quince horas en la oficialía de partes común. Luego, los alegatos y cualquier otra promoción pueden ser recibidas vía electrónica mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación o al correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx; en el entendido que los escritos que se presenten de manera electrónica deben contar con la evidencia criptográfica, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. Finalmente, tomando en consideración que en proveído de quince de octubre de dos mil veinte, se tuvo a las autoridades responsables Directora General; Subdirectora de Administración y Finanzas y Jefe de Recursos Humanos, todos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, Organismo Público Descentralizado, residentes en Chilpancingo, Guerrero, rindiendo sus informes justificados, así como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera Acapulco - México, kilómetro 394, Las Cruces, código postal 39770, (CONALEP), en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero; por tanto, notifíquese el presente proveído a dichas autoridades responsables en el domicilio antes indicado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe...

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