Reyna Rosario Carrillo García

Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
485/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Reyna Rosario Carrillo García

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de veintiuno de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda relativa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente expediente, es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    A ocho de noviembre de dos mil veintiuno, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa *****, el acuerdo dictado (a) el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa ********* ratificó el escrito con número de folio 18706, presentado el trece de octubre del año en curso; por tanto, en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de treinta de junio de dos mil veintiuno y, al efecto, se tiene por hecha la aclaración en el sentido de que no es su intención reclamar la negativa de realizar el trámite para la expedición del pasaporte mexicano a su favor, pues respecto de dicho acto promovió juicio de nulidad. En virtud de lo anterior y atendiendo al análisis integral del escrito inicial de demanda y su aclaración, este órgano jurisdiccional estima que se actualizan en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIV y XVI de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda relativa, por las consideraciones siguientes. En principio, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XVI de la ley de la materia1, ya que los actos reclamados en este juicio se han consumado de modo irreparable. Para avalar la postura que antecede, en principio, es dable señalar que la interpretación armónica de los artículos 61 fracción XVI y 77 de la Ley de Amparo, lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio ordenamiento legal, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. Recapitulando, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado, el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente, toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral del escrito inicial de demanda y su aclaración, se advierte que la quejosa reclama, en esencia, la conducta desplegada por las autoridades responsables el cuatro de junio de dos mil veintiuno, cuando compareció a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para realizar el trámite de renovación de su pasaporte. Ello es así, debido a que en tales ocursos sostiene que los actos que atribuye a las autoridades responsables fueron realizados el cuatro de junio de dos mil veintiuno y consisten en lo siguiente: a) La negativa de identificarse durante el trámite de renovación de pasaporte. b) La orden de retirarla de las instalaciones de dicha dependencia con el auxilio de la fuerza pública y su ejecución; c) La omisión por parte del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como superior jerárquico, de supervisar que los servidores públicos cumplieran con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Luego, atendiendo a la naturaleza de los actos de referencia y sobre todo que en este juicio de amparo expresamente se indicó que no se reclama la negativa de llevar a cabo el trámite de renovación de pasaporte, se estima que -para efectos del presente asunto- los actos reclamados produjeron todos sus efectos el mismo día en que se ejecutaron, esto es, el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, porque la afectación derivada de la ejecución de tales conductas no podría repararse aun cuando se otorgará la protección constitucional, considerando que materialmente sería imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, ya que, por una parte, es físicamente imposible reintegrar a la quejosa la libertad de tránsito de la que afirma haber sido privada dentro de las instalaciones de la dependencia de referencia. Y, por otro lado, dado que las conductas desplegadas por los otros funcionarios que refiere, en los términos en que se reclaman en este juicio de amparo, deben considerarse de ejecución instantánea, pues la negativa de identificarse y la omisión de verificar que el personal a cargo del Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores cumpliera con las disposiciones legales correspondientes, se impugnan en el contexto del trámite realizado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, el cual ya concluyó y, además, es materia de un diverso medio de defensa. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que una eventual concesión de la protección constitucional carecería de efectos prácticos, toda vez que -opuesto a lo que aduce la quejosa- no podría ordenarse que se "reponga" el trámite de renovación de pasaporte hasta el momento en que se actualizó la primera violación que aduce, para el efecto de que la servidora pública señalada como responsable se identifique ante ella; sea atendida por el superior jerárquico o encargado de la dependencia; no se le desaloje de las instalaciones; y, se continúe con el trámite respectivo, puesto que -como se indicó- en este juicio de amparo no se reclama la negativa de llevar a cabo el trámite multimencionado. Apoya lo anterior, por las razones que la ilustran, la tesis XIV.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página quinientos noventa y uno, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198772, de contenido siguiente: "ACTO CONSUMADO. LO ES LA OMISIÓN DE CERTIFICAR SI UNA PERSONA SE ENCUENTRA PRESENTE EN UNA DILIGENCIA DE PRUEBA. El artículo 73, fracción IX, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, dispone que el amparo es improcedente contra los actos consumados de un modo irreparable. Ahora bien, debe estimarse que se ubica en tal hipótesis de improcedencia, el que la Junta responsable no acceda a certificar si una de las partes se encuentra presente en el recinto de dicha autoridad al desahogarse una prueba, pues aunque se otorgara el amparo solicitado, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada, dado que la certificación de la asistencia aludida, sólo puede verificarse en la fecha señalada para el desahogo de la prueba; esto es, una vez que las personas que concurrieron a la Junta se retiraron, no es posible hacer constar que "se encuentran presentes"; de ahí la imposibilidad de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 83/97. José Luis Caballero Benítez y otra. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo V. Monroy Gómez. Secretaria: Maricela Bustos Jiménez". Además, es necesario destacar que las circunstancias de que -en su caso- sea factible reparar los daños y perjuicios que tales actos pudieron ocasionar a la quejosa, o bien, que pueda actualizarse alguna falta administrativa por parte de los funcionarios que refiere la quejosa, haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen los derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial o administrativa de las autoridades señaladas como responsables. En el entendido de que esta determinación no prejuzga en cuanto a la legalidad de los actos o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en ellos, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que esos actos le pudieron ocasionar. En lo conducente, resulta ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos veintitrés, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 171537, de contenido siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete." En tales condiciones, al estar demostrado que los actos reclamados han producido todos sus efectos, sin que el mismo día en que se ejecutaron, esto es, el cuatro de junio de dos mil veintiuno y, por ende, la afectación derivada de tal ejecución no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional, es claro que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, también se actualiza el diverso motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, debido a que se trata de actos consentidos tácitamente, como a continuación se verá. El numeral invocado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, -como se indicó- la parte quejosa reclama los actos ejecutados el cuatro de junio de dos mil veintiuno, cuando acudió a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar el trámite de renovación de su pasaporte, por lo que, en el caso concreto, se actualiza la segunda hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia comprendió del siete al veinticinco de junio de dos mil veintiuno, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de junio, por haber sido sábados y domingos. Para mayor claridad, se propone la siguiente representación gráfica: Junio de 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 Fecha de conocimiento 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 14 Día 6 15 Día 7 16 Día 8 17 Día 9 18 Día 10 19 20 21 Día 11 22 Día 12 23 Día 13 24 Día 14 25 Día 15 26 27 28 29 30 Entonces, si el escrito inicial de demanda se depositó en el buzón judicial el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción que obra en la primera página de la demanda relativa, es inconcuso que la presentación resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto se surta algún supuesto de excepción a la regla establecida en el citado numeral 17 de la ley de la materia, ya que la parte quejosa no reclama: a) Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni, d) Un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por ende, al haberse presentado la demanda fuera del plazo de quince días aludido, debe concluirse que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en esta instancia constitucional, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualizan en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIV y XVI de la Ley de Amparo, como se anticipó, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal se desecha de plano la demanda relativa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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