Reyna Rodriguez Muñoz

Expediente 2080/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 142 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2080/2018
Año
2018
Actuaciones
142
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Reyna Rodriguez Muñoz
  • Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 142.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidenta, Síndico, Tesorera y Director de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, se tiene por comunicado para los efectos legales que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos por conducto de la Presidenta, Sindico, Tesorera, y Directora de Recursos Humanos todos del citado Municipio, para que dentro del término de CINCO DÍAS IMPRORROGABLES, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y realicen lo siguiente: a).- Paguen a la quejosa Reyna Rodríguez Muñoz por concepto de pensión por jubilación, desde septiembre de dos mil dieciocho a agosto de dos mil veintidós, la cantidad de $1,111,069.09 (UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.). Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores en lo individual a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a TRESCIENTAS Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Además, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje sus respectivos cargos. Haciéndoles de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 56/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 13, con número de registro: 2007915, que a la letra dice: CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Presidenta, Sindico, Tesorera y Directora de Recursos Humanos todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, informan que su petición relativa a la ampliación del presupuesto solicitada, correspondiente al expediente FAEC/011/2023, las misma fue desechada, de lo anterior se toman conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos por conducto de la Presidenta, Sindico, Tesorera, y Directora de Recursos Humanos todos del citado Municipio, para que dentro del término de CINCO DÍAS IMPRORROGABLES, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y realicen lo siguiente: a).- Paguen a la quejosa Reyna Rodríguez Muñoz por concepto de pensión por jubilación, desde septiembre de dos mil dieciocho a agosto de dos mil veintidós, la cantidad de $1,111,069.09 (UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.). Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores en lo individual a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a TRESCIENTAS Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Además, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje sus respectivos cargos. Haciéndoles de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 56/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 13, con número de registro: 2007915, que a la letra dice: CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, solicita se remita el escrito original con firma autógrafa del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables dentro del presente juicio de amparo. Atento a su contenido, como lo solicita la superioridad, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el original del escrito del recurso de que se trata, a fin de que provea lo conducente dentro del recurso de queja 277/2023, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que ya se cuenta con las constancias de notificación respectivas del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja hecho valer por las autoridades responsables; en ese sentido, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el original del oficio del recurso de que se trata y el informe sobre la materia de la queja. Luego, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de las copias certificadas, pues se cuenta con el cuaderno en el que se actúa. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, que permita al Tribunal, el acceso vía electrónico del expediente 2080/2018. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Presidenta, Síndico, Tesorera y Directora de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a través del cual en cumplimiento al proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, remiten copia del Comprobante Fiscal Digital por Internet, correspondiente a un pago realizado por la cantidad de cuatro mil pesos relativo a la pensión otorgada a la quejosa Reyna Rodríguez Muñoz, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos por conducto de la Presidenta, Sindico, Tesorera, y Directora de Recursos Humanos todos del citado Municipio, para que dentro del término de TRES DÍAS IMPRORROGABLES, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y realicen lo siguiente: a).- Paguen a la quejosa Reyna Rodríguez Muñoz por concepto de pensión por jubilación, desde septiembre de dos mil dieciocho a agosto de dos mil veintidós, la cantidad de $1,111,069.09 (UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.). De igual forma, en atención a las manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante y lo antes expuesto, en su oficio de cuenta, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta Municipal del citado Ayuntamiento, para que dentro del término de TRES DÍAS IMPRORROGABLES, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, informe si actualmente ha sido contestada su petición relativa a la ampliación del presupuesto solicitada, correspondiente al expediente ********************. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores en lo individual a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a TRESCIENTAS Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Además, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje sus respectivos cargos. Haciéndoles de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 56/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 13, con número de registro: 2007915, que a la letra dice: CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo. Notifíquese.

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