Reyna Reyes Rodriguez

Expediente 352/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
352/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Reyna Reyes Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de catorce de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2 se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Finalmente, mediante oficio con transcripción del presente proveído, devuélvanse a Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, un tomo de pruebas, consistente en el expediente laboral ********************, en un tomo; solicitando el acuse de recibo respectivo, pues se trata de constancias originales ...

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la promovente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***** EL ACUERDO DICTADO EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, por el que remite: Escrito original de demanda, con copia. Oficios 1833 y 1834 por duplicado. Acuerdos de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Constancias de emplazamiento. Expediente laboral *****, en un tomo. Ello, en virtud que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***** por derecho propio. Acúsese recibo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ***** por derecho propio, contra actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TOMO DE PRUEBAS Ahora bien, dado el volumen de las constancias recibidas, fórmese el cuaderno de pruebas correspondientes al tomo I. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 352/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con la disposición legal transcrita, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, siendo que sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en que también deberán ser alegadas todas las transgresiones sufridas por el gobernado en la respectiva etapa. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Con el objeto de precisar los motivos por los que se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene hacer referencia a los hechos narrados en la demanda, que constituyen los antecedentes del acto reclamado, derivados del expediente laboral *****, que son: 1.- El veintiocho de enero de dos mil veinte, el trabajador ***** presentó demanda contra la quejosa, con motivo de la rescisión de su relación laboral, de la que correspondió conocer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, radicándola bajo el expediente laboral número *****, por lo que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 2.- Seguido que fue el procedimiento laboral en sus etapas procesales, en la audiencia de diez de marzo de dos mil veinte, se celebró un convenio, en que el actor se desistió de la acción, y en contraprestación, la parte demandada se comprometió a pagar la cantidad $28,500.00 (veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en tres exhibiciones que deberían de ser el treinta y uno de marzo, veintitrés de abril y dieciocho de mayo, del año dos mil veinte, imponiéndose una pena moratoria para el caso de incumplimiento a razón de $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional) por cada día de retraso. De igual manera, en dicho convenio se plasmó, que el pago se podría realizar "mediante el depósito en sucursal bancaria BANBAJIO en la cuenta bancaria de la Junta siendo la siguiente: "SECRETARÍA DE GOBIERNO/JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE IRAPUATO con número ***** o transferencia electrónica mediante la clave interbancaria *****, debiendo de hacer referencia con el número del expediente completo, beneficiario y el concepto del depósito pues de lo contrario se tendrá por cumplido HASTA EN TANTO este tribunal verifique la realización del mismo y con la consecuencia moratoria que ello implica. A efecto de que se le tenga por cumplida con la obligación, se deberá acreditar a la Junta, dentro del horario de atención al usuario del tribunal (08:30 ocho horas con treinta minutos a las 14:00 catorce horas) la realización del depósito a más tardar el día pactado para su cumplimiento, pues de lo contrario se sujetará a la consecuencia moratoria que ello implica". 3.- El dos y veintitrés de abril, así como el dieciocho de mayo, todos de dos mil veinte, se realizaron los depósitos en pago del convenio, cada uno por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), a través de cheque y depósito. 4.- Posterior, el seis de agosto, el actor presentó escrito de solicitud de ejecución en contra de la aquí quejosa, para requerir el pago inmediato de todas y cada una de las prestaciones contenidas en el convenio, y de no realizar el pago inmediato, se embarguen bienes suficientes de su propiedad para garantizar el cumplimiento del pago. 5.- La autoridad responsable el diez de agosto de dos mil veinte, despachó la ejecución de convenio por la cantidad de $26,700.00 (veintiséis mil setecientos pesos 00/100), que comprenden la cantidad de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100), como diferencia de la suerte principal (tercer pago) y la cantidad de $17,200.00 (diecisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N), por concepto de dos días de mora generadas en el pago tardío del primer convenio y ochenta y cuatro días de mora incurridas en la falta de pago del tercer convenio y hasta la fecha, a razón de $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional). 6.- El diez de septiembre siguiente, en vía de ejecución, se realizó la diligencia de embargo, para garantizar el cumplimiento del aludido pago. 7.- Contra de esa determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de revisión contra dichos actos de ejecución, y el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se emitió resolución en la cual se decretó la improcedencia del recurso. 8.- El ocho de febrero de dos mil veintiuno, el actor solicitó el cambio de depositario de los bienes embargados, a su nombre y domicilio, y pidió solicitar a la patronal para que hiciera entrega voluntaria de dichos bienes y, en caso de no hacerlo, se autorizara el uso de la fuerza pública a fin de lograr dicho cambio de depositario; igualmente solicitó la ampliación del embargo. 9- El cinco de marzo de dos mil veintiuno, luego de una prevención al actor, la junta responsable emitió acuerdo en el que requirió a la depositaria de los bienes embargados (*****), la entrega voluntaria de éstos al nuevo depositario, que es el actor en el juicio laboral. Con relación a su segunda petición, se dijo que no se accedería, hasta en tanto se contara con avalúo de los bienes embargados a la actora. Resolución que constituye el acto reclamado. Sobre esa base, se considera que se actualiza la causa invocada, en virtud de que la solicitante del amparo fue llamada a juicio como demandada, por lo que es parte formal y material en el juicio de origen, y el acto fue dictado en la etapa de ejecución. En este orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, que se traduce en aquella resolución que, en su caso, apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo que en el caso no acontece, puesto que a través del acto reclamado, la junta responsable ordenó requerir a la depositaria de los bienes embargados, la entrega voluntaria de éstos al nuevo depositario, que es la parte actora en el juicio laboral de origen; de ahí que no se trata de la determinación definitiva dentro de la etapa de ejecución del laudo, pues no declaró el cumplimiento de éste o la imposibilidad para ello, ni su archivo definitivo. Por tanto, al no ser la resolución que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo acordado por las partes en un pacto volitivo elevado a categoría de cosa juzgada o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, sólo resulta ser un acto intermedio en ese procedimiento y, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, deben estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. En diverso aspecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, si bien el acto reclamado puede causar alguna afectación a los derechos sustantivos de la promovente, dicha circunstancia no hace procedente la presente instancia constitucional, en tanto que aquél versa sobre cuestiones propias de lo resuelto en el laudo dictado en su contra, pues tiene como objetivo garantizar las cantidades a que se le condenó pagar al accionante en ese asunto; el cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En efecto, el acto reclamado no es el último en la fase ejecución, sino que resulta ser uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá, en su caso, contra la última resolución que ahí se dicte; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Por tanto, respecto del acto en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN A LA PROMOVENTE Ahora, de la demanda de mérito se advierte que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***** en Guanajuato, Guanajuato Sin embargo, de los autos del juicio natural, se advierte que la aquí promovente señaló como domicilio procesal, el ubicado en *****, de esta ciudad. En esas condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio indicado en segundo término y notifique a la promovente el presente proveído, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. En la inteligencia de que al tratarse del domicilio procesal, en su caso (de no encontrar a nadie en el domicilio), podrá notificar mediante aviso que deje fijo en la puerta del domicilio; y, en el supuesto de que sea atendido por persona alguna, y ésta se negare a recibir la notificación respectiva, deberá actuar acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso a), parte final, de la Ley de Amparo; esto es, asentará la negativa en autos y la notificación se tendrá por hecha. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte promovente a que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DELJUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28, del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. (.) Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De conformidad con lo previsto en el numeral 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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