Reyna Peña Alcantara
Expediente 572/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/10/2016
Partes del expediente
- Reyna Peña Alcantara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Titular del Juzgado Mixto de Cuantía Menor de Lerma de Villada, Estado de México, por el cual acusa recibo del exhorto 443/2016-VII. Ahora, los datos mencionados en el oficio de referencia, evidencian que no corresponden a este órgano jurisdiccional; por tanto, glósese al presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de julio de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
III. Se hace efectivo el aperbimiento hecho a la parte quejosa en consecuencia se le notificar por medio de lista el auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis que es del tenor siguiente: "Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega para que obre como corresponda el escrito signado por Filiberto Bastida Contreras, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo, pues no es procedente acordar de conformidad la ampliación de demanda pretendida. Al respecto, se estima pertinente precisar que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente para quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, y para el caso de que este sea transgredido por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa violación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés que debe recaer en el promovente del amparo que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. Dicha facultad no es posible extenderla a los autorizados del quejoso, porque los derechos y obligaciones que conlleva su autorización, fueron concedidos para atender aspectos procesales del juicio de amparo, facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio biinstancial o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Así las cosas y de conformidad con las razones antes expuestas, la ampliación de demanda que pretende el autorizado del quejoso en el escrito de cuenta, resulta improcedente. Al caso cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2011, Tomo XXXIII, Novena Época, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Finalmente, la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las diez horas con cincuenta y cinco minutos; tal y como se precisó en auto de veintitrés de junio pasado (fojas 12 y 13); sin embargo, el veinte de los actuales (foja 34), se tuvo por emplazada a la tercera interesada Master Loyalty Group Sociedad Anónima de Capital Variable , pues dicha notificación surtió efectos el veintiuno siguiente y comenzó a computarse en esta data; en consecuencia, el plazo de ocho días referido en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que éste se imponga de los autos, aún no fenece. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración se señalan las once horas con cinco minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis."
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el quince de junio de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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