Reyna Ortiz Arriaga
Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Reyna Ortiz Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón suscrita por la actuaria adscrita, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercero interesada ********************, la determinación emitida el cuatro de noviembre de dos mil veintidós; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la fedataria judicial; en consecuencia, se ordena notificar al tercero interesado en cita dicha determinación, así como el presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO PABLO CASTRO FONSECA, POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: VISTO, para resolver el juicio de amparo 792/2022, promovido por Reyna Ortiz Arriaga contra actos de la Jueza de Paz Municipal de Ayala, Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, Reyna Ortiz Arriaga, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza de Paz Municipal de Ayala, Morelos "La orden de emplazamiento y/o embargo en el bien inmueble propiedad de la suscrita REYNA ORTIZ ARRIAGA ubicado en Avenida José López Portillo, número 83, de la colonia Apatlaco, de Ayala, Morelos, dictada en el expediente 01/2021, con motivo del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de mi hijo ÁNGEL RUIZ ORTIZ, quien no vive en mi domicilio". Secretario de Acuerdos en funciones de actuario del Juzgado de Paz Municipal de Ayala, Morelos SEGUNDO. El trece de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos radicó el asunto con el número de expediente 473/2021, y previa aclaración de demanda, mediante acuerdo de cuatro de junio del año en curso, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos se declaró incompetente por conocimiento previo y remitió los autos originales de ese expediente a este juzgado de distrito, a efecto de que se pronuncie por cuanto a la competencia declinada. En virtud de lo anterior, por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número 792/2022, aceptó la competencia declinada, ordenó continuar con la sustanciación de ese juicio de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La ejecución de la orden de emplazamiento y/o embargo del bien inmueble de su propiedad, con motivo del juicio ejecutivo mercantil 1/2021, instaurado en contra de su hijo Ángel Ruiz Ortiz. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con base en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1/2021, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De la transcripción anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto. A criterio del suscrito aparece la causal de improcedencia invocada, toda vez que, contrario a lo sustentado por la quejosa en su escrito inicial, lo cierto es que ya tenía conocimiento de los actos que pretende reclamar en este juicio. En efecto, se tiene a la vista el juicio de amparo 311/2021, del índice de este juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del cual se desprende que la parte quejosa reclamó los mismos actos en contra de las mismas autoridades responsables y derivado del mismo juicio ejecutivo mercantil 1/2021. Dicha demanda fue remitida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el seis de abril de dos mil veintiuno, y recibida en este juzgado el siete siguiente. Sin embargo, en la demanda de ese expediente, la quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, este juzgador desechó la demanda de referencia, debido a que no fue firmada electrónicamente por la parte quejosa, sino por Waldo Aguayo García, persona a la que se señaló en ese escrito de demanda como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura al escrito de demanda materia de este juicio, se desprende que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el tres de mayo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de los actos reclamados. No obstante, tal afirmación es falsa pues existe una demanda anterior en la cual la promovente afirmó que tuvo conocimiento de tales actos en una fecha anterior, es decir, el diez de marzo de dos mil veintiuno, de manera que no puede ostentarse como sabedora de los actos que pretende reclamar en una fecha posterior, para hacer procedente una demanda que se presentó fuera del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Si se toma en consideración que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que pretende reclamar el diez de marzo de dos mil veintiuno, el plazo de quince días que establece la Ley de Amparo, transcurrió del once de marzo al cinco de abril de dos mil veintidós, descontándose los días trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de marzo; tres y cuatro de abril del año en curso, por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda que originó al presente expediente se presentó en los buzones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, hasta el once de mayo de dos mil veintiuno, puede afirmarse que su presentación se realizó fuera del plazo previsto para tal efecto. De este modo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Reyna Ortiz Arriaga. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Reyna Ortiz Arriaga, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy cuatro de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 792/2022, promovido por Reyna Ortiz Arriaga contra actos de la Jueza de Paz Municipal de Ayala, Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, Reyna Ortiz Arriaga, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza de Paz Municipal de Ayala, Morelos "La orden de emplazamiento y/o embargo en el bien inmueble propiedad de la suscrita REYNA ORTIZ ARRIAGA ubicado en Avenida José López Portillo, número 83, de la colonia Apatlaco, de Ayala, Morelos, dictada en el expediente 01/2021, con motivo del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de mi hijo ÁNGEL RUIZ ORTIZ, quien no vive en mi domicilio". Secretario de Acuerdos en funciones de actuario del Juzgado de Paz Municipal de Ayala, Morelos SEGUNDO. El trece de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos radicó el asunto con el número de expediente 473/2021, y previa aclaración de demanda, mediante acuerdo de cuatro de junio del año en curso, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos se declaró incompetente por conocimiento previo y remitió los autos originales de ese expediente a este juzgado de distrito, a efecto de que se pronuncie por cuanto a la competencia declinada. En virtud de lo anterior, por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número 792/2022, aceptó la competencia declinada, ordenó continuar con la sustanciación de ese juicio de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La ejecución de la orden de emplazamiento y/o embargo del bien inmueble de su propiedad, con motivo del juicio ejecutivo mercantil 1/2021, instaurado en contra de su hijo Ángel Ruiz Ortiz. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con base en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1/2021, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De la transcripción anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto. A criterio del suscrito aparece la causal de improcedencia invocada, toda vez que, contrario a lo sustentado por la quejosa en su escrito inicial, lo cierto es que ya tenía conocimiento de los actos que pretende reclamar en este juicio. En efecto, se tiene a la vista el juicio de amparo 311/2021, del índice de este juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del cual se desprende que la parte quejosa reclamó los mismos actos en contra de las mismas autoridades responsables y derivado del mismo juicio ejecutivo mercantil 1/2021. Dicha demanda fue remitida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el seis de abril de dos mil veintiuno, y recibida en este juzgado el siete siguiente. Sin embargo, en la demanda de ese expediente, la quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, este juzgador desechó la demanda de referencia, debido a que no fue firmada electrónicamente por la parte quejosa, sino por Waldo Aguayo García, persona a la que se señaló en ese escrito de demanda como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura al escrito de demanda materia de este juicio, se desprende que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el tres de mayo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de los actos reclamados. No obstante, tal afirmación es falsa pues existe una demanda anterior en la cual la promovente afirmó que tuvo conocimiento de tales actos en una fecha anterior, es decir, el diez de marzo de dos mil veintiuno, de manera que no puede ostentarse como sabedora de los actos que pretende reclamar en una fecha posterior, para hacer procedente una demanda que se presentó fuera del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Si se toma en consideración que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que pretende reclamar el diez de marzo de dos mil veintiuno, el plazo de quince días que establece la Ley de Amparo, transcurrió del once de marzo al cinco de abril de dos mil veintidós, descontándose los días trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de marzo; tres y cuatro de abril del año en curso, por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda que originó al presente expediente se presentó en los buzones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, hasta el once de mayo de dos mil veintiuno, puede afirmarse que su presentación se realizó fuera del plazo previsto para tal efecto. De este modo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Reyna Ortiz Arriaga. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Reyna Ortiz Arriaga, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy cuatro de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se dicte sentencia en el presente asunto. En atención a su contenido, dígasele al promovente que debido a la carga de trabajo, así como la cantidad de asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional, y en virtud de que este juzgador debe realizar una revisión exhaustiva para emitir una sentencia, se dictará la respectiva resolución dentro de los plazos establecidos, la cual será notificada a las partes. Cuadernillo provisional: Ahora, toda vez de que el inicio de la audiencia constitucional concluyó el trámite del presente juicio, fórmese cuaderno de antecedentes con el presente acuerdo. Se cita por la razón que informa, la tesis IV.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN." Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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