Reyna Mora García
Expediente 812/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad.
- Reyna Mora García
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinticinco de marzo de dos mil catorce, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. I. Radicación e Integración de expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por Reyna Mora García, en contra de actos del 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y 2) Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 812/2016. II. Decisión sobre la Instancia Constitucional. DESECHAMIENTO. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, por lo que se desecha de plano la demanda, atendiendo a las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 747, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, localizable a página 503 del Tomo VI, Parte TCC, en Materia(s): Común, correspondiente a la Octava Época, con Registro: 394703, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En efecto, del análisis acucioso de la demanda aquí presentada, quien resuelve determina que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los dispositivos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de mérito, atento a las siguientes consideraciones. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito,; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable a Página: 1931, del tomo XXXI, de Enero de 2010, en Materia(s): Común, correspondiente a la "Novena Época, con Registro: 165582, cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Es esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Página: 105, Volumen 217-228, Cuarta Parte, en Materia(s): Común, correspondiente a la Séptima Época, Registro: 239520, cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En el caso que nos ocupa, el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, deberá efectuarse a partir del día siguiente a aquél en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que aquí se reclama, consiste esencialmente en el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil 823/2010, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, así como todas las actuaciones subsecuentes y sus consecuencias jurídicas, relativo al bien inmueble consistente en un lote de terreno y construcción destinada para casa habitación ubicada en calle Alma Llanera número 252 del fraccionamiento Las Mañanitas con sede en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, inscrita ante el Registro Público dela Propiedad y el Comercio de esta ciudad, bajo el número 145, del Tomo 754 de la Sección Primera. Actos de los cuales, la promovente del amparo, manifiesta "bajo protesta de conducirse con verdad", que no ha sido notificado de forma alguna sobre el juicio ordinario civil 823/2010; pero que tuvo conocimiento de los actos reclamados hasta el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima necesario invocar como hecho notorio, las constancias recabadas oficiosamente del diverso juicio de amparo 914/2014, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, y de donde se advierte que ante este Juzgado Décimo de Distrito, Emilio Sánchez Siordia, promovió demanda de amparo, la cual se registró con el número 914/2014, contra actos del Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, de quien reclamó: "DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESTA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, LE RECLAMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL RADICADO BAJO EXPEDIENTE NÚMERO 823/2010, PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE MI ESPOSA LA SEÑORA REYNA MORA GARCÍA, JUICIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y CON LA POSIBILIDAD INMINENTE DE DICTARSE LA ORDEN DE LANZAMIENTO PARA EFECTO DE PONER EN POSESIÓN A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN ACTORA EL BIEN INMUEBLE DE MI COPROPIEDAD CONSISTENTE EN: LOTE DE TERRENO Y CASA HABITACIÓN SOBRE EL CONSTRUIDA, UBICADA EN CALLE ALMA LLANERA NÚMERO 252 DEL FRACCIONAMIENTO LAS MAÑANITAS DE ESTA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, CON UNA SUPERFICIE DE 99.00 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 16.50 METROS Y COLINDA CON LOTE NÚMERO 42; AL SUR: 16.50 METROS CUADRADOS Y COLINDA CON LOTE NÚMERO 44;AL ESTE: 6.OO Y COLINDA CON CALLE ALMA LLANERA; AL OESTE 6.00 METROS Y COLINDA CON LOTE NÚMERO 4; DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO INSCRIPCIÓN 145, TOMO 754 DE LA SECCIÓN PRIMERA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE ESTA CIUDAD A NOMBRE DE MI ESPOSA LA SEÑORA REYNA MORA GARCÍA CON QUIEN ME ENCUENTRO UNIDO EN MATRIMONIO CIVIL BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL DESDE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2002, ES DECIR EN FECHA ANTERIOR DE QUE LE FUERA OTORGADO EL CRÉDITO DE VIVIENDA POR EL INFONAVIT, TAL Y COMO LO ACREDITO CON EL ACTA ORIGINAL DE NUESTRO MATRIMONIO CIVIL QUE ACOMPAÑO AL PRESENTE ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO." Juicio de amparo, donde se tuvo como tercero interesado a la hoy promovente Reyna Mora García, por ser parte demandada en el juicio de origen 823/2010 del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, y fue emplazada (en forma personal), a juicio el tres de noviembre de dos mil catorce, según constancia actuarial que existe agregada a foja 98 del expediente en cita. También, consta en autos de ese expediente las notificaciones de veintisiete de enero y trece de febrero del año dos quince (fojas 115 vuelta y 143 del expediente 914/2014), mediante las cuales se le notificó en forma personal la sentencia dictada el día veintitrés de enero de dos mil quince, en el citado juicio de amparo y el auto de doce de febrero de ese año, donde se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte ahí quejosa Emilio Sánchez Siordia (esposo de la promovente); en el entendido que, al resolverse el recurso de revisión, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en sesión de veintisiete de agosto de dos mil quince, en los autos del amparo en revisión 619/2015 (que corresponde al amparo en revisión 158/2015 que remitiera el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa), confirmó la sentencia recurrida (fojas 162 a 173 vuelta). Constancias de las que se agregaron copia certificadas, y por ende, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En esa virtud, si los actos reclamados por la promovente del amparo, en la presente instancia constitucional, se hace consistir esencialmente en el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil 823/2010, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, así como las subsecuentes actuaciones y sus consecuencias legales respecto del bien inmueble propiedad de la parte quejosa, es innegable que tuvo conocimiento de dichos actos cuando menos desde el tres de noviembre de dos mil catorce, dado que en esa data se le emplazó como tercero interesado al diverso juicio de amparo 914/2014, del índice de este Juzgado, precisamente por ser parte demandada en el juicio ordinario 823/2010, del que derivaban los actos reclamados en dicho juicio de amparo. De ahí que, en el presente asunto se cumple con los supuestos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda, para tener por extemporánea la presentación de la demanda de cuenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y si Gaceta, Novena Época, de Enero de 2011, bajo la voz: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por tanto, si la demanda en estudio se recibió ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, hasta el siete de noviembre de este año, es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por haber tenido conocimiento previo por lo menos desde el tres de noviembre de dos mil catorce, por lo que, su presentación es extemporánea y, por ende, resulta incuestionable que la persona moral quejosa consintió tácitamente los actos que ahora pretende reclamar, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/21, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la Página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en Materia(s): Común, Novena Época, con Registro: 204707, que textualmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los dispositivos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil dieciséis.Se tiene por recibido el oficio 7027/2016, suscrito por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que se inserta el auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el recurso de queja 225/2016, por el cual, el presidente de dicho órgano colegiado declaró sin materia el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de seis de abril del año en curso, dictado por este juzgado de distrito. En consecuencia, agréguense en autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes.Notifíquese.
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