Reyna Maria Cortes Espinosa

Expediente 145/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
145/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Reyna Maria Cortes Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que en el presente asunto se sobreseyó el juicio; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción I, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA "...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto,... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclamó: a) La omisión de declarar cerrada la instrucción en el juicio ordinario laboral J.32/0431/2016 y la omisión de formular el proyecto de laudo. b) La omisión de discutir y votar el proyecto de laudo formulado por la auxiliar de la junta dentro de los plazos para tal efecto y en consecuencia aprobar dicho proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo por los integrantes de la Junta. c) La omisión de recoger en su caso las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y una vez recabados turnar el expediente al actuario para notificar el laudo. d) La omisión de notificar personalmente a las partes y dentro de los plazos establecidos en la Ley el laudo que le fue turnado. De las autoridades responsables siguientes: 1. Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 2. Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 3. El Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, encargado del trámite del expediente J.32/0431/2016. 4. El Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, encargado de las notificaciones del mencionado expediente. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 431/2016 ya que así lo manifestó el Presidente de la Junta responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con la constancia que remitió con su informe justificado, a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Por su parte, la Auxiliar dictaminadora de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y arbitraje al rendir su informe justificado niega el acto que se le reclama dado que no es autoridad para los efectos del amparo, cuando se le reclama la omisión de emitir el laudo; dicha negativa se desvirtúa en virtud que la quejosa reclama a tal autoridad la omisión de formular el proyecto de laudo, razón por la cual se tiene como cierto el acto que se le reclama. Asimismo, la Secretaria de acuerdos niega el acto que se le reclama toda vez que su actuar se constriñe dar fe de lo proveído por el Titular de la Junta en que labora; sin embargo, se desvirtúa su negativa dado que no le está reclamando algún acuerdo, sino le reclama la omisión de recoger las firmas del laudo y turnar el expediente para entregar al actuario y éste lo notifique; por lo que se tiene como cierto el acto que se le reclama. Por último, el actuario niega el acto que se le reclama en virtud de que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés notificó el laudo dictado en el juicio laboral 431/2016; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en razón de que a la presentación de la demanda nueve de febrero del año en curso existía la omisión reclamada. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa y el informe justificado de las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: - Que ante la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se encuentra radicado el expediente 431/2016, promovido por la parte actora, aquí quejosa. - Seguido el trámite correspondiente, mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción en dicho juicio laboral - El nueve de mayo de dos mil veintitrés se formuló el proyecto de laudo en el juicio laboral 431/2016. - El doce de mayo de dos mil veintitrés, emitieron el laudo correspondiente los integrantes de la Junta Federal responsable. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes" (Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero, de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro IUS: 208448) En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Es así, porque la parte promovente del amparo en esencia reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: a) La omisión de declarar cerrada la instrucción en el juicio ordinario laboral J.32/0431/2016 y la omisión de formular el proyecto de laudo. b) La omisión de discutir y votar el proyecto de laudo formulado por la auxiliar de la junta dentro de los plazos para tal efecto y en consecuencia aprobar dicho proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo por los integrantes de la Junta. c) La omisión de recoger en su caso las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y una vez recabados turnar el expediente al actuario para notificar el laudo. d) La omisión de notificar personalmente a las partes y dentro de los plazos establecidos en la Ley el laudo que le fue turnado. Mientras que de las constancias anexas a los oficios de cuenta (R.E. 6487 y 6488), se advierte que: I. Con fecha siete de julio de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral J.32/0431/16, por la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y se ordenó turnar el asunto para formular el laudo correspondiente; II. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, se formuló el proyecto de resolución en forma de laudo; III. Con fecha doce de mayo del año en curso, se aprobó el mencionado proyecto y se elevó a la categoría de laudo, notificándose personalmente a la parte actora -aquí quejosa- y demandada -aquí parte tercera interesada-, el veintitrés y veinticuatro del aludido mes, respectivamente. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de garantías individuales, esto es así acatando la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ...contra los actos reclamados y autoridades responsables citados en el considerando segundo de esta resolución. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en autos del recurso de queja 80/2023 de ese índice, de la que se advierte que se declaró fundada la queja interpuesta contra el auto dos de marzo del año en curso. Acúsese el recibo de estilo. Sin que resulte necesario glosar la documental remitida con el oficio de cuenta, por ser copia certificada de actuaciones originales que se encuentran agregadas en este expediente. PARTE QUEJOSA REYNA MARIA CORTES ESPINOZA, actora en el juicio laboral 431/2016. PERSONALIDAD La demanda la promueve a través de Aurora Del Carmen Enriquez Martínez, apoderada legal de la quejosa, personalidad que acredita con la copia del auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 2. Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 3. El Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, encargado del trámite del expediente J.32/0431/2016. 4. El Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, encargado de las notificaciones del mencionado expediente. ACTO RECLAMADO a) La omisión de declarar cerrada la instrucción en el juicio ordinario laboral J.32/0431/2016 y la omisión de formular el proyecto de laudo. b) La omisión de discutir y votar el proyecto de laudo formulado por la auxiliar de la junta dentro de los plazos para tal efecto y en consecuencia aprobar dicho proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo por los integrantes de la Junta. c) La omisión de recoger en su caso las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y una vez recabados turnar el expediente al actuario para notificar el laudo. d) La omisión de notificar personalmente a las partes y dentro de los plazos establecidos en la Ley el laudo que le fue turnado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 Constitucional. ESTUDIO PREVIO DEL ASUNTO a) En proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, se previno a la parte promovente a efecto de que precisara la etapa procedimental en que se encuentra el expediente natural y si presentó petición por escrito para verificar por qué no existía pronunciamiento respecto a dictar el auto correspondiente en la etapa procedimental que señalara; b) En atención a que no presentó el promovente ocurso que cumpliera los extremos a que se contrajo la prevención de que se trata, por acuerdo de dos de marzo siguiente, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este asunto; c) Ahora, el Tribunal de alzada declaró fundada la queja interpuesta, y ordenó admitir la demanda. En tales condiciones, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, SE DEJAN SIN EFECTO los autos de diez de febrero y dos de marzo de dos mil veintitrés y, respecto de la demanda de amparo que dio origen a este asunto, se provee. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, Constitucional, 1º, fracción I, 3º, 5º, 37, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por REYNA MARIA CORTÉS ESPINOZA, por conducto de su apoderada legal Aurora del Carmen Enríquez Martínez, contra actos del Auxiliar de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca y otras autoridades. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Dígase a las autoridades responsables que podrán rendir su informe justificado al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; y que ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; a su vez, comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto reclamado, debiendo expresar el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de dicho juicio y en su caso, remitan copia certificada de las constancias correspondientes; en la inteligencia que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que se celebrará a las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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