Reyna Lopez Perez

Expediente 321/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
321/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Reyna Lopez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio correspondiente al Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual acusa recibo del oficio 8127/2023, mediante el cual le fue remitido el juicio de amparo 321/2023 del índice de este juzgado, promovido por Donovan Alberto García Colorado, en representación de Reyna López Pérez y Rosa Claudia Díaz Cruz, e informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto planteado en la demanda de amparo, génesis del sumario de mérito, registrando los autos con el número de juicio 584/2023 de su índice. En consecuencia, se orden remitir al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, los informes de suspensión de plano correspondientes al Presidente Municipal y Delegado de Gobierno, ambos con sede en Margarita, Chiapas, y el oficio correspondiente al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Lo anterior, a fin de que el citado juzgado, acuerde lo que en derecho corresponda. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En virtud de lo expuesto en párrafos precedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211 , inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se declinó la competencia, -resolución que no decidió el juicio en lo principal-, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el mismo, debiendo remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. 4 Artículo 24. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Visto el sobre devuelto por ESTAFETA, que contiene el oficio 5938, dirigido a los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, en turno, con la leyenda "(DO3) que se encuentra mal dirigido", enviado para remitir los autos originales del juicio de amparo 321/2023, con motivo de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Al respecto, y tomando en consideración que en la certificación de cuenta se advierte que en esta misma fecha se entabló comunicación con Marcela García González, Técnico de Enlace Administrativo, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, a fin de obtener la denominación y domicilio correcto para enviar nuevamente el oficio 5938. En consecuencia, se ordena reenviar el oficio 5938, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, con domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino de Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con código postal 29040, debiéndose adjuntar los autos originales del juicio de amparo 321/2023 de nuestro índice.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los informes de suspensión de plano correspondientes al Presidente Municipal y al Delegado de Gobierno, ambos con sede en Las Margaritas, Chiapas. En ese sentido, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que tocó conocer del presente asunto con motivo de la competencia declinada por este juzgado en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenará remitir dichos informes para que dicho órgano jurisdiccional competente acuerde lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Vista la demanda promovida por Donovan Alberto García Colorado, en representación de Reyna López Pérez, Rosa Claudia Díaz Cruz y Reyna López Pérez, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal de las Margaritas [Bladimir Hernández Alvarez], y de otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 321/2023 I-B. SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el siguiente acto: _ Privación ilegal de la libertad. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 Con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados calificados como urgentes, previamente destacados, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la legislación de la materia, se concede la suspensión de oficio y de plano para los siguientes efectos: ? No se lleven a cabo o cesen de inmediato los actos que impliquen detención ilegal, tortura y malos tratos e incomunicación, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En cuanto a la liberación de la parte quejosa, debe decirse que ésta no operará para el caso de que su captura proceda de una orden emitida por autoridad competente, ni en un escenario diverso al narrado en la demanda, en el que se afirma que fue detenida fuera de cualquier procedimiento judicial, sin que exista el debido proceso para ejecutar una orden de aprehensión que reúna los requisitos legales. En consecuencia, respecto de esto último, las autoridades responsables, en acatamiento a los postulados consagrados en el primer ordinal del Pacto Federal, acorde al ámbito de sus respectivas competencias y de manera inmediata, deberán tomar las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la parte quejosa, entre ellos el de la vida misma, el cual es necesario para poder concretizar todas las demás prerrogativas fundamentales. Por otro lado, en caso de haber surtido flagrancia o detención en caso urgente, entonces la parte quejosa, deberá 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público que le corresponda, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que éste a su vez la ponga a disposición del Juez competente, en un plazo que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas o en el de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir de su puesta a disposición. En caso de que su detención se deba a cumplimiento de orden de aprehensión o comparecencia, la parte quejosa será puesta de inmediato a disposición del Juez correspondiente, quien deberá resolver su situación jurídica en los plazos que marca el artículo 19 del Pacto Federal. Las autoridades responsables que estén involucradas en la detención y/o retención de la parte quejosa, con los informes relativos a la suspensión de plano, deberán manifestar y en su caso justificar, con las constancias respectivas: 1.- Si le permitieron comunicarse con algún familiar o persona de su confianza, para hacerle saber sobre su detención y sobre el lugar en que se encuentra detenida; e incluso, tendente a poder designar libremente a un defensor para que la asista. 2.- Si le facilitaron los medios adecuados para que en su caso designe libremente a un defensor; sin menoscabo de la obligación de las autoridades de nombrarle uno de oficio, en caso de que la parte quejosa no disponga de asistencia de un abogado de su elección. 3.- Si le ha permitido comunicarse y/o entrevistarse con su o sus defensores, en caso de tener uno ya designado. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 4.- Si le ha permitido ser visitada, en particular por sus familiares, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por la reglamentación respectiva del lugar de su detención. 5.- Asimismo, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a las responsables para que adopten las medidas necesarias a efecto de garantizar la seguridad del lugar en el que se encuentra la quejosa para salvaguardar su integridad física, o bien, girar las instrucciones respectivas o adopten las medidas de seguridad indispensables para que no se materialicen las circunstancias a que refiere temer la peticionaria de amparo, y que pudieran afectar a su integridad física, e incluso, a perder la vida. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Solicítese a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, envíen a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada. EXHORTO PARA RATIFICACIÓN DE DEMANDA Y ENTREGA DE OFICIOS Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ese ordenamiento legal por disposición expresa en su precepto 2, envíese exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, para que notifique esta determinación a las quejosas Reyna López Pérez, Rosa Claudia Díaz Cruz y Reyna López Pérez, quienes se encuentran detenidas en la calle Principal, sin número, en Las Margaritas, Chiapas, requiriéndoles para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, se solicita que comisione al funcionario encomendado para que de fe de la integridad física de la parte quejosa y de las condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. De igual forma, se comisione al Actuario de su adscripción para que en caso de no encontrar a la parte quejosa en el lugar antes indiciado, indague entre las diferentes autoridades sobre su paradero, a fin de que, de encontrarse dentro de la jurisdicción de su juzgado, se constituya de forma inmediata para lograr la encomienda aquí realizada. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 En el caso de que en el lugar de la detención se niegue que la parte agraviada se encuentre recluida en ese lugar, se faculta al actuario para que se introduzca y cerciore al interior de dichas instalaciones. De igual manera, se solicita la notificación de los oficios que se generan con la presente determinación y que son dirigidos a las autoridades responsables destinatarias, para que también el actuario de su adscripción haga entrega de los mismos con una copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo, a efecto de que se encuentren en condiciones de rendir el informe de suspensión de plano solicitado. Hecho que sea, devuelva a la brevedad posible la comunicación que se ordena enviar, con las constancias de notificación respectivas. INCOMPETENCIA En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". 1 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 364278, visible a página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, quinta época. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 7 A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis2 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Atento a lo anterior, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio para 2 Tesis 1a. II/92, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, página 94, tomo IX, mayo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, octava época. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 8 conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 9 jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 10 A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; y que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 11 autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso esta regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia". En el caso, se advierte que el promovente Donovan Alberto García Colorado, solicita la protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados precisados con antelación, siendo que bajo protesta de decir verdad señala que las directas quejosas Reyna López Pérez, Rosa Claudia Díaz Cruz y Reyna López Pérez, fueron detenidas en el municipio de Las Margaritas, del Estado de Chiapas; por lo que, de dicha narrativa se advierte que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción que corresponde a los Juzgados de Distrito de Procesos 3 Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 316,005, página 119, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, quinta época. 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 12 Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, en turno. Por ende, conforme artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de mismo ordenamiento reglamentario, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se están ejecutando actualmente los actos reclamados, esto es, en el Municipio de Las Margaritas, en el Estado de Chiapas. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 13 cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". De ahí que, como la ejecución de los actos que reclama la parte quejosa tienen ejecución en una jurisdicción diferente al de esta resolutora; se estima que es competente el Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, en turno, para conocer de la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 14 Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con 19/08/23 15:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 15 residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito del Estado de Chiapas, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, razón por la cual se ordena enviar los autos del presente expediente mediante vía interconexión a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento correspondiente; y proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que lo informe a este Juzgado. En el entendido que una vez que informen lo anterior, se procederá al envió de las constancias originales del presente asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

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