Reyna Lopez Hernández
Expediente 976/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyna Lopez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veintiseis de noviembre, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b), de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la quejosa Reyna López Hernández, y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5098/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 976976/2019, promovido por Reyna López Hernández por su propio derecho, contra actos del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Tercera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación, Estado de Michoacán de Ocampo; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Reyna López Hernández, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Tercera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación, Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 2-6). Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Mediante auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 25), se admitió a trámite la demanda la demanda y se registró bajo el número de expediente 976/2019, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete (reverso de la foja 28); se pidió el informe justificado a la autoridad responsable; y, finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por Reyna López Hernández, al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Tercera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación, con residencia en esta ciudad, consisten en: La negativa sistemática a permitirle acceder a la carpeta de investigación FED/MICH/MLM0002816/2018. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Tercera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 38), lo que además probó al acreditar con diversas actuaciones que sí le dio a la quejosa acceso a la carpeta de investigación; y por ende, al revertirle la carga de la prueba, ésta no ofertó medio de convicción alguno para desvirtuar la afirmación de la autoridad -en el sentido de que sí le dio acceso a la carpeta- como se explicará a continuación. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la negativa sistemática de permitirle a la quejosa acceder a la carpeta de investigación FED/MICH/MLM0002816/2018, en la que es ofendida. Lo que se traduce, en un rehusar o hacer algo por parte de la autoridad en favor de lo solicitado por la amparista, motivo por el que se considera que dicho acto tiene el carácter de negativo. Ahora, debe decirse que un acto negativo y negativa del acto son dos cosas distintas, en tanto que la esencia del primero versa, exclusivamente, sobre su omisión a la abstención de aquélla a quien se atribuye; la segunda, por el contrario no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente su diferencia y como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla, lo anterior atento al contenido del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que reza: "ARTICULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis I.4o.A.7 K, consultable en la página 449, del Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 204385, que dice: "ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. DIFERENCIA ENTRE. La esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de autoridad a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Por ende contrario a lo afirmado por el recurrente debe decirse que los actos cuya existencia fue negada por las autoridades responsables, no tienen el carácter de negativos como lo pretende el inconforme, pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las autoridades responsables en favor de lo solicitado por el gobernado, de ahí que la carga de la prueba correspondía al quejoso, es decir que éste tenía el deber de acreditar la existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de derecho que señala que "El que afirma debe probar". En concordancia con lo anterior, si en la especie la responsable negó el acto consistente en la negativa sistemática a permitirle acceder a la carpeta de investigación FED/MICH/MLM0002816/2018; ello importa una afirmación consistente en que sí se le permite su acceso, entonces quien la produce -la autoridad responsable- se encuentra en la obligación de justificarla. Lo que así sucedió, toda vez que el Ministerio Público para demostrar que no incurrió en la negativa que se le imputa, aportó los siguientes medios de prueba: Acta de catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual el Agente del Ministerio Público responsable hace constar, que en esa data: "salí a recibir a dicha persona, quien me preguntó por la carpeta de investigación y le comenté que la acababa de recibir y que la estaba estudiando, pero que la misma estaba a su entera disposición para su consulta, le indique que pasara a la oficina, indicado que no podía subir escaleras, por lo que procedí a atenderla en la sala de espera, que después pasaría a consultar la carpeta y después de una hora con veinte minutos se retiró de la oficina, terminando aproximadamente a las 18:50 horas" (foja 45). Actuación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual la responsable hizo constar que en esa data se le dio acceso a la carpeta de investigación al Asesor Jurídico Federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), respecto de la cual solicitó copias certificadas de diversos documentos (foja 46). Acta de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, suscrita por el Agente responsable y quejosa Reyna López Hernández en la que hizo constar que en esa data se le dio acceso a ésta última a la carpeta de investigación (foja 47). Constancia de atención de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que el Oficial Ministerial "C" adscrito a la Célula Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Morelia, Michoacán, en la que hizo constar que atendió personalmente a la quejosa, y le dio acceso a cada una de las constancias que obran en la carpeta de investigación, y que no quiso firmar (foja 49). Constancia de atención de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se asentó que la quejosa acudió a las instalaciones de la autoridad y se le informó: "que las constancias que refería la C. Reyna López Hernández, ya habían sido recepcionadas y glosadas a la carpeta y que en relación a las peticiones de la Reyna López Hernández, ya habían sido atendidas es decir se acordó favorable la solicitud de integrarlas al expediente y que las mismas fueron remitidas al expediente en la materia de medicina forense, para el efecto de que las valorara y determine su experticia, comunicándole además que el segundo tomo de la carpeta se encontraba con el médico forense, comunicación que tuvo una duración de diecisiete minutos."(foja 50). Acta de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por la que se hizo constar que se dio acceso a la carpeta de investigación al Asesor Jurídico Federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), y le fueron entregadas diversas constancias, en atención a que tendría una reunión con la quejosa (fojas 51). Probanzas de las que deriva, que a la peticionaria de amparo se le dio acceso a la carpeta de investigación los días catorce, veintiuno y veintinueve de agosto del año que transcurre, lo que es más, el Asesor Jurídico Federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) también tuvo acceso a la misma el dieciséis de agosto y diez de septiembre de la propia anualidad, a quien incluso le fueron entregadas diversas constancias. Por tanto, si la responsable acreditó su negativa del acto reclamado, puesto que probó haber permitido a la peticionaria de amparo tener acceso a la carpeta que nos ocupa, es indudable que le revertió la carga de la prueba a ésta última, quien debió desvirtuar la afirmación de la autoridad en el sentido de que sí le dio acceso a la carpeta de investigación, lo que no hizo no obstante que se le dio vista con las actuaciones de mérito. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". No impide estimar lo anterior, las múltiples manifestaciones de la peticionaria de amparo durante la tramitación del expediente que nos ocupa, en el sentido de que no le han sido expedidas en su totalidad las copias certificadas que ha solicitado, en razón de que ello no es materia del acto que nos ocupa. Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados con antelación, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Reyna López Hernández, por propio derecho, contra los actos y las autoridades precisados en el segundo considerando de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Reyna Birzabeth Gomez Islas869/2023
- Reyna Carina Esqueda Espinoza92/2019
- Reyna Cornejo Saavedra863/2019
- Reyna Cortés Rocha478/2019
- Reyna Cortes Rocha545/2023
- Reyna Jessica Silva Chávez1065/2017
- Reyna López Hernández124/2020
- Reyna Lucia Barajas Garcia735/2023
- Reyna Luz María Gutierrez Esquivel822/2020
- Reynado Uziel Custodio Jeronimo921/2022
- Reynaldo Alejandro Patlan Cervantes194/2023
- Reynaldo Duran Gutierrez708/2019