Reyna Leticia Rodríguez Delfín
Expediente 535/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Reyna Leticia Rodríguez Delfín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa ******************** para los efectos siguientes: "(.)Ahora de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por ******************** en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales I******************** y ******************** para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil ********************, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace a los menores aquí quejosos de identidad reservada identificadas con las siglas I******************** y ********************, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario reducir la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de las acreedoras y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, en auto de siete de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 2340, remitió la determinación de tres de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de mayo del citado año, dictado en el juicio ordinario civil ******************** de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ******************** (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades de los acreedores alimentarios, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, que se desprendan de las constancias que obran en autos. Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con la actividad que desempeña, además de los gastos propios o manutención, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión. Posteriormente a ello, confrontar (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades de las acreedoras y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente su decisión. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable determinó que se trata de tres menores acreedores de iniciales ******************** de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la actora tiene bajo su custodia a sus menores hijos y que por ende proporciona los alimentos y se encarga del cuidado y educación de sus hijos, que no se desprende que vivan con lujos, que el sueldo que percibe el demandado es elemental para cubrir sus necesidades básicas y de sus acreedores alimentarios, que actualmente viven en casa de los padres de su progenitora, ante la violencia intrafamiliar sufrida. Asimismo, atendiendo al inciso b), determinó que si bien el demandado refiere que siempre les ha provisto de vivienda a los acreedores alimentarios, contando actualmente con una casa habitación de su propiedad debidamente amueblada, que dice que habita su esposa y sus tres hijos hasta el día veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, en que su esposa se fue a Tierra Blanca, Veracruz, misma que se encuentra pagando con un crédito otorgado por el FHSSTE (Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas) que se le descuenta del sueldo que percibe en su fuente de trabajo; sin embargo, encontró demostrado que el demandado es el que habita ese domicilio y de ahí se traslada a su lugar de trabajo en Córdoba, Veracruz. Asimismo, a su consideración encontró acreditado con el recibo de nómina del demandado, que tiene su domicilio en Ixtaczoquitlan, Veracruz, y que su fuente de trabajo se encuentra ubicada en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, que con motivo de ello eroga gastos por concepto de gasolina y peaje, que si bien la empresa para en donde labora le proporciona ayuda para transporte, este apoyo forma parte de sus percepciones al que se le aplica el descuento por pensión alimenticia; que se encuentra pagando un crédito en dinero a la institución bancaria BANORTE por la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 moneda nacional) catorcenales, feneciendo en el año dos mil veinticuatro, como lo demostró con el contrato de apertura de crédito y tabla de amortización de pagos. De igual forma, tomó en consideración que se demostró que el demandado tiene afiliados a sus tres hijos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubriendo el rubro de asistencia médica y medicinas. Seguidamente, procedió a atender el inciso c), analizando que se trata de tres menores acreedores de iniciales ******************** de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el demandado tiene que cubrir un crédito por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, que invirtió en una construcción de un inmueble propiedad de la demandada y, por el cual tiene que estar pagando la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 monda nacional) de manera catorcenal, que tiene gastos de peaje y gasolina para dirigirse a su trabajo, que no paga renta porque vive en casa propia, que no acredita que la actora perciba ingresos, que el recibo de nómina del demandado de pago de la catorcena abarca del veintiocho de marzo al diez de abril de dos mil veintidós, expedido por la ********************, por la cantidad de $393.70, a nombre del demandado, en donde aparece que percibe como salario catorcenal cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos, más ciento doce pesos con trece centavos por tiempo extraordinario doble, ayuda a renta a dos mil doscientos ochenta y uno pesos treinta centavos, despensa, un mil quinientos setenta y cuatro pesos con diez centavos, transporte un mil cuatrocientos setenta y un pesos con noventa y dos centavos, incentivos trescientos pesos con cinco centavos, comp Fidelida (sic) doscientos treinta y siete pesos con treinta centavos, comida doscientos cuarenta y cuatro pesos, dif salvaci (sic) seis puntos setenta y uno; teniendo como descuentos por fondo de ahorro, $316.22 cuota sindical, $97.29 FHSSTE NORMAL, $788.79 FHSSTE ADICIONAL, $514.7 FHSSTE INTERES, $618.88 SEGURO OBRERO, $260.00 FONDO COMUN, $500.00 PENS ALIMTICIA, $2,333.15 PENS. ALIMTICIA, $4,019.65 DESCONTANDOSELE COMO PENSIÓN ALIMENTICIA EN TOTAL la cantidad de $6,334.00 (SEIS MIL TRESCIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL) quedándole neto al demandado la cantidad de trescientos noventa y tres pesos con setenta centavos. En base a ello, comparó las cantidades que perciben los acreedores alimentarios por pensión alimenticia, con la cantidad que percibe el demandado es mínima, que los alimentos deben ser de acuerdo con las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores alimentarios como lo dispone el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 239 del citado ordenamiento jurídico, los alimentos comprenden el sustento de comida, habitación, vestido, asistencia médica, gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Por tanto, para no afectar la subsistencia alimentaria del demandado y pueda cumplir con sus obligaciones resolvió reducir el cuarenta y cinco al treinta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, equivalente a once punto setenta y seis por ciento para cada acreedor, de esa manera, bajo su óptica jurídica, los acreedores alimentarios pueden cubrir el concepto de alimentos antes señalado de manera provisional y el demandado con el setenta y cinco por ciento que le queda puede hacer frente a sus necesidades personales y descuentos que se le hacen de su salario, prestaciones y crédito adeudado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que en resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada (fojas 56 a 59) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 535/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa I.M.R.R., L.R.R. y K.D.R.R., para los efectos siguientes: "(.)Ahora de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Reyna Leticia Rodríguez Delfín en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales I.M.R.R, L.R.R. y K.D.R.R. para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 49/2022, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace a los menores aquí quejosos de identidad reservada identificadas con las siglas I.M.R.R, L.R.R. y K.D.R.R, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario reducir la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de las acreedoras y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, en auto de siete de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 2340, remitió la determinación de tres de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de mayo del citado año, dictado en el juicio ordinario civil 49/2022 de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Chrystian Ramírez Guzmán (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades de los acreedores alimentarios, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, que se desprendan de las constancias que obran en autos. Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con la actividad que desempeña, además de los gastos propios o manutención, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión. Posteriormente a ello, confrontar (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades de las acreedoras y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente su decisión. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable determinó que se trata de tres menores acreedores de iniciales I.M.R.R., L.R.R. y K.D.R.R., de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la actora tiene bajo su custodia a sus menores hijos y que por ende proporciona los alimentos y se encarga del cuidado y educación de sus hijos, que no se desprende que vivan con lujos, que el sueldo que percibe el demandado es elemental para cubrir sus necesidades básicas y de sus acreedores alimentarios, que actualmente viven en casa de los padres de su progenitora, ante la violencia intrafamiliar sufrida. Asimismo, atendiendo al inciso b), determinó que si bien el demandado refiere que siempre les ha provisto de vivienda a los acreedores alimentarios, contando actualmente con una casa habitación de su propiedad debidamente amueblada, que dice que habita su esposa y sus tres hijos hasta el día veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, en que su esposa se fue a Tierra Blanca, Veracruz, misma que se encuentra pagando con un crédito otorgado por el FHSSTE (Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas) que se le descuenta del sueldo que percibe en su fuente de trabajo; sin embargo, encontró demostrado que el demandado es el que habita ese domicilio y de ahí se traslada a su lugar de trabajo en Córdoba, Veracruz. Asimismo, a su consideración encontró acreditado con el recibo de nómina del demandado, que tiene su domicilio en Ixtaczoquitlan, Veracruz, y que su fuente de trabajo se encuentra ubicada en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, que con motivo de ello eroga gastos por concepto de gasolina y peaje, que si bien la empresa para en donde labora le proporciona ayuda para transporte, este apoyo forma parte de sus percepciones al que se le aplica el descuento por pensión alimenticia; que se encuentra pagando un crédito en dinero a la institución bancaria BANORTE por la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 moneda nacional) catorcenales, feneciendo en el año dos mil veinticuatro, como lo demostró con el contrato de apertura de crédito y tabla de amortización de pagos. De igual forma, tomó en consideración que se demostró que el demandado tiene afiliados a sus tres hijos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubriendo el rubro de asistencia médica y medicinas. Seguidamente, procedió a atender el inciso c), analizando que se trata de tres menores acreedores de iniciales I.M.R.R., L.R.R. y K.D.R.R., de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el demandado tiene que cubrir un crédito por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, que invirtió en una construcción de un inmueble propiedad de la demandada y, por el cual tiene que estar pagando la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 monda nacional) de manera catorcenal, que tiene gastos de peaje y gasolina para dirigirse a su trabajo, que no paga renta porque vive en casa propia, que no acredita que la actora perciba ingresos, que el recibo de nómina del demandado de pago de la catorcena abarca del veintiocho de marzo al diez de abril de dos mil veintidós, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $393.70, a nombre del demandado, en donde aparece que percibe como salario catorcenal cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos, más ciento doce pesos con trece centavos por tiempo extraordinario doble, ayuda a renta a dos mil doscientos ochenta y uno pesos treinta centavos, despensa, un mil quinientos setenta y cuatro pesos con diez centavos, transporte un mil cuatrocientos setenta y un pesos con noventa y dos centavos, incentivos trescientos pesos con cinco centavos, comp Fidelida (sic) doscientos treinta y siete pesos con treinta centavos, comida doscientos cuarenta y cuatro pesos, dif salvaci (sic) seis puntos setenta y uno; teniendo como descuentos por fondo de ahorro, $316.22 cuota sindical, $97.29 FHSSTE NORMAL, $788.79 FHSSTE ADICIONAL, $514.7 FHSSTE INTERES, $618.88 SEGURO OBRERO, $260.00 FONDO COMUN, $500.00 PENS ALIMTICIA, $2,333.15 PENS. ALIMTICIA, $4,019.65 DESCONTANDOSELE COMO PENSIÓN ALIMENTICIA EN TOTAL la cantidad de $6,334.00 (SEIS MIL TRESCIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL) quedándole neto al demandado la cantidad de trescientos noventa y tres pesos con setenta centavos. En base a ello, comparó las cantidades que perciben los acreedores alimentarios por pensión alimenticia, con la cantidad que percibe el demandado es mínima, que los alimentos deben ser de acuerdo con las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores alimentarios como lo dispone el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 239 del citado ordenamiento jurídico, los alimentos comprenden el sustento de comida, habitación, vestido, asistencia médica, gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Por tanto, para no afectar la subsistencia alimentaria del demandado y pueda cumplir con sus obligaciones resolvió reducir el cuarenta y cinco al treinta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, equivalente a once punto setenta y seis por ciento para cada acreedor, de esa manera, bajo su óptica jurídica, los acreedores alimentarios pueden cubrir el concepto de alimentos antes señalado de manera provisional y el demandado con el setenta y cinco por ciento que le queda puede hacer frente a sus necesidades personales y descuentos que se le hacen de su salario, prestaciones y crédito adeudado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que en resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada (fojas 56 a 59) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa I.M.R.R., L.R.R. y K.D.R.R., para los efectos siguientes: "(.)Ahora de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Reyna Leticia Rodríguez Delfín en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales I.M.R.R, L.R.R. y K.D.R.R. para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 49/2022, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace a los menores aquí quejosos de identidad reservada identificadas con las siglas I.M.R.R, L.R.R. y K.D.R.R, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario reducir la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de las acreedoras y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, en auto de siete de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 2340, remitió la determinación de tres de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de mayo del citado año, dictado en el juicio ordinario civil 49/2022 de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Chrystian Ramírez Guzmán (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades de los acreedores alimentarios, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, que se desprendan de las constancias que obran en autos. Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con la actividad que desempeña, además de los gastos propios o manutención, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión. Posteriormente a ello, confrontar (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades de las acreedoras y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente su decisión. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable determinó que se trata de tres menores acreedores de iniciales I.M.R.R., L.R.R. y K.D.R.R., de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la actora tiene bajo su custodia a sus menores hijos y que por ende proporciona los alimentos y se encarga del cuidado y educación de sus hijos, que no se desprende que vivan con lujos, que el sueldo que percibe el demandado es elemental para cubrir sus necesidades básicas y de sus acreedores alimentarios, que actualmente viven en casa de los padres de su progenitora, ante la violencia intrafamiliar sufrida. Asimismo, atendiendo al inciso b), determinó que si bien el demandado refiere que siempre les ha provisto de vivienda a los acreedores alimentarios, contando actualmente con una casa habitación de su propiedad debidamente amueblada, que dice que habita su esposa y sus tres hijos hasta el día veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, en que su esposa se fue a Tierra Blanca, Veracruz, misma que se encuentra pagando con un crédito otorgado por el FHSSTE (Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas) que se le descuenta del sueldo que percibe en su fuente de trabajo; sin embargo, encontró demostrado que el demandado es el que habita ese domicilio y de ahí se traslada a su lugar de trabajo en Córdoba, Veracruz. Asimismo, a su consideración encontró acreditado con el recibo de nómina del demandado, que tiene su domicilio en Ixtaczoquitlan, Veracruz, y que su fuente de trabajo se encuentra ubicada en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, que con motivo de ello eroga gastos por concepto de gasolina y peaje, que si bien la empresa para en donde labora le proporciona ayuda para transporte, este apoyo forma parte de sus percepciones al que se le aplica el descuento por pensión alimenticia; que se encuentra pagando un crédito en dinero a la institución bancaria BANORTE por la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 moneda nacional) catorcenales, feneciendo en el año dos mil veinticuatro, como lo demostró con el contrato de apertura de crédito y tabla de amortización de pagos. De igual forma, tomó en consideración que se demostró que el demandado tiene afiliados a sus tres hijos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubriendo el rubro de asistencia médica y medicinas. Seguidamente, procedió a atender el inciso c), analizando que se trata de tres menores acreedores de iniciales I.M.R.R., L.R.R. y K.D.R.R., de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el demandado tiene que cubrir un crédito por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, que invirtió en una construcción de un inmueble propiedad de la demandada y, por el cual tiene que estar pagando la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 monda nacional) de manera catorcenal, que tiene gastos de peaje y gasolina para dirigirse a su trabajo, que no paga renta porque vive en casa propia, que no acredita que la actora perciba ingresos, que el recibo de nómina del demandado de pago de la catorcena abarca del veintiocho de marzo al diez de abril de dos mil veintidós, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $393.70, a nombre del demandado, en donde aparece que percibe como salario catorcenal cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos, más ciento doce pesos con trece centavos por tiempo extraordinario doble, ayuda a renta a dos mil doscientos ochenta y uno pesos treinta centavos, despensa, un mil quinientos setenta y cuatro pesos con diez centavos, transporte un mil cuatrocientos setenta y un pesos con noventa y dos centavos, incentivos trescientos pesos con cinco centavos, comp Fidelida (sic) doscientos treinta y siete pesos con treinta centavos, comida doscientos cuarenta y cuatro pesos, dif salvaci (sic) seis puntos setenta y uno; teniendo como descuentos por fondo de ahorro, $316.22 cuota sindical, $97.29 FHSSTE NORMAL, $788.79 FHSSTE ADICIONAL, $514.7 FHSSTE INTERES, $618.88 SEGURO OBRERO, $260.00 FONDO COMUN, $500.00 PENS ALIMTICIA, $2,333.15 PENS. ALIMTICIA, $4,019.65 DESCONTANDOSELE COMO PENSIÓN ALIMENTICIA EN TOTAL la cantidad de $6,334.00 (SEIS MIL TRESCIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL) quedándole neto al demandado la cantidad de trescientos noventa y tres pesos con setenta centavos. En base a ello, comparó las cantidades que perciben los acreedores alimentarios por pensión alimenticia, con la cantidad que percibe el demandado es mínima, que los alimentos deben ser de acuerdo con las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores alimentarios como lo dispone el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 239 del citado ordenamiento jurídico, los alimentos comprenden el sustento de comida, habitación, vestido, asistencia médica, gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Por tanto, para no afectar la subsistencia alimentaria del demandado y pueda cumplir con sus obligaciones resolvió reducir el cuarenta y cinco al treinta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, equivalente a once punto setenta y seis por ciento para cada acreedor, de esa manera, bajo su óptica jurídica, los acreedores alimentarios pueden cubrir el concepto de alimentos antes señalado de manera provisional y el demandado con el setenta y cinco por ciento que le queda puede hacer frente a sus necesidades personales y descuentos que se le hacen de su salario, prestaciones y crédito adeudado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que en resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada (fojas 56 a 59) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa ******************** para los efectos siguientes: "(.)Ahora de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por ******************** en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales I******************** y ******************** para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil ********************, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace a los menores aquí quejosos de identidad reservada identificadas con las siglas I******************** y ********************, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario reducir la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de las acreedoras y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, en auto de siete de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 2340, remitió la determinación de tres de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de mayo del citado año, dictado en el juicio ordinario civil ******************** de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ******************** (aquí tercero interesado) siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades de los acreedores alimentarios, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, que se desprendan de las constancias que obran en autos. Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con la actividad que desempeña, además de los gastos propios o manutención, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión. Posteriormente a ello, confrontar (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades de las acreedoras y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente su decisión. En relación al inciso a), al resolver la reclamación, la autoridad responsable determinó que se trata de tres menores acreedores de iniciales ******************** de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la actora tiene bajo su custodia a sus menores hijos y que por ende proporciona los alimentos y se encarga del cuidado y educación de sus hijos, que no se desprende que vivan con lujos, que el sueldo que percibe el demandado es elemental para cubrir sus necesidades básicas y de sus acreedores alimentarios, que actualmente viven en casa de los padres de su progenitora, ante la violencia intrafamiliar sufrida. Asimismo, atendiendo al inciso b), determinó que si bien el demandado refiere que siempre les ha provisto de vivienda a los acreedores alimentarios, contando actualmente con una casa habitación de su propiedad debidamente amueblada, que dice que habita su esposa y sus tres hijos hasta el día veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, en que su esposa se fue a Tierra Blanca, Veracruz, misma que se encuentra pagando con un crédito otorgado por el FHSSTE (Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas) que se le descuenta del sueldo que percibe en su fuente de trabajo; sin embargo, encontró demostrado que el demandado es el que habita ese domicilio y de ahí se traslada a su lugar de trabajo en Córdoba, Veracruz. Asimismo, a su consideración encontró acreditado con el recibo de nómina del demandado, que tiene su domicilio en Ixtaczoquitlan, Veracruz, y que su fuente de trabajo se encuentra ubicada en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, que con motivo de ello eroga gastos por concepto de gasolina y peaje, que si bien la empresa para en donde labora le proporciona ayuda para transporte, este apoyo forma parte de sus percepciones al que se le aplica el descuento por pensión alimenticia; que se encuentra pagando un crédito en dinero a la institución bancaria BANORTE por la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 moneda nacional) catorcenales, feneciendo en el año dos mil veinticuatro, como lo demostró con el contrato de apertura de crédito y tabla de amortización de pagos. De igual forma, tomó en consideración que se demostró que el demandado tiene afiliados a sus tres hijos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubriendo el rubro de asistencia médica y medicinas. Seguidamente, procedió a atender el inciso c), analizando que se trata de tres menores acreedores de iniciales ******************** de ocho, seis y tres años, que requieren de comida, vestido, calzado, útiles escolares, habitación, que el demandado proporciona médico y medicina a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el demandado tiene que cubrir un crédito por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, que invirtió en una construcción de un inmueble propiedad de la demandada y, por el cual tiene que estar pagando la cantidad de $2,122.28 (dos mil ciento veintidós 28/100 monda nacional) de manera catorcenal, que tiene gastos de peaje y gasolina para dirigirse a su trabajo, que no paga renta porque vive en casa propia, que no acredita que la actora perciba ingresos, que el recibo de nómina del demandado de pago de la catorcena abarca del veintiocho de marzo al diez de abril de dos mil veintidós, expedido por la ********************, por la cantidad de $393.70, a nombre del demandado, en donde aparece que percibe como salario catorcenal cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos, más ciento doce pesos con trece centavos por tiempo extraordinario doble, ayuda a renta a dos mil doscientos ochenta y uno pesos treinta centavos, despensa, un mil quinientos setenta y cuatro pesos con diez centavos, transporte un mil cuatrocientos setenta y un pesos con noventa y dos centavos, incentivos trescientos pesos con cinco centavos, comp Fidelida (sic) doscientos treinta y siete pesos con treinta centavos, comida doscientos cuarenta y cuatro pesos, dif salvaci (sic) seis puntos setenta y uno; teniendo como descuentos por fondo de ahorro, $316.22 cuota sindical, $97.29 FHSSTE NORMAL, $788.79 FHSSTE ADICIONAL, $514.7 FHSSTE INTERES, $618.88 SEGURO OBRERO, $260.00 FONDO COMUN, $500.00 PENS ALIMTICIA, $2,333.15 PENS. ALIMTICIA, $4,019.65 DESCONTANDOSELE COMO PENSIÓN ALIMENTICIA EN TOTAL la cantidad de $6,334.00 (SEIS MIL TRESCIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL) quedándole neto al demandado la cantidad de trescientos noventa y tres pesos con setenta centavos. En base a ello, comparó las cantidades que perciben los acreedores alimentarios por pensión alimenticia, con la cantidad que percibe el demandado es mínima, que los alimentos deben ser de acuerdo con las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores alimentarios como lo dispone el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 239 del citado ordenamiento jurídico, los alimentos comprenden el sustento de comida, habitación, vestido, asistencia médica, gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Por tanto, para no afectar la subsistencia alimentaria del demandado y pueda cumplir con sus obligaciones resolvió reducir el cuarenta y cinco al treinta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, equivalente a once punto setenta y seis por ciento para cada acreedor, de esa manera, bajo su óptica jurídica, los acreedores alimentarios pueden cubrir el concepto de alimentos antes señalado de manera provisional y el demandado con el setenta y cinco por ciento que le queda puede hacer frente a sus necesidades personales y descuentos que se le hacen de su salario, prestaciones y crédito adeudado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que en resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada (fojas 56 a 59) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el ocurso signado por Miguel Ángel Cortés Maulión, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en atención a su contenido, se le tiene realizando diversas manifestaciones para el efecto de conminar al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, a fin de cumplir con el fallo protector dictado en este expediente. Al respecto, dígasele que en proveído de veinticuatro de octubre pasado, causó ejecutoria la sentencia amparadora y a su vez, se requirió al aludido Juez natural, posteriormente, en acuerdo de siete de los actuales, se tuvo a la responsable de mérito remitiendo las constancias relativas con las que consideró satisfizo los lineamientos de dicha resolución. Notifíquese en términos de ley.
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