Reyna Josseline Cruz Orozco
Expediente 61/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Reyna Josseline Cruz Orozco
Actuaciones
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veinte de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cconducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por medio del cual rinde informe justificado, y remite lo siguiente: Copia certificada del exhorto 138/2016, del oficio 4158/2016 y del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete todos relativos al expediente 729/2016 de su índice y su notificación. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se le otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por Estrella Berenice Cruz Orozco, en representación de su menor hija ***, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de la responsable la omisión de dictar el auto o decreto respecto de un ocurso presentado por la quejosa dentro del expediente número 729/2016, donde se ventila el JUICIO DE ALIMENTOS promovido por la quejosa en contra del hoy tercero interesado." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda, se observa que la promovente se duele de la omisión de dictar el auto correspondiente al escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 729/2016 del índice de la autoridad responsable. Por tal motivo, en auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 6 a 8), se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al rendir el informe justificado manifestó que si es cierto el acto que le imputó la quejosa, lo que se corrobora con el escrito de demanda que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, tal como se advierte de la papeleta de turno, en tanto que el escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, fue contestado en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete emitido en el expediente 729/2016, por lo que se colige que la omisión de la que se duele la parte quejosa sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable en su oficio de cuenta, consistente copia certificada del exhorto 138/2016, del oficio 4158/2016 y del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete todos relativos al expediente 729/2016 de su índice y su notificación de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, de lo cual se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por la aquí quejosa, acuerdo en el que determinó lo siguiente: "JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------------Se tiene por presentada la ciudadana ESTRELLA BENERICE CRUZ OROZCO, con su escrito recibido en fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, como lo solicita, y toda vez que los alimentos son de orden público y de urgente necesidad, con fundamento en los artículos 858 y 863 del Código Civil del Estado, gírese atento OFICIO al TITULAR DEL 3/er BATALLON DE POLICIA MILITAR DE LA 1/a BRIGADA DE POLICIA MILITAR (CAMPO MILITAR no. 1-A, CIUDAD DE MEXICO), con domicilio ubicado en el Campo Militar 1-A, 3er Batallón de Policía Militar, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11200, ciudad de México, México, para que una vez reciba el oficio correspondiente, PROCEDA A DESCONTAR EN FORMA "RETROACTIVA" A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS EN CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, el TREINTA POR CIENTO del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el ciudadano JUAN DAMIAN NOTARIO, a favor de su menor hija [se omite nombre de la menor], cuyo importe deberá consignarlo ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración e Impartición de Justicia en el Estado, ubicado en la avenida Framboyanes, entre las calles Chicozapote y Machiche, número 250, lote 1, manzana 122, de la colonia Arboledas II, de esta ciudad, para su pago; o de ser posible, depositar las pensiones alimenticias en la cuenta bancaria número 65503657656, de la institución bancaria denominada BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, a nombre del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, con clave interbancaria 014690655036576566 para su pago a la promovente del presente asunto, cuyas fichas de depósito deberán acreditarlas MEDIANTE OFICIO al correo electrónico Jazueta@tsjqroo.gob.mx, debiendo señalar el monto depositado, el periodo al que comprende el mismo, el número de expediente 729/2016, del Juzgado Familiar Oral de esta ciudad Chetumal, Quintana Roo, señalando además que es a favor de la ciudadana ESTRELLA BENERICE CRUZ OROZCO; y en virtud de lo anterior, se le hace del conocimiento que puede comunicarse a los números telefónicos 9838321000 ext. 848 y 849 con el Licenciado JORGE E. AZUETA GOROCICA; en el entendido de que el descuento retroactivo ordenado deberá realizarlo en pequeñas parcialidades que no excedan del cincuenta por ciento de la pensión alimenticia que se le tendrá que descontar quincenalmente al deudor alimentario, hasta cubrir la totalidad del adeudo que se ha generado hasta el día de hoy, o en su caso, ACREDITE MEDIANTE OFICIO haberlas pagado con las fichas de depósito ante el correo electrónico Jazueta@tsjqroo.gob.mx. señalando el monto depositado, el periodo al que comprende el mismo, el número de expediente 729/2016, del Juzgado Familiar Oral de esta ciudad Chetumal. Quintana Roo, precisando que es a favor de la ciudadana ESTRELLA BENERICE CRUZ OROZCO; por lo que se le hace del conocimiento que puede comunicarse a los números telefónicos 9838321000 ext. 848 y 849 con el Licenciado JORGE E. AZUETA GOROCICA, con el apercibimiento que de no dar estricto cumplimiento a lo ordenado, será sancionado con una MULTA DE VEINTE DIAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN ESTA ZONA, cuyo importe será el de MIL SEISCIENTOS PESOS 8/100 MONEDA NACIONAL, misma que se duplicará en caso de reincidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 863 del Código Civil del Estado. Y en virtud de lo anterior, se le concede a dicha autoridad el término de TRES DÍAS MAS SIETE EN RAZON DE LA DISTANCIA a partir de que reciba el presente oficio, informe a este Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo, ubicado en la calle Chicozapote, sin número, entre Altos de Sevilla y Rio Verde, sobre el cumplimiento de dicho requerimiento. Por cuanto el TITULAR DEL 3/er BATALLON DE POLICIA MILITAR DE LA 1/a BRIGADA DE POLICIA MILITAR (CAMPO MILITAR no. 1-A, CIUDAD DE MEXICO), tiene su domicilio ubicado en el Campo Militar 1-A. 3er Batallón de Policía Militar, colonia Lomas de Sotelo. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11200, ciudad de México. México, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, GIRESE ATENTO EXHORTO AL JUEZ COMPETENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SE SIRVA DESIGNAR EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO ANTES DISTRITO FEDERAL, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ENVIAR EL OFICIO ORDENADO LÍNEAS ARRIBA. Lo anterior obedece a que no existe depósito alguno por concepto de pensión alimenticia ante el Fondo Para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, institución que ha informado a la parte actora que el depositante deberá acreditar las circunstancias que se le requieren en el presente acuerdo para que se le tenga por realizado los pagos por concepto de pensión alimenticia a favor de la ciudadana ESTRELLA BERENICE CRUZ OROZCO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE." En esa tesitura, al haberse dictado el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente 729/2016, mediante el cual se dio contestación al escrito presentado por la quejosa el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señaló la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, proveyó el escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete emitido en autos del expediente 729/2016, el cual fue notificado a la parte quejosa el treinta y uno de enero del presente año tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber dictado el referido acuerdo las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegaron por esta vía la quejosa. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó a la Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ***, en representación de su menor hija ***, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 61/2017, y se admite en sus términos la demanda de que se trata. Dése la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
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