Reyna Jimenez Milian
Expediente 634/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Reyna Jimenez Milian
Actuaciones
- Principal
el Juez Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, comunica que aceptó la competencia planteada. archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Reyna Jiménez Milian, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en Huatusco, Veracruz, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. REGISTRO. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" electrónico bajo el expediente 634/2023- III-F. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. INCOMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, de la lectura íntegra del ocurso de demanda, se advierte que la parte promovente reclama en esencia la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública dictada en contra de la aquí quejosa dentro del proceso penal 43/2022-B del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Huatusco, Veracruz, por el delito de lesiones dolosas calificadas, así como su ejecución. En razón de lo expuesto, es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo, para lo cual es pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente: 1) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. 2) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. 3) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado; empero, el supuesto en comento puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos. Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Con base en lo anterior, es inconcuso que el acto que se reclama en este juicio de amparo encuadra en el supuesto de aquellos actos donde trate de ejecutarse el acto reclamado, dado que las autoridades que señala la promovente como responsables, tienen su residencia en Huatusco, Veracruz, Esto es así, pues de la lectura de su escrito de demanda, se desprende que señaló al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Huatusco, Veracruz, como autoridad responsable ordenadora y al Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con la misma residencia, como autoridad responsable ejecutora; lo que se corrobora del capítulo de la demanda relativo a los antecedentes del actor reclamado, narró que el juez de Control responsable dictó una orden de Comparecencia para presentarla con auxilio de la Fuerza Pública, enterándose que el uno de julio de dos mil veintitrés, elementos de la policía ministerial destacamentados en Huatusco, Veracruz, se presentaron en la localidad de Tetelcingo, municipio de Coscomatepec, Veracruz, con familiares y vecinos a preguntar por su paradero con el supuesto de una orden de comparecencia librada en su contra. Manifestaciones que constituye una confesión judicial expresa con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es un hecho notorio para el suscrito, que en este órgano jurisdiccional se formaron los juicios de amparo 772/2022 y 781/2022, lo cuales fueron enviados por incompetencia al juez de Distrito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, por ser el competente para dictar la sentencia correspondiente en dichos juicios, en razón de que, en el caso, el dato relevante para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito respecto a un acto reclamado que requiera ejecución material, lo constituye el lugar en que tendrá ejecución el mandato impugnado, esto es, en Huatusco, Veracruz; máxime, que dichos juicios se encuentran relacionados con el proceso penal 43/2022 del índice del juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Huatusco, Veracruz, de donde manifiesta la parte quejosa que emana el acto reclamado en esta vía constitucional. A más de que resulta indudable que de materializarse el acto reclamado todos los efectos jurídicos de la orden de comparecencia se verificarán en el lugar en el que se siga el proceso de origen. Por lo que el acto que por esta vía reclama la promovente, habrá de ejecutarse fuera de la jurisdicción de este juzgado (Huatusco y/o localidad de Tetelcingo, municipio de Coscomatepec, Veracruz), con lo cual, es evidente que será competente para conocer del presente asunto el juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito que establece en lo que interesa: (.) VII. SÉPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.] Coscomatepec [.] Huatusco [.]. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de rubro y datos de identificación siguientes COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN, CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. (S.J.F. y su Gaceta, 7ª Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, pág. 88). Adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar autoridades ejecutoras donde quisiera promover o designar un domicilio particular a conveniencia; lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sirve como apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA. Cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla, sitio el cual, ordinariamente, deberá ser aquel en que se encuentre dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Por ende, si no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en determinado circuito judicial (por ejemplo, cuando no se advierten datos a partir de los cuales pueda inferirse que el destinatario de esa orden ya se encontraba localizado) y, frente a ello, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó o, incluso, como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden, que se hubiera designado para su reclusión preventiva un centro carcelario localizado en diversa demarcación, por cuestión territorial, salvo excepción expresa, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica el Juez penal que ordenó la aprehensión. (S.J.F., 10ª Época,, publicada el viernes 27 de mayo de 2016, Materia(s): (Común), Tesis: I.1o.P.31 P (10a.)." Por lo que es indudable y manifiesto que todos los efectos del acto reclamado se continuarán materializando necesariamente en la jurisdicción de Xalapa, Veracruz, por virtud de que el la autoridad ordenadora y ejecutora tienen su residencia en Huatusco, Veracruz y, el domicilio de la quejosa se ubica en la localidad de Tetelcingo, municipio de Coscomatepec, Veracruz, los cuales pertenecen a esa jurisdicción, de conformidad con el acuerdo antes descrito. Por los motivos que la sustentan, cobra vigencia la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. (S.J.F. y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.), Pág. 383) Además, se cita la tesis aislada de la mencionada Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de título y texto siguiente: COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo. (S.J.F., Tomo IX, mayo de 1992, 8ª Época, tesis 1ª. III/92, pág. 95)." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado al juez de Distrito en el Estado, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitando el acuse de recibo vía electrónica y/o interconexión. Con independencia de lo expuesto, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito[a] a este órgano jurisdiccional, para el efecto de dejar a disposición del juzgado competente, el presente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Fórmese cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que su integración es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente las constancias [impresas] que exhiban con posterioridad a esta determinación, pues en el caso, aquellas que integran el expediente, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, conforme al citado Acuerdo General. Correo electrónico. Téngase a la citada parte proporcionado correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] María Aidé Márquez Vázquez y Jacqueline Guzmán Milian, por contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y en términos restringidos, a la restante persona por no estar en igualdad de circunstancias. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, en virtud de no atender citatorio (artículo 27 fracción I, inciso b, de la Ley de amparo) que, en lo que interesa dice: Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Reyna Jiménez Milian, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en Huatusco, Veracruz, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. REGISTRO. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" electrónico bajo el expediente 634/2023- III-F. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. INCOMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, de la lectura íntegra del ocurso de demanda, se advierte que la parte promovente reclama en esencia la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública dictada en contra de la aquí quejosa dentro del proceso penal 43/2022-B del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Huatusco, Veracruz, por el delito de lesiones dolosas calificadas, así como su ejecución. En razón de lo expuesto, es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo, para lo cual es pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente: 1) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. 2) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. 3) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado; empero, el supuesto en comento puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos. Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Con base en lo anterior, es inconcuso que el acto que se reclama en este juicio de amparo encuadra en el supuesto de aquellos actos donde trate de ejecutarse el acto reclamado, dado que las autoridades que señala la promovente como responsables, tienen su residencia en Huatusco, Veracruz, Esto es así, pues de la lectura de su escrito de demanda, se desprende que señaló al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Huatusco, Veracruz, como autoridad responsable ordenadora y al Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con la misma residencia, como autoridad responsable ejecutora; lo que se corrobora del capítulo de la demanda relativo a los antecedentes del actor reclamado, narró que el juez de Control responsable dictó una orden de Comparecencia para presentarla con auxilio de la Fuerza Pública, enterándose que el uno de julio de dos mil veintitrés, elementos de la policía ministerial destacamentados en Huatusco, Veracruz, se presentaron en la localidad de Tetelcingo, municipio de Coscomatepec, Veracruz, con familiares y vecinos a preguntar por su paradero con el supuesto de una orden de comparecencia librada en su contra. Manifestaciones que constituye una confesión judicial expresa con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es un hecho notorio para el suscrito, que en este órgano jurisdiccional se formaron los juicios de amparo 772/2022 y 781/2022, lo cuales fueron enviados por incompetencia al juez de Distrito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, por ser el competente para dictar la sentencia correspondiente en dichos juicios, en razón de que, en el caso, el dato relevante para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito respecto a un acto reclamado que requiera ejecución material, lo constituye el lugar en que tendrá ejecución el mandato impugnado, esto es, en Huatusco, Veracruz; máxime, que dichos juicios se encuentran relacionados con el proceso penal 43/2022 del índice del juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Huatusco, Veracruz, de donde manifiesta la parte quejosa que emana el acto reclamado en esta vía constitucional. A más de que resulta indudable que de materializarse el acto reclamado todos los efectos jurídicos de la orden de comparecencia se verificarán en el lugar en el que se siga el proceso de origen. Por lo que el acto que por esta vía reclama la promovente, habrá de ejecutarse fuera de la jurisdicción de este juzgado (Huatusco y/o localidad de Tetelcingo, municipio de Coscomatepec, Veracruz), con lo cual, es evidente que será competente para conocer del presente asunto el juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito que establece en lo que interesa: (.) VII. SÉPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.] Coscomatepec [.] Huatusco [.]. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de rubro y datos de identificación siguientes COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN, CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. (S.J.F. y su Gaceta, 7ª Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, pág. 88). Adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar autoridades ejecutoras donde quisiera promover o designar un domicilio particular a conveniencia; lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sirve como apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA. Cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla, sitio el cual, ordinariamente, deberá ser aquel en que se encuentre dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Por ende, si no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en determinado circuito judicial (por ejemplo, cuando no se advierten datos a partir de los cuales pueda inferirse que el destinatario de esa orden ya se encontraba localizado) y, frente a ello, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó o, incluso, como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden, que se hubiera designado para su reclusión preventiva un centro carcelario localizado en diversa demarcación, por cuestión territorial, salvo excepción expresa, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica el Juez penal que ordenó la aprehensión. (S.J.F., 10ª Época,, publicada el viernes 27 de mayo de 2016, Materia(s): (Común), Tesis: I.1o.P.31 P (10a.)." Por lo que es indudable y manifiesto que todos los efectos del acto reclamado se continuarán materializando necesariamente en la jurisdicción de Xalapa, Veracruz, por virtud de que el la autoridad ordenadora y ejecutora tienen su residencia en Huatusco, Veracruz y, el domicilio de la quejosa se ubica en la localidad de Tetelcingo, municipio de Coscomatepec, Veracruz, los cuales pertenecen a esa jurisdicción, de conformidad con el acuerdo antes descrito. Por los motivos que la sustentan, cobra vigencia la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. (S.J.F. y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.), Pág. 383) Además, se cita la tesis aislada de la mencionada Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de título y texto siguiente: COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo. (S.J.F., Tomo IX, mayo de 1992, 8ª Época, tesis 1ª. III/92, pág. 95)." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado al juez de Distrito en el Estado, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitando el acuse de recibo vía electrónica y/o interconexión. Con independencia de lo expuesto, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito[a] a este órgano jurisdiccional, para el efecto de dejar a disposición del juzgado competente, el presente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Fórmese cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que su integración es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente las constancias [impresas] que exhiban con posterioridad a esta determinación, pues en el caso, aquellas que integran el expediente, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, conforme al citado Acuerdo General. Correo electrónico. Téngase a la citada parte proporcionado correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] María Aidé Márquez Vázquez y Jacqueline Guzmán Milian, por contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y en términos restringidos, a la restante persona por no estar en igualdad de circunstancias. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,776 expedientes
- Rey Zaria Yépez680/2023
- Reyes Cervantes García122/2023
- Reyna Damian Vazquez14/2023
- Reyna Gomez Calderon1066/2021
- Reyna Jimenez Milian772/2022
- Reyna Jiménez Milian705/2018
- Reyna Zepahua Oltehua468/2021
- Reyna Zepahua Oltehua516/2023
- Reynaldo Luis Calderón Vent892/2021
- Ricardo Aguilar Bravo795/2023
- Ricardo Aguilar Hernández909/2023
- Ricardo Aguilar Rodriguez1071/2023