Reyna Isabel Solís Cetina
Expediente 2552/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2552/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Reyna Isabel Solís Cetina
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de tres de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. (.)
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ************ contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, demanda que fue presentada con tres copias y un anexo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 2552/2021-VIII. Del análisis integral del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, lo acordado el audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral 846/2021 y ordenó enviar el expediente a la Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para su tramitación. Este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amerita su desechamiento. Este supuesto, ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, se encuentra condicionada a que estos sean definitivos; lo que significa, que el amparo solo debe promoverse una vez que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia, la acepta. Lo anterior, explicó el alto tribunal, porque es en ese momento (aceptación de la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia) cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencia del acto reclamado, pues puede darse el caso de no aceptación de la competencia, lo que originara un conflicto que deberá ser previamente dilucidado. Estos razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." La cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Máxime que de la lectura de la demanda no se advierte que la quejosa hubiese reclamado la determinación que en su caso hubiese emitido la Junta Federal a favor de la cual se declinó la competencia para conocer del juicio de origen, lo que no permite su análisis a través de esta vía constitucional, por lo que es evidente que se actualiza la invocada causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado no es definitivo. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados a los que indica, con las facultades que les otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por señalado como correo electrónico y número de teléfono el proporcionado por la parte quejosa en su demanda de amparo, el cual únicamente se utilizará en caso de ser pertinente y con fines de localización, cuando no se puedan realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. De igual forma, por lo que respecta a la solicitud para el uso de aparatos electrónicos, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Notifíquese personalmente al promovente.
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