Reyna Isabel Gonzalez Navarrete
Expediente 659/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2022
Partes del expediente
- Reyna Isabel Gonzalez Navarrete
- Francisco Ricardo Lopez
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FRANCISCO RICARDO LÓPEZ, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en relación con los numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no aplicaran a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modificaran dichas normativas. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado. En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, informó que realizó el pago a la parte quejosa, lo que acreditó con la copia de la transferencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, a cargo del Banco BANORTE, a la cuenta bancaria de la quejosa, realizada por la cantidad de $9,080.48 (nueve mil ochenta pesos 48/100 moneda nacional), que adjuntó al oficio de referencia; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, y el día de hoy se tiene por CUMPLIDA la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Ricardo Humberto García Ibarra, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; luego, en atención a su contenido, remítase copia simple del escrito y anexo de cuenta a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, hágase del conocimiento el presente proveído de las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, tomando en consideración que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FRANCISCO RICARDO LÓPEZ, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Por otra parte, agréguese a los autos el ocurso de cuenta, presentado por la vía electrónica por Ricardo Humberto García Ibarra, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que esté a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y Circular CAP/3/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/1/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a los autos el ocurso de cuenta, presentado por la vía electrónica por Ricardo Humberto García Ibarra, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario HUMBERTO22, para la consulta del expediente en esa vía. NOTIFÍQUESE.
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