Reyna Isabel Cuevas Muñoz
Expediente 435/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyna Isabel Cuevas Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veinte de junio del presente año, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Reyna Isabel Cuevas Muñoz, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: REYNA ISABEL CUEVAS MUÑOZ. Visto el estado de autos en especial el escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el trece de junio de dos mil dieciocho y la comparecencia de ratificación de firma de diecinueve de junio en curso, de los que se obtiene que la quejosa ratificó el ocurso en que pretendió cumplir con la prevención formulada en auto de ocho de junio de dos mil dieciocho; en esas condiciones, téngasele cumpliendo con dicha prevención al formular la protesta de ley que le fue requerida. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo y escritos complementarios para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar las causas de improcedencia que en el caso se actualizan, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. De la demanda de amparo de las quejosa se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridad ordenadora: Juez Menor del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. De quien reclamó: "a) Resolución del dos de marzo de dos mil diecisiete; b) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO', de fecha 16 dieciséis del mes de marzo de 2017 dos mil diecisiete; c) Resolución del 28 veintiocho de marzo de 2017 de dos mil diecisiete: d) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA', del día 01 primero de Junio del año de dos mil diecisiete; e) Auto del quince de junio de dos mil diecisiete; f) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA Y CERRAJERO', del día 26 veintiséis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete'. g) el cumplimiento de lo ordenado de fecha 26 de abril del año 2018, que obra a foja 35 del expediente principal h).- 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA Y CERRAJERO', de fecha 2 de Mayo del año 2018" Autoridad ejecutora: Actuario adscrito al Juzgado Menor del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. De la cual reclama la ejecución de las determinaciones y diligencias antes mencionadas. En la especie, quien resuelve estima que respecto de los actos reclamados siguientes: "a) Resolución del dos de marzo de dos mil diecisiete; b) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO', de fecha 16 dieciséis del mes de marzo de 2017 dos mil diecisiete; c) Resolución del 28 veintiocho de marzo de 2017 de dos mil diecisiete: d) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA', del día 01 primero de Junio del año de dos mil diecisiete; e) Auto del quince de junio de dos mil diecisiete; f) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA Y CERRAJERO', del día 26 veintiséis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete". Que se reclaman a las autoridades responsables se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI de la invocada ley reglamentaria del juicio de garantías que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior [.]". De la interpretación sistemática del precepto reproducido se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria pronunciada en diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables, aun cuando las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. La mencionada causal de improcedencia encuentra su justificación en el hecho de evitar la promoción de tantos juicios de amparo como lo desee la parte quejosa en contra de una ley específica o un acto reclamado concreto, dado que cuando ya fueron analizados en diversa ejecutoria pronunciada por el órgano de control constitucional, lo resuelto en dicha ejecutoria constituye cosa juzgada, es decir, verdad legal que no admite ya ulterior recurso, ni existe forma de modificarla ante la identidad de sujetos y de autoridades, así como del objeto que lo constituye en sí el acto concretamente reclamado. La invocada causa de improcedencia, se actualiza en el caso, porque de las constancias que integran el diverso juicio de amparo II-1011/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, se obtiene que la promovente Reyna Isabel Cuevas Muñoz reclamó sustancialmente, los mismos actos a los indicados en la demanda de cuenta, esto es, los que enumeró en la forma siguiente: "a) Resolución del dos de marzo de dos mil diecisiete; b) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO', de fecha 16 dieciséis del mes de marzo de 2017 dos mil diecisiete; c) Resolución del 28 veintiocho de marzo de 2017 de dos mil diecisiete: d) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA', del día 01 primero de Junio del año de dos mil diecisiete; e) Auto del quince de junio de dos mil diecisiete; f) 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA Y CERRAJERO', del día 26 veintiséis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete". Actos deducidos del juicio ejecutivo mercantil 196/2017, en la que es parte demandada la quejosa Reyna Isabel Cuevas Muñoz, esto es, en contra de las mismas autoridades responsables, respecto de las cuales por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos enumerados en los incisos a), b), c), d) y, e); sin embargo, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa únicamente respecto del acto descrito en el inciso f) consistente en la diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Expediente que se tiene a la vista, por constituir un hecho notorio para este juzgador los diversos juicios que se tramitan ante este propio órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta última legislación; en esas condiciones, obténgase copia certificada de las principales constancias que conforman el referido controvertido constitucional. Sirve de apoyo la tesis XIII.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dispone lo siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo". Luego, si en el presente juicio de amparo la aludida quejosa reclama de las mismas autoridades idénticos actos reclamados a los plasmados en la diversa demanda, que dio origen al sobreseimiento y protección constitucional dentro del juicio de amparo II-1011/2017, la cual se declaró cumplida el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, virtud a que no fue recurrida por ninguna de las partes, resulta evidente que el acto reclamado en la presente contienda constitucional ya fue materia de un juicio de amparo anterior, en el que si bien por una parte se sobreseyó en el juicio y, en otra, se otorgó la protección constitucional, lo cierto es que esos mismos actos que fueron objeto de estudio en aquél juicio de amparo, no pueden ser materia de un nuevo juicio. En efecto, aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha omitido cumplir con el principio de definitividad al no haberse agotado el recurso de virtud del cual éstas pudieron ser modificadas, nulificadas o revocadas, dado que tal situación no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo; lo que también ocurre con los actos que fueron objeto de protección constitucional, en atención a que no puede desconocerse que al haberse otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión no podría ser materia de un nuevo juicio, máxime si se toma en consideración que ya se declaró cumplido dicho fallo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del siguiente literal: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". (Lo subrayado es de este juzgado). Así como las diversas tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) y I.7o.A.132 K , sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que respectivamente, sustentan lo siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados". Por tanto, procede desechar la demanda de amparo respecto de los actos reclamados que la parte quejosa enumero con los incisos a), b), c), d), e) y f) , con fundamento en el artículo 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XI, ambos de la ley de la materia. Ahora, respecto de los actos reclamados marcados con los incisos g) y h), los cuales el quejoso hizo consistir en lo siguiente: "g) el cumplimiento de lo ordenado de fecha 26 de abril del año 2018, que obra a foja 35 del expediente principal h).- 'ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA Y CERRAJERO', de fecha 2 de Mayo del año 2018". Actos respecto de los cuales a juicio de este juzgador se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; para lo cual deben actualizarse las circunstancias siguientes: a) Que sea el inconforme quien lo haya interpuesto contra el acto de autoridad del cual solicite la protección constitucional; b) Haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) El recurso constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto en el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página quince, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En el caso que nos ocupa, el juicio de amparo promovido por Reyna Isabel Cuevas Muñoz respecto de los actos reclamados consistentes en I. El cumplimiento del auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho; y, II. El acta de requerimiento de pago y embargo con auxilio de la fuerza pública y cerrajero verificado en diligencia de dos de mayo del año en curso; virtud a que respecto de dichos actos existe un medio de defensa ordinario en trámite con el cual puede anular los actos de autoridad combatidos, a saber, se encuentra en trámite un incidente de nulidad de actuaciones. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente citar que la quejosa acude al presente juicio de amparo a reclamar: ? El auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho que ordenó el embargo de sus bienes y la diligencia de dos de mayo de dos mil dieciocho que dio cumplimiento a dicha orden, en la que se embargaron bienes propiedad de la quejosa, dentro del juicio ejecutivo mercantil 196/2017, del índice del Juzgado Menor del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. En ese orden, debe decirse que el juicio de amparo indirecto constituye un medio de defensa extraordinario que tiene como finalidad proteger derechos humanos contra actos de autoridad. Luego, en términos del artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, el juicio de derechos humanos procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Así, la ley permite que las personas que no formen parte del juicio subyacente acudan al juicio de amparo cuando con motivo de la tramitación de un proceso jurisdiccional en el que no forman parte se afecte alguno de sus derechos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa la quejosa es parte demandada y con ese carácter decidió acudir directamente a dicho juicio a hacer valer un medio de defensa ordinario a fin de restablecer el derecho que le hubiese sido vulnerado; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente pues aún se encuentra pendiente de resolución un recurso mediante el cual la quejosa puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado. De ahí que la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como supuesto de improcedencia de la acción de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, hipótesis que tiene como finalidad asegurar el principio de definitividad que constituye una parte sustancial del núcleo básico del juicio de amparo . En el caso que nos ocupa, de los escritos de cumplimiento de prevención presentados en la oficialía de partes de este juzgado el seis y trece de junio actual, que como antecedentes de los actos reclamados, narrados bajo protesta de decir verdad, la quejosa en forma espontánea indicó que respecto de los actos reclamados que aquí se analizan se encontraba tramitando un incidente de nulidad de actuaciones el cual se encuentra en trámite. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la solicitante del amparo, antes de promover el presente juico de garantías, con el objeto de defender sus intereses respecto de los bienes muebles que manifiesta son de su propiedad, promovió incidente de nulidad de actuaciones, la cual fue admitido por el juez responsable. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la demanda y escritos aclaratorios- por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No se soslaya que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Reyes Gabriel Montiel180/2019
- Reyna Abeja Linares523/2021
- Reyna Aveja Linares266/2022
- Reyna Cortes Cristobal684/2015
- Reyna Isabel Cuevas Muñoz743/2018
- Reyna Isabel Cuevas Muñoz1011/2017
- Reyna Lizbeth Ortega Silva286/2018
- Reynalda Domínguez Domínguez828/2019
- Reynalda Duarte Morales596/2019
- Reynaldo Juárez Martínez921/2021
- Reynaldo Mora Aguilar108/2020
- Reynaldo Piñón Rangel1009/2018