Reyna Isabel Cabrera

Expediente 1030/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Reyna Isabel Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 12 a 23), que desechó la demanda de amparo. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su dispositivo 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    MESA 5-A.- Vista la demanda de amparo presentada por XXX, por propio derecho y en representación del menor de edad de iniciales E.J.C., contra actos del Titular de la Oficina de representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad....Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1030/2023. PRECISIONES No pasa desapercibido, que la quejosas Reyna Isabel Cabrera, no exhibió junto a la demanda de amparo ningún documento con el que acredite la representación del menor de edad de iniciales E.J.C. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que es sumamente difícil para las personas refugiadas aportar todas las pruebas necesarias para validar o comprobar sus afirmaciones, puesto que es imposible que una persona cuya vida, seguridad, libertad o integridad corren peligro prepare de manera exhaustiva las pruebas que apoyan su caso en el país de acogida. Por tanto, ha estimado que si las declaraciones del solicitante y las pruebas que en su caso tuviera a su alcance no entran en conflicto con la información objetiva recabada, cualquier elemento de duda no debe ser un obstáculo para acceder a la solicitud; es decir, se le debe conceder el beneficio de la duda.1 En el mismo sentido, el ACNUR (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha estimado que, en atención a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas solicitantes, es frecuente que no puedan aportar documentación que sirva como soporte a su declaración. Por ende, ha estimado que es indispensable proceder a una evaluación del grado de credibilidad, para lo cual es necesario tomar en consideración sus antecedentes personales y familiares, su pertenencia a un grupo racial, religioso, nacional, social o político, la forma en la que interpreta su situación y sus experiencias personales.2 Ello, sin embargo, no significa que las afirmaciones no confirmadas deban aceptarse forzosamente como ciertas si no concuerdan con el contexto de la persona solicitante y de su país de origen.3 Como se puede apreciar, este principio ha sido desarrollado en el contexto de las personas solicitantes de la condición de refugiado. No obstante, las personas juzgadoras podrían valorar su aplicación en otros supuestos en que una persona migrante esté sometida a un procedimiento ante la autoridad migratoria. Ello, siempre que la persona migrante se vea en dificultad o imposibilidad para aportar elementos probatorios que sirvan de soporte a los hechos en que base su petición o defensa. Lo anterior, parte de que la razón que da lugar a la aplicación del principio de beneficio de la duda radica en que las personas que salen de su país y buscan establecer residencia en uno distinto pueden estar en una situación de particular desventaja para ofrecer elementos de prueba dentro de un procedimiento ante la autoridad. Por ende, en la medida que la persona juzgadora advierta que dicha situación se presenta en un caso concreto, podría aplicar el beneficio de la duda al evaluar la acreditación de los hechos. Ello implica que, si las declaraciones del solicitante y las pruebas existentes no entran en conflicto con la información objetiva recabada, se deberían favorecer los derechos de la persona migrante. Además, en caso de que la persona juzgadora estime aplicable el referido principio al caso concreto, es importante que considere la garantía del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En ese sentido, quienes imparten justicia deben tomar en cuenta las referidas condiciones de desventaja y remediarlas a través de medidas procesales. Para tal fin, la persona juzgadora podría allegarse oficiosamente de elementos de prueba que le permitan esclarecer los hechos controvertidos; de ahí que en el presente caso se provea lo conducente con las copias simples presentadas....El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse....Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. El contenido de los artículos y fracciones señalados en el siguiente: En esas condiciones, al haberse consentido los acto reclamados, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Reyna Isabel Cabrera, por propio derecho y en representación del menor de edad de iniciales E.J.C.. Igual consideración debe adoptarse en relación los diversos actos que reclaman, consistentes en la: 2. La falta de expedición de la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, realizado por la parte quejosa y 3. La falta de expedición de la Clave Única del Registro de Población (CURP); toda vez que se tratan de una consecuencia de los actos originalmente señalados, esto es, la fecha lejana contenida en la cita número 202799; de la cual, tuvo conocimiento desde el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) 1 , si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Conviene dejar en claro, que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa, a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de sobreseimiento analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman.

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