Reyna Hurtado Vieyra
Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2021
Partes del expediente
- Reyna Hurtado Vieyra
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENE A LA PARTE QUEJOSA Y A SU DEFENSORA.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio de amparo ***** promovido por ***** en el que, entre otros aspectos, el Titular de dicho órgano de control de la constitucionalidad se declaró legalmente incompetente por materia, para conocer del asunto, en razón de que se estimó que la competencia corresponde al Juez de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por ser de naturaleza penal. Bajo esa tesitura, en razón de que el acto reclamado consiste en una orden de cambio de dormitorio dentro de un centro penitenciario, entonces se desprende que el juicio que se recibe tiene naturaleza penal, por lo que este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora, de su análisis integral, se advierte que la quejosa se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad; y, que se señala como actos reclamados: (...) Ahora, conforme con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.Luego, como ya se acotó, la quejosa, interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, señala como acto reclamado la orden de cambio del dormitorio así como su ejecución. Sin embargo, dichos actos previo a ser reclamados por la vía constitucional, debieron ser impugnados ante la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, según lo estipulado en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o bien, de considerar que los mismos resultan ser un caso urgente, directamente ante el Juez de Ejecución en términos del numeral 115 del mismo ordenamiento legal invocado, por medio de los cuales puede ser nulificado el acto de que se duele; lo anterior, en atención al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio. Sin que al efecto se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo; esto, pues lo cierto es que en el caso, la quejosa no reclama que los actos de que se duele carezcan de fundamentación y, por el contrario, encontramos que las cuestiones relativas a las condiciones de los internos se encuentran reguladas por la citada ley de ejecución; además, no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento sin que la ley aplicable lo haga, pues como se precisó en líneas precedentes, es la propia Ley de Ejecución de Penas la que lo estipula. Además, como ya se adelantó, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión de la ahora quejosa; adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. En esa tesitura, como ya se adelantó, la quejosa se encuentra sujeta a la hipótesis de tener que agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover el juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 9, 107 a 115 y 130 a 135, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En ese sentido, previo a promover el presente juicio de amparo, los actos debieron ser impugnados ante la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, según lo estipulado en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o bien, de considerar que los mismos resultan ser un caso urgente, directamente ante el Juez de Ejecución en términos del numeral 115 del mismo ordenamiento legal invocado. Tampoco se soslaya la manifestación de la parte quejosa asentada en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, en el sentido de que "en este dormitorio sufro de tortura psicológica, vejaciones y malos tratos y aunque lo he reportado me ignoran a las autoridades (.) Hago hincapié en que dicho cambio pone en riesgo la integridad de la suscrita, su vida y su estabilidad física, psicológica emocional y mental", a fin de que se dé el trámite correspondiente a su demanda. Esto, porque no reclama esos actos como tales, sino sus alegaciones derivan de su apreciación subjetiva del lugar en el que actualmente se encuentra asignada; lo anterior es así, ya que de la lectura integral del escrito de derechos fundamentales se evidencia que tales actos no se los atribuye a las autoridades que indicó como responsables, ni tampoco fueron señalados en el presente juicio. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. En otro orden de ideas, requiérasele para que al momento de la notificación de este proveído informe si cuenta con defensor o abogado que lo represente, en su caso, el nombre del mismo y domicilio de este a fin de que pueda comparecer al presente juicio a salvaguardar los intereses de la aquí quejosa. No obstante lo anterior, requiérase al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en el plazo de tres días hábiles, en uso de sus facultades designe a un defensor público que deberá representar los intereses de la citada quejosa, Desde este momento, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales
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