Reyna Guevara Méndez

Expediente 328/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
328/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Reyna Guevara Méndez
  • Sussly Contreras Guevara y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del año en curso, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, en términos del tercer párrafo del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 328/2023-V. Acto reclamado. La lectura integral de la demanda con la que se ha dado cuenta, revela que las quejosas como acto reclamado señalan: "La interlocutoria publicada en lista el 30 de Junio del 2023, respecto de la Excepción de Falta de Personalidad planteada por las quejosas en el Juicio Ejecutivo Mercantil seguido ante el Juez Responsable bajo el expediente 310/2023." Desechamiento de demanda. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala la resolución de treinta de junio del dos mil veintitrés, pronunciada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 310/2023 (en el que las quejosas tienen el carácter de demandadas), que declara improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por las propias quejosas; de ahí que, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino la posible violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que las inconformes obtengan una resolución favorabl, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el acto que reclaman a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En otras palabras, los efectos de la resolución reclamada se actualizarían hasta el dictado del sentencia respectiva en el mencionado expediente, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de que el juzgado responsable declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que le fue planteado, se vulneraron las defensas de las quejosas, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época número de registro 2013976 que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueven Reyna Guevara Méndez y Sussly Contreras Guevara, contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Domicilio y autorizados. Ccon fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a David Cruz Chávez y a María Fernanda Cruz Gámez, toda vez que no cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de la parte promovente, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa la determinación de veintiuno de julio del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 328/2023-V. Acto reclamado. La lectura integral de la demanda con la que se ha dado cuenta, revela que las quejosas como acto reclamado señalan: "La interlocutoria publicada en lista el 30 de Junio del 2023, respecto de la Excepción de Falta de Personalidad planteada por las quejosas en el Juicio Ejecutivo Mercantil seguido ante el Juez Responsable bajo el expediente 310/2023." Desechamiento de demanda. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala la resolución de treinta de junio del dos mil veintitrés, pronunciada por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 310/2023 (en el que las quejosas tienen el carácter de demandadas), que declara improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por las propias quejosas; de ahí que, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino la posible violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que las inconformes obtengan una resolución favorabl, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el acto que reclaman a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En otras palabras, los efectos de la resolución reclamada se actualizarían hasta el dictado del sentencia respectiva en el mencionado expediente, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de que el juzgado responsable declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que le fue planteado, se vulneraron las defensas de las quejosas, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época número de registro 2013976 que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueven Reyna Guevara Méndez y Sussly Contreras Guevara, contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Domicilio y autorizados. Ccon fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a David Cruz Chávez y a María Fernanda Cruz Gámez, toda vez que no cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de la parte promovente, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano