Reyna Guadalupe Torres García
Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/09/2021
Partes del expediente
- Reyna Guadalupe Torres García
- REYNA GUADALUPE TORRES GARCÍA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 76/2021-I, promovido por promovido por Reyna Guadalupe Torres García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo identificado con las iniciales A.E.R.T. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El menor quejoso identificado con las iniciales A.E.R.T. fue diagnosticado con uropatia obstructiva izquierda con hidronefrosis grado II-III, en el que se le sugirió urotomografía complementaria8 , previos estudios realizados en hospitales particulares; sin embargo, dicho tratamiento ascendía a la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que ante ello, acudió a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El quince de febrero de dos mil veintiuno, el menor quejoso fue tratado por el médico familiar titular del consultorio número cuatro del turno matutino, del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, le manifestó que los estudios clínicos y radiografías realizados al menor en clínicas particulares, no eran válidos porque no fueron realizados por el seguro social, por lo que en esos momentos le otorgó órdenes para laboratorio y ultrasonido, a fin de que le volvieran a practicar dichos estudios; citas que fueron programadas hasta el cinco y doce de abril de dos mil veintiuno. 8 Colocación de catéter doble en riñón izquierdo "JJ izquierdo". 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/202-I [20] Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha sido omiso en brindar la atención médica que necesitaba el menor de identidad reservada y el tratamiento adecuado para atender el padecimiento de uropatia obstructiva izquierda con hidronefrosis grado II-III, consistente en la colocación de un catéter "JJ izquierdo". Lo que constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 3 a 21). Admisión con suspensión de plano: Tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 36 a 44). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 44 vuelta), quien formuló pedimento (fojas 66 y 67). Celebración de la audiencia constitucional: Veinte de septiembre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.9 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y el acto reclamado son los siguientes:10 1. Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. 2. Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. 3. Hospital General de la Zona Uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. 9 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 10 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/2021-I [21] Amparo indirecto 76/2021-I 4. Unidad Médica Familiar Número Veinticuatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. a) La abstención de proveerle atención médica oportuna y completa, al menor quejoso, respecto al tratamiento consistente en la colocación de un catéter "JJ izquierdo", lo que de no hacerse redundaría en un peligro a la vida y salud del niño. Autoridades Responsables Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 81 a 93 2 Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 81 a 93 3 Hospital General de la Zona Uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 81 a 93 4 Unidad Médica Familiar Número Veinticuatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit. El citado en el inciso a) Niega (Se desvirtúa) 81 a 93 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Debe decirse que las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, bajo el argumento de que en ningún momento han negado la atención médica, tratamiento o procedimiento médico reclamados. Atinente a lo anterior, es importante destacar que la negativa de las autoridades responsables mencionadas se desvirtúa por lo siguiente. El acto que les reclama la parte peticionaria del amparo consiste en la omisión de proveerle atención médica oportuna y completa, al menor quejoso, respecto al tratamiento consistente en la colocación de un catéter "JJ izquierdo". Al respecto, de conformidad con el precepto 4o., de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la salud, encontrándose obligado el Estado a garantizar tal prerrogativa, ello, a través de la Unidades Médicas que prestan los servicios de salud y con las que cuenta para tal efecto, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social -autoridad responsable en el presente litigio constitucional-, además, de conformidad con los artículos 1o., y 147, del Reglamento Interior de dicho instituto, se encuentra la obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo; así como, proporcionar atención en consulta externa, hospitalización médico quirúrgica, farmacéutica, en auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y servicios de admisión continua de alta especialidad, a los derechohabientes que les sean remitidos por otras unidades médicas del Instituto, así como a los no derechohabientes que estén amparados en virtud de los diferentes convenios que contempla la Ley, sin afectar la atención de los derechohabientes y hasta el límite de su capacidad instalada; promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de sus especialidades. Aunado a lo indicado en el párrafo precedente, debe destacarse que el menor quejoso es derechohabiente del instituto responsable, lo que se acredita con las constancias que se anexaron para justificar el acto reclamado; por tanto, se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, tres de marzo de dos mil veintiuno, las responsables no acreditan con las documentales que anexaron a sus informes haber suministrado el material necesario para realizar la colocación del catéter "JJ izquierdo", razón por la cual no es posible tener por actualizada la negativa que sostienen; máxime que entre sus obligaciones se encuentran la de garantizar el derecho a la salud de sus derechohabientes, en términos del artículo constitucional y de los preceptos del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, previamente mencionados. En armonía con lo expresado en párrafos precedentes, no debe perderse de vista que tratándose de actos omisos -como en el caso-, corresponde a las autoridades la carga de la prueba para desvirtuar de forma fehaciente y no con meras afirmaciones, que no han incurrido en la omisión que se les reclama, lo cual, como se indicó, no acreditan las responsables. Por los argumentos citados en este considerando, se tienen por ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables. 11 11 Resulta aplicable la jurisprudencia con datos de localización: Registro digital 238592, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tipo de tesis: Jurisprudencia, Séptima Época, Materias: Común, 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/202-I [22] Asimismo, la existencia del acto reclamado se corrobora con las documentales que la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, consistentes en diversas copias certificadas de las constancias relativas a la atención médica que ha proporcionado al menor quejoso, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,12 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo.13 En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se actualiza la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables, a saber, la prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Para demostrar tal afirmación, debe precisarse que el acto reclamado por el menor agraviado consiste en la abstención de las autoridades responsables de proveerle atención médica oportuna y completa, respecto al tratamiento consistente en la colocación de un catéter "JJ izquierdo". A fin de determinar los casos en que se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos prevista en el numeral citado, se debe de tomar en cuenta no sólo tal precepto, sino también el contenido del diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, del rubro y texto: ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO L OS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Así como la tesis con datos de localización: Registro digital 208122, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: Tesis aislada, Octava Época, Materias: Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, del rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." 12 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" 13 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/2021-I [23] Amparo indirecto 76/2021-I En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Sobre esta causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/9914, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se advierte, que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni dejó huella en la esfera jurídica del solicitante del amparo. Ahora, del análisis de los preceptos 61, fracción XXI, y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio. 14 Criterio con registro digital 193758, Novena Época, Materias: Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/202-I [24] Las anteriores consideraciones llevan a concluir, que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo; 3. O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. En el asunto que nos ocupa, como se dijo, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables Delegación, Subdelegación, Hospital General de la Zona Uno, Unidad Médica Familiar Número Veinticuatro, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit, la abstención de proveerle atención médica oportuna y completa, respecto al tratamiento consistente en la colocación de un catéter "JJ izquierdo". En ese tenor, del análisis de las constancias de autos, se advierte que las autoridades responsables informaron lo siguiente: 1. El trece de marzo de dos mil veintiuno, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit, expidió una orden a nombre del menor quejoso para que fuera atendido su padecimiento en el Hospital de Especialidades de Oblatos, del Centro Médico Nacional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, al ser el único nosocomio que cuenta con la especialidad de urología pediátrica. Asimismo, se le dio cita abierta en el área de urgencias. Ello derivado de que, el menor requería tratamiento especializado y quirúrgico definitivo, lo cual, la institución del Estado de Nayarit, no podía proporcionarle al ser una cuestión de tercer nivel. 2. El veinticinco de marzo del año en curso, el menor de mérito, fue atendido en el Hospital de Especialidades de Oblatos, del Centro Médico Nacional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, específicamente, en el área de urología pediátrica, por el médico Juan Antonio Baltazar González, quien en nota médica de esa data asentó como diagnóstico Hidronefrosis con obstrucción de unión urétero-pélvica; y, como plan de tratamiento, programó un Gamagrama renal y ultrasonido renal, para el día veintiuno de mayo siguiente. 3. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el menor quejoso fue atendido de nueva cuenta en el citado nosocomio y por el médico referido en el párrafo que antecede. De la nota médica derivada de tal cita, se desprende que, el médico tratante asentó en el apartado de resumen clínico "Paciente masculino de 8 años de edad, con DX de estenosis UP izquierda el cual acude para programación de plastía UP izquierda el 21/05/2021 a las 14:00 hrs. Se verifican exámenes de laboratorio y recibo de donación. Se firman hojas de cirugía y envío a pre-anestesia. Solicitamos 1 catéter JJ6 x 20 cm para el día de la cirugía." 4. El menor quejoso fue hospitalizado desde el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo la cirugía de peloplastía izquierda electiva. El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo sin eventualidades, ingresó a piso para vigilancia postquirúrgica encontrándose en buenas condiciones generales, por lo que el veinticinco de mayo siguiente, se concedió su alta a domicilio con las siguientes indicaciones médicas: 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/2021-I [25] Amparo indirecto 76/2021-I Alta a su domicilio por sus propios medios, cita a consulta externa de urología con el médico tratante el doce de julio del citado año, se entregó receta por analgésico y antibiótico y dieta; asmimismo, se le indicó al paciente que, al ser portador de un catéter "JJ izquierdo", debía recordar que tiene una caducidad de seis meses desde su colocación (veintiuno de mayo de dos mil veintiuno) y debe ser retirado o recambiado antes de esa fecha. 5. El doce de julio de dos mil veintiuno, el menor quejoso asistió a cita médica para revisión de su padecimiento, en cuya nota médica se le recetaron diversos medicamentos para continuar con su tratamiento; y, se le dio nueva cita para el catorce de septiembre siguiente. De lo anterior queda evidenciado que, se practicó al menor quejoso una intervención quirúrgica por un diagnóstico de Hidronefrosis con obstrucción de unión urétero-pélvica, y al efecto el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se le colocó un catéter "JJ izquierdo", por lo que al recuperarse, el médico tratante decidió darlo de alta para mejoría en su domicilio, anexando copia certificada de las constancias respectivas, de las que se desprenden los trámites que el instituto responsable llevó a cabo hasta la práctica de la referida cirugía y el tratamiento médico otorgado fuera de quirófano. Constancias que se pusieron a la vista de la parte quejosa de manera personal vía correo electrónico, tal y como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos, siendo la última la practicada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a la cual se anexaron las documentales antes enunciadas; sin que hubiere hecho manifestación alguna, respecto a la abstención reclamada a las autoridades responsables, relativa a la colocación del catéter "JJ izquierdo" requerido por el menor quejoso. Por tanto, se actualiza la cesación del acto reclamado en el presente juicio, pues desaparecieron los efectos de la abstención de proveerle atención médica oportuna y completa, al menor quejoso, respecto al tratamiento consistente en la colocación de un catéter "JJ izquierdo", de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por ende, la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la ley de la materia, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En virtud de lo argumentado en el párrafo precedente, a ningún fin práctico llevaría que este Juzgado Federal emita una sentencia amparadora, dado que acorde con el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, los efectos del amparo tratándose de actos negativos u omisivos -como acontece en este asunto-, son obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, lineamientos que han sido colmados por las responsables, toda vez que al haber materializado la cirugía que requería el menor quejoso, han respetado la prerrogativa a la salud que el precepto 4o., de la Carta Magna le otorga y han cumplido con el texto de dicho dispositivo legal. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, por las razones apuntadas en este considerando, hecho que actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y al ser su análisis una cuestión de orden público y estudio preferente, se sobresee en el presente juicio constitucional. Por lo antes expuesto resulta innecesario el análisis de la diversa causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por los argumentos de hecho y fundamentos legales citados, con apoyo además, en lo dispuesto por los artículos 63, 64, 65 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Reyna Guadalupe Torres García, por su propio derecho y en representación de su menor hijo identificado con las iniciales A.E.R.T, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. 01/07/23 14:04:46 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee Noemi Torres Aviles Juicio de Amparo Indirecto 76/202-I [26] SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se advierte que la parte quejosa señaló en su demanda de garantías como actos reclamados los siguientes: a) La omisión de que a mi hijo le sea aplicado el tratamiento que consiste en colocación de un catéter doble en riñón izquierdo, tomando como sustento diagnóstico médico. Así, previos los cauces legales, las autoridades aquí responsables al rendir sus correspondientes informes con justificación, acompañaron diversas manifestaciones con las que justificaron su actuar e hicieron diversas manifestaciones en torno a las supuestas omisiones reclamadas por la parte quejosa. Circunstancias que este órgano jurisdiccional no puede desatender, pues podrían dar lugar a una eventual cesación de actos o cambio de situación jurídica con relación a los reclamados efectuados por la impetrante de amparo, ello acorde a lo 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA establecido por los numerales 62 y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. En ese sentido, requiérase a las autoridades responsables en cita, para que dentro del término de tres días computados legalmente, informes a este juzgado de distrito el estado actual de los procedimientos practicados a la parte quejosa, relativos a la atención médica requerida, y en caso de que éstas hubiesen quedado subsanadas, acompañe las constancias conducentes que demuestren su dicho, tales como notas médicas o alta del paciente, ello para la debida integración de este sumario y estar en posibilidades de resolver lo conducente. Apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 17/97., sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, con número de registro digital 199454, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA Juicio de amparo indirecto 76/2021-I ??????A???????? por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo". Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil veintiuno, la unidad de Medida y Actualización equivale a $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional 62/100); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), la cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por treinta, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En tal virtud, para dar margen a que suceda lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y para su verificativo se señalan las nueve horas con un minuto del veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Al margen de lo anteriormente expuesto, se les reitera a las autoridades responsable que dentro de sus obligaciones como parte del Estado, en el marco de sus atribuciones legales, es continuar prestando la atención médica otorgada al menor de edad y esta deberá ser continua y adecuada a sus padecimientos, 07/08/21 15:33:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5f ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA a efecto de proteger el derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime, si atendemos que el acto reclamado en el presente es resentido por un menor de edad, existe la obligación constitucional atendiendo al interés superior del menor de garantizar y vigilar el respeto de los derechos humanos de este, en el caso concreto, su salud y vida, lo que implica que la protección de sus derechos deba realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas en todos los ámbitos que se encuentren relacionados, dado que sus intereses deben protegerse con mayor intensidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma R
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El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte quejosa REYNA GUADALUPE TORRES GARCÍA, por auto de quince de junio del año en curso, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Hospital de Especialidades de Oblatos, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Guadalajara; sin que realizara manifestación alguna al respecto. 14/07/22 14:40:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9b.04 IVETTE JACQUELINE ROJAS GUARDADO Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo acuerdo, y como consecuencia se ordena continuar la secuela procesal en el presente juicio de amparo teniendo como autoridades responsables, hasta este momento, únicamente a las indicadas en su escrito inicial de demanda, esto es: ? DELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ? SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ? HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA 1 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; y, ? UNIDAD MÉDICA FAMILIAR NÚMERO 24. Notifíquese. Así lo proveyó y firma
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexos que suscribe la autoridad responsable Jefa Delegacional de Servicios Jurídicos por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrada Estatal Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Tepic, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias del seguimiento médico de las atención otorgada por la Especialidad de Urología Pediátrica proporcionadas por el Hospital de Especialidades Oblatos de Centro Médico Nacional de Occidente Jalisco, donde es atendido el quejoso. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de su parte las documentales públicas que acompaña a su oficio de cuenta, con las que se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa a través del correo electrónico lic.caoc@hotmail.com. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe.
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