Reyna Guadalupe Pacheco Lopez

Expediente 999/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
999/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2019

Partes del expediente

  • Reyna Guadalupe Pacheco Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinticinco de julio del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por REYNA GUADALUPE PACHECO LÓPEZ, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el número 999/2019-III. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. De una lectura íntegra de la demanda de amparo, se colige que la quejosa reclama el auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en la controversia del orden familiar 153/2019, mediante la cual, el Juez responsable decretó como pensión alimenticia provisional en favor de las menores de iniciales Y.R.P. y M.R.P., la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mensuales. A mayor abundamiento y de lo narrado por la impetrante se advierte lo siguiente: El veintidós de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda presentada por REYNA GUADALUPE PACHECO LÓPEZ en la vía de controversia del orden familiar sobre la guarda, custodia y alimentos de los menores Yamileth y Monserrat ambas de apellidos Ramírez Pacheco en contra de Carlos Alberto Ramírez Manzanarez, juicio que se registró bajo el número de expediente 153/2019 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. El doce de junio del dos mil diecinueve, el demandado Carlos Alberto Ramírez Manzanarez dio contestación a la demanda promovida en su contra, quien manifestó que él tenía bajo su cuidado a las menores antes mencionadas. El ocho de julio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de presentación de las menores Y.R.P y M.R.P. asistidas por la psicóloga adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y una vez escuchado el testimonio de las menores, se ordenó levantar las medidas provisionales decretadas el veintidós de abril de la misma anualidad, modificando las mismas para quedar de la siguiente manera: a) Se decreta la Guarda y Custodia Provisional de las menores de iniciales Y.R.P y M.R.P. a favor de Carlos Alberto Ramírez Manzanarez. b) Asimismo, se decreta el Deposito Judicial de las menores de iniciales Y.R.P y M.R.P., a favor de Carlos Alberto Ramírez Manzanarez, en el domicilio ubicado en Calle Veinte de Noviembre, número 94, colonia Gabriel Tepepa, Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos. c) Se decreta como pensión alimenticia provisional en favor de las menores de iniciales Y.R.P y M.R.P., la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, cantidad que deberá ser depositada por la actora ante este Juzgado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante certificado de entero que expida el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme a esta disposición el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De igual manera, contiene excepciones al deber de interponer dichos recursos o medios de defensa, que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal de la parte quejosa, y la impetrante no se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, al ser parte actora en la controversia del orden familiar con número de expediente 153/2019. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Como quedó demostrado, la quejosa es parte actora en la controversia del orden familiar 153/2019, de la que emana el acto reclamado. La causa de improcedencia se surte en razón de que, procede el recurso de reclamación, esto es, el acto que reclama la promovente tiene forma de reparación, ya que puede ser revocado, modificado o confirmado, a través del aludido medio de impugnación, previsto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que a la letra dice: "234.- RECLAMACIÓN DE LA PROVIDENCIA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia, que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley. Su realización se hará sin suspensión del procedimiento excepto para el caso de tratarse de alimentos. También puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental." Luego entonces, en el caso puede decirse que si antes de la promoción de este juicio de amparo la quejosa no agotó en la vía incidental la reclamación de que se trata, a través de la cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acuerdo que contiene la medida provisional decretada a favor de las menores de edad, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados mediante el sentido de lo reclamado, es claro que el acuerdo de ocho de julio del año en curso, que contiene el acto que pretende reclamar la parte quejosa no puede ser analizado en esta instancia constitucional; pues previamente debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. Al respecto, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, sustentado en la tesis XX.2°.48 C, publicada en la página 3258, tomo XXVI, octubre de 2007, materia civil, con el registro 171085, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES NECESARIO AGOTAR LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." Además de que el citado artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, es claro en establecer textualmente la procedencia de la reclamación en vía incidental de la providencia decretada por la autoridad por parte del deudor o por un tercero, y que tiene por objeto que el juez natural revoque, modifique o confirme la resolución dictada, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional, para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de impugnación, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, la inconforme debe agotar el aludido medio ordinario de defensa. Ahora, no escapa a la consideración de este Juzgado de Distrito la jurisprudencia que exenta el agotamiento del recurso ordinario cuando esté involucrado un menor y dicho medio de impugnación no admita la suspensión del acto reclamado, pues para que cobre vigencia dicho criterio es necesario que se alegue por cualquiera de las partes un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, lo que en la especie no acontece, además de que la promovente no adjunta a su demanda de amparo documento alguno que por el momento permita advertir aunque sea indiciariamente dicha circunstancia. Al respecto, se invoca el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En consecuencia, dado que el recurso de reclamación constituye un medio de defensa respecto del cual la impetrante tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo; de ahí que, sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por REYNA GUADALUPE PACHECO LÓPEZ, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tiene por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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