Reyna Guadalupe Díaz Paz

Expediente 671/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
671/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • Reyna Guadalupe Díaz Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 87 a 89), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de catorce de agosto del año en curso (foja 90), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el quince del citado mes y año (foja 91); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del diecisiete al veintiuno de agosto actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 42 a 62), se determinó conceder a Reyna Guadalupe Díaz Paz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito exhibido por el Recaudador General de Rentas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el catorce de marzo de dos mil dieciocho; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de doce de julio de la presente anualidad (fojas 78 a 79), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el trece de agosto dos mil dieciocho (fojas 87 a 89), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había entregado el cheque número 0000638, a la quejosa por la cantidad de $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos 02/100 moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $6,107.02 (seis mil ciento siete pesos 02/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de marzo dos mil dieciocho, y el ocho de agosto de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue 132.009; y para el mes de julio de esta anualidad fue 132.991 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00743. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,152.39 (seis mil ciento cincuenta y dos pesos 39/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $45.37 (cuarenta y cinco pesos 37/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $.....; sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,104.02 (seis mil ciento cuatro pesos 02/100, moneda nacional), es decir, tiene un faltante de $...., pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite un anexo relativo al cheque expedido a favor de la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y documental de referencia, dése vista a la parte agraviada, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por *******, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al proveído de doce de julio de la presente anualidad (fojas 78 a 79), en el que se le requirió a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio informa que se agotó la chequera con la que libera los pagos correspondientes para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas en diversos juicios; por lo que comunica que solicitó una nueva al Banco Santander (México), Sociedad Anónima, y, por tanto, solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes En ese tenor, tal y como lo peticiona la autoridad oficiante de conformidad con en el arábigo citado en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que quede hecha la notificación del presente proveído, a efecto de que la responsable de mérito, esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos de manera cabal; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en el auto referido en el párrafo que antecede. Jepb/*

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de junio del año en curso (foja 686), se determinó que era necesario esperar unas constancias solicitadas en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, pues con dicha información pudiera encuadrarse una causa de improcedencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, mediante el diverso acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del incidente de suspensión derivado de este sumario constitucional (fojas 1251 y 1252), se observa que al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, se le otorgó una prórroga de veinte días hábiles, con el objeto de que cumpliera debidamente con el pago referente al convenio celebrado por la Secretaría de Educación del Estado y los aquí quejosos, en cumplimiento a la suspensión definitiva que le fue otorgada a los quejosos; por tanto, se estima necesario contar con dicho pago a fin de resolver lo que en derecho corresponda. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, se DIFIERE y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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