Reyna García Jaime
Expediente 804/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Reyna García Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En Celaya, Guanajuato, siete de octubre de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado **************, da cuenta al Encargado de Despacho con el estado de autos y certifica: que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, transcurrió para la parte quejosa, tercera interesada y el Agente del Ministerio Público adscrito del veintitrés de septiembre al seis de octubre, todas fechas del año en curso, sin contar cuatro días por ser inhábiles. Conste. Celaya, Guanajuato, siete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado, sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Reyna García Jaime contra el acto que reclamó del Juez Tercero Menor Civil en esta ciudad y otras autoridades; no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental mismo que será susceptible de destrucción, tomando en cuenta que se negó la suspensión provisional y definitiva, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado.
- Principal
A sus autos con vista a las partes, el informe justificado que rinde el Director General de la Policía Municipal, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que con el informe que se acuerda se encuentra debidamente integrado el expediente de mérito, siendo que las únicas autoridades que aceptaron el acto que se le endilga son el Juez Tercero Menor Civil y el Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común; ambos de esta ciudad. Así, de las constancias anexas al informe atingente, mismas que constituyen la base del acto que se reclama y que son las que conforman el juicio ejecutivo mercantil M0998/2016 de su origen, se desprende, lo siguiente: José Luis González Villaseñor, con el carácter de endosatario en procuración de Silvia Muñiz Pérez (tercera interesada), demandó en uso de la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Reyna García Jaime (quejosa), de lo que se evidencia que la promovente del amparo es parte dentro de la controversia natural. Que en proveído de diecisiete de junio de dos dieciséis, el Juez responsable admitió a trámite la demanda y ordenó la práctica de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, contra la hoy quejosa, la cual se desahogó el nueve de septiembre de la presente anualidad. Posteriormente, mediante oficio registrado con folio 12813 (foja 67), el Juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de doce de los corrientes, por el cual se aprobó la diligencia detallada en el punto anterior, constancias que obran a folios 69 y 70 de autos, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno. Ahora bien, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia lo constituye, por un lado, la orden de ejecución y embargo girada contra la parte quejosa y por otro, la privación de sus posesiones y propiedades sin que haya sido oída y vencida en juicio contradictorio. En consecuencia, se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, la parte quejosa no agotó el principio de defintividad y no quedó demostrado su carácter de tercera extraña a juicio; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del presente juicio. En efecto, en el asunto que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Bajo el anterior marco contextual, debe destacarse que si bien la promovente del amparo, en la presente instancia constitucional se ostentó ajena al procedimiento del que deriva el acto reclamado, lo cierto es que le recae el carácter de demandada, tal y como se desprende de las constancias referidas en párrafos anteriores, que fueron remitidas por el Juez Tercero Menor Civil de esta ciudad (autoridad responsable), a las que se otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, previo a la interposición de la presente instancia constitucional, la quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 1334, del Código de Comercio. Medio de defensa en virtud del cual, el acto reclamado puede ser revocado sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad; sin embargo, evidente resulta que al no haberse interpuesto tal recurso dentro del término legal concedido para ello, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata y, por ende, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se explica. De los artículos 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341 y 1345, del Código de Comercio, se colige que: I) Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. II) Los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. III) La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su monto sea mayor a $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos, cuarenta y siete centavos, moneda nacional) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente; IV) los autos son apelables siempre que: a) lo sea la sentencia definitiva; y b) si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si existe disposición expresa para ello; y La quejosa destaca como acto reclamado la orden de embargo girada en su contra, así como su ejecución, y el allanamiento a su domicilio que de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se puede advertir que se refiere al auto de diecisiete de junio del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen M0998/2016. Como se dijo líneas arriba, en el juicio ejecutivo mercantil de origen a la ahora quejosa le asiste la calidad de deudor (Reyna García Jaime) y se le reclama el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional) por concepto de suerte principal y demás anexidades legales. Luego, conforme al marco contextual expuesto previo a la interposición del juicio del amparo, la quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el Código de Comercio, que en el caso resulta ser el de revocación. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 70/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, libro 1, diciembre de 2013, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)." En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al sumario constitucional como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acudiera a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando la violación reclamada produjera una violación de las referidas garantías individuales y se afectaran los derechos fundamentales del gobernado. Luego, si en el caso concreto el acto destacado como reclamado proviene de un tribunal judicial -Juzgado Tercero Menor Civil de este Partido Judicial - cuyo titular se pronunció en el procedimiento de origen en los términos ya especificados; y de manera implícita, el Código de Comercio establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través del recurso de revocación, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, medio de defensa virtud al cual, la resolución judicial puede ser revocada sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." . Aunado a lo anterior en la especie se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" Luego, de la lectura del segundo de los preceptos transcritos se puede identificar la clase de actos impugnables en amparo indirecto por su naturaleza y la calidad del impetrante del amparo; es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos dentro de juicio o fuera de él y que dicha impugnación se puede realizar por una persona extraña al juicio de donde deriva el acto. En esas condiciones, la referida fracción interpretada en sentido contario indica que el juicio de amparo es improcedente si el solicitante de la protección federal no es tercero extraño al juicio de origen o no tiene la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación; entiéndase por el primero aquella persona que no es parte procesal en la contienda, y por el segundo, aquel que siendo parte no fue emplazado o llamado a juicio sin respetarse las formalidades esenciales. De modo que, si se es parte en el procedimiento de origen y se tiene conocimiento antes de que concluya, es evidente que en este supuesto se está en facultad de promover los recursos ordinarios contra los actos que le afectan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2000293, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Febrero 2012, Libro V, Tomo 2, página 1627, que es de rubro literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." En el caso, la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento natural, bajo el argumento que no ha sido oída ni vencida en juicio; sin embargo, las constancias que integran el presente sumario, en especifico las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil M0998/2016 del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, que fueron recibidas en este Juzgado el cinco de los corrientes, evidencian lo contrario, puesto que dicha controversia se encuentra en trámite, es decir, no se ha dictado sentencia definitiva. En ese tenor, no debe entenderse que la quejosa sea tercera extraña por equiparación, pues se encuentra en condiciones se encuentra en condiciones de apersonarse en el juicio de origen, para hacer valer su defensa contra las actuaciones que pretende invalidar a través del presente juicio de amparo. En conclusión, evidente resulta que al no haberse interpuesto el recurso de revocación y no haber demostrado el carácter de tercera extraña al juicio mercantil, se actualizan las causales de improcedencia de que se tratan y, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaria el sentido de la sentencia; por ende, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil dieciséis. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable, Juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, remite copia certificada del proveído de doce de los corrientes, por el cual se aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo y emplazamiento, practicada contra la quejosa, probanza que también anexa. Lo anterior, toda vez que estima que con dichas constancias pudiera actualizarse la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo. Téngase a la oficiante ofreciendo como prueba de su parte, las documentales que anexa a su oficio, las que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza. Tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar y dese vista a las partes con las documentales de mérito, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, en atención a lo requerido en autos de seis de los corrientes, remite la constancia de emplazamiento de siete de septiembre de dos mil dieciséis, practicado al tercero interesado *********, como endosatario en procuración de **********, en tal virtud, téngase por emplazado al presente juicio.
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