Reyna Fabiola Olmos Galván

Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
630/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Reyna Fabiola Olmos Galván

Actuaciones

  1. Principal

    MESA. III.Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta presentado vía electrónica por Adriana García García, defensora pública, mediante el cual solicita se le tenga aceptando y protestando el cargo conferido como asesora jurídica de la quejosa Reyna Fabiola Olmos Galván, en el presente juicio de amparo, y al efecto adjunta copia de la cédula profesional que la acredita como Licenciada en Derecho; así como, del respectivo oficio de designación; agréguense a los autos. En tales condiciones, tomando en consideración, lo previsto en los artículos 23, fracciones I y III, y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene por reconocida a Adriana García García, la calidad de asesora jurídica de la quejosa, de lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala y como autorizados para tales efectos a las personas que indica; asimismo, se toma nota del correo electrónico que proporciona como medio de contacto, para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, se le hace de su conocimiento que cuenta con los servicios que se han implementado a través del Portal de Servicios en Línea, entre los cuales, se cuenta con la posibilidad de generar una cita para acudir ante este Juzgado Federal para consulta del expediente.

  2. Principal

    MESA. III. Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo concedido a la quejosa R*n proveído uno de diciembre de dos mil veinte, para que nombrara abogado para que la represente en el presente juicio, ha fenecido, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se provee: A fin de brindar una garantía eficaz para el acceso a la justicia acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en relación a la tutela jurisdiccional efectiva, con el objeto de no dejar a la quejosa en estado de indefensión y que se encuentre plenamente asesorada en el presente juicio de amparo, solicítese al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, que en el plazo de tres días, designe a un defensor que asesore a la aquí quejosa, quien se encuentra privada de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en esta Ciudad, toda vez que, no cuenta con profesional del derecho autorizado que la asista en el presente juicio de amparo, circunstancia que resulta un impedimento para enfrentar adecuadamente el juicio constitucional, ya que la ubican como parte de un grupo vulnerable conforme al Capítulo I, Sección 2a. "Beneficiarios de las Reglas", punto 10, "Privación de libertad", reglas 22 y 23 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; se le debe nombrar defensor en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, atendiendo a sus condiciones de precariedad para acceder a la justicia, así como las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para sus derechos humanos. Resulta indispensable mencionar, que la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en concordancia con lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Federal, contempla en su normatividad interna (ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal), específicamente en su artículo 19 fracción XVI: es obligación de los Defensores Públicos del Distrito Federal, interponer los recursos procesales procedente en beneficio de sus representados, así como el juicio de amparo cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados. Lo anterior, en virtud de que el impetrante de amparo, señaló como autoridad responsable a una de índole local (Subdirectora de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla), de ahí que la competencia para la designación de defensor o asesor jurídico es de naturaleza local, por ser ésta la jurisdicción de la autoridad responsable. Apercibido que de incumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización.*

  3. Principal

    MESA III Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexos remitidos vía interconexión por la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en atención a lo solicitado el veintiséis de noviembre pasado y al efecto comunica que habilitó el expediente electrónico correspondiente al juicio de amparo 1019/2020, de su índice, para este juzgado. Se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice los ajustes necesarios en ese sistema En tales condiciones, realícese la impresión de las constancias que obran en el referido expediente electrónico y glósense al presente sumario. COMPETENCIA En ese sentido, del estado de autos, se desprende que en auto de veinticuatro de noviembre pasado, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por Reyna Fabiola Olmos Galván, al estimar que corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; al respecto, se acuerda: Con fundamento en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 151, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito SE AVOCA AL CONOCIMIENTO de la demanda de amparo que nos ocupa; acúsese el recibo de estilo. DESECHAMIENTO Ahora bien, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sentado lo anterior, de la demanda que se provee se advierte que la quejosa ***, reclama el acto consistente en: LA REUBICACIÓN DEL DORMITORIO O ESTANCIA C 303, AL DORMITORIO DE AISLAMIENTO O DIVERSO DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA EN ESTA CIUDAD. Atribuido a la Subdirectora de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México. En ese sentido, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el mencionado acto reclamado por la parte quejosa puede ser impugnable mediante un procedimiento administrativos relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento. En efecto, el artículo 9, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". Ahora bien, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En el caso, la quejosa previamente de haber acudido al juicio constitucional debió agotar los procedimientos administrativos que tenía a su alcance, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal que rige el acto reclamado, establece la posibilidad de promover un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud de los cuales ese acto puede ser revocado, modificado o nulificado. Lo anterior, pues si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, cierto es que, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional.. "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. .. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, en términos del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se atiende. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones de carácter personal en ese recinto carcelario. PREVENCIÓN A LA QUEJOSA Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo fue promovida por Reyna Fabiola Olmos Galván, por propio derecho, y no señala autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, esto es, profesionista de la carrera de derecho, a efecto de que le brinde la asesoría adecuada que requiera en el presente asunto; aunado a que la citada quejoso se encuentra privada de su libertad, debe decirse que dichas circunstancias presumen su limitación al derecho de acceso a la justicia, ante la falta de representación jurídica conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicarse, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". . En tales condiciones, se requiere a la quejosa para que, en el acto de la notificación, o por escrito dentro del plazo de los tres días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, nombre abogado para que la represente en el presente juicio; apercibido que de no hacerlo, este órgano de Control Constitucional, tomará las medidas correspondientes conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), inserta en el presente auto. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN Se comisiona a cualquiera de los Actuarios judiciales adscritos para que se constituya en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México y haga lo siguiente: Notifique este proveído a la quejosa Reyna Fabiola Olmos Galván. ? La requiera para que, al momento de la notificación o por escrito, dentro del plazo de tres días, nombre abogado para que la represente en el presente juicio, bajo el apercibimiento indicado en párrafos precedentes. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5°, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional Ahora bien, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como, en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como, a las especificaciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el referido virus; se le autoriza para consultar y promover el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto a través del usuario "martha.arguello", exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previa solicitud expresa, a través de promoción electrónica presentada desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así como, la práctica de notificaciones electrónicas por la misma vía, ello, conforme a lo previsto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como, en la Sección Tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ... competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. CAPTURA SISE... Finalmente, del estado de autos se advierte que el veintisiete de noviembre pasado, el Juzgado declinante ordenó la remisión a este Juzgado del informe de suspensión de plano rendido por la Subdirectora de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta Ciudad y anexo; sin embargo, dado el sentido de la presente determinación, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se advierte que en esta fecha se recibe la papeleta con número de registro 0100073/2020, que contiene anexo el oficio OCC/CC01/JDAMP/126/2020, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y copia simple del oficio 35298, girado en el juicio de amparo 1019/2020, promovido por ***, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de los que se advierte que se turnó a este órgano jurisdiccional la citada demanda de amparo, en razón a que el veinticuatro de noviembre pasado, el referido Juzgado administrativo se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de materia. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 630/2020-III-A. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda solicítese atentamente al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal alguno, remita a este órgano el original de la demanda de amparo promovida por ***, registrada con el número de amparo 1019/2020, de su estadística. Cúmplase.

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