Reyna Ester Aguilar Orellana

Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Héctor Enrique Arriaza Mirón
  • Reyna Ester Aguilar Orellana

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, por medio del cual acusa recibo del diverso enviado por este órgano jurisdiccional, a través del cual se le remitió de manera electrónica el juicio de amparo en que se actúa, para la emisión de la sentencia correspondiente; por tanto, tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se desechó la demanda de amparo en favor de ********************; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte promovente en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara si era su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo que promovió en favor de los quejosos ******************** sin que haya hecho manifestación al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y se dejan sin efectos las providencias decretadas en autos; declarando la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En trece de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede. Conste. Reynosa, Tamaulipas, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano de control 26/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ac.d9 LILIANA MARGARITA VILLARREAL MEDRANO constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe. ams

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de enero del presente año, se dio vista a las partes con el oficio 366/2023 a través del cual la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Seguimiento de Casa de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la junta responsable, realice lo siguiente: "Dejar insubsistente la resolución reclamada, consistente en el auto de vinculación a proceso, de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial 136/2021, única y exclusivamente en lo que a la quejosa refiere. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, deberá emitir una nueva resolución resolviendo la situación jurídica de la imputada y aquí quejosa, en la que de manera clara, precisa, fundada y motivada, brinde una respuesta exhaustiva y completa a todos y cada uno de los argumentos de la defensa expresados en la continuación de la audiencia inicial, en contestación a la solicitud de vinculación a proceso por parte de la fiscalía, argumentos los cuales son tendientes a controvertir las hipótesis fácticas enunciadas por la fiscalía." En el entendido que los argumentos que no fueron atendidos por el Juez de origen se resumieron en lo siguiente: "*En concreto, que en la continuación de la audiencia inicial, se expresó por la defensa que la detención de la imputada y aquí quejosa no aconteció como lo asentaron los Agentes de la Policía Investigadora en el dato de prueba consistente en el informe policial homologado, con el que refiere pretende atribuírsele la posesión del vehículo Ford Fusión, color blanco; esto es, que se asentó que se le detuvo el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, circulando en posesión del referido vehículo, sobre la calle Díaz Ordaz, de la colonia Unidad Obrera de esta ciudad, cuando la defensa sostuvo que la detención de aquella fue en un lugar y circunstancias totalmente distintas a las narradas por los agentes aprehensores, es decir, que fue detenida en el interior de su domicilio, cuando se encontraba en compañía de su familia. *Asimismo, que en uso de la voz en la continuación de la audiencia inicial, la defensa expuso que en dicho informe policial homologado se expresó que la detención de la ahora quejosa, había sido por parte de cuatro agentes, empero, que sólo firmaron el mismo dos, sin que exista explicación del porqué dos de los agentes no lo hicieron; por lo que se sostuvo que el informe de mérito no tiene valor legal alguno. *Que de igual forma, en la continuación de la audiencia de que se viene hablando, se alegó por la defensa que en el informe policial homologado, los aprehensores asentaron que solicitaron apoyo a las 23:15 horas, a la guardia de la policía ministerial y al personal de grúas Mora, y que dicha ayuda llegó al lugar de los hechos a las 23:20 horas, esto es, sólo cinco minutos después, cuando las oficinas de la Policía Ministerial, se encuentran en la calle Saltillo, de la colonia Rodríguez, y que la empresa grúas Mora, se ubica en la entrada de la colonia Lázaro Cárdenas, ambos de esta ciudad, lo cual hace imposible que se hubieran trasladado desde esos lugares hasta la colonia Obrera donde se asentó que sucedió la detención, sólo en cinco minutos; lo que en su opinión, fortalece el hecho de que en realidad la detención de la quejosa no sucedió en la forma que se expuso en el multicitado informe policial homologado. *Que también en la continuación de la audiencia inicial, se alegó el hecho de que el teléfono celular cuya propiedad se atribuye a la imputada, del que se afirma realizó una llamada a la víctima el día de los hechos, fue inspeccionado por un perito en informática sin haberse obtenido una autorización judicial para hacerlo. *Así como que se destacó que respecto de la camioneta Ford Explorer blanca que se aseguró frente al domicilio de la imputada, no existe dato de prueba alguno en la carpeta de investigación que acredite que es propiedad de aquella, o que la traía en posesión; al igual de que no coincide con las características del vehículo que aparece en el video allegado por la fiscalía como dato de prueba, del que se afirma que la imputada llegó en ese vehículo al domicilio de la víctima el día de los hechos que se le atribuyen, ya que el vehículo que se aseguró frente a su domicilio se encuentra deshabilitado." Ahora bien, bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable Juez de Control de la Quinta Región del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma, y al efecto, remitió el DVD correspondiente para comprobar su dicho, el cual tiene valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, del análisis del audio y video a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, se advierte que en la audiencia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso, dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno; además dictó una nueva determinación bajo los lineamientos expuestos en la sentencia dictada en autos; esto es, resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa, en la que de manera clara, precisa, fundada y motivada, brindó respuesta exhaustiva y completa a todos y cada uno de los argumentos de la defensa expresados en la continuación de la audiencia inicial, tal como se precisó en el fallo protector, para posteriormente emitir el auto de vinculación a proceso. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos en que le fue requerido, pues se le restituyó en el pleno goce del derecho violado, y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones que realizó Jesús Ríos Acevedo, autorizado de la parte quejosa, en su ocurso presentado ante este juzgado el veintiséis de enero del presente año, toda vez que los argumentos que refiere el autorizado de la quejosa, no fueron motivo de la concesión del fallo protector; de ahí que sea improcedente el incidente que solicita se tramite. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Por otra parte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Una vez concluido plazo de tres años posteriores de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20 del citado acuerdo general.

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