Reyna Esmeralda Pozo Mayen

Expediente 1006/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1006/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Reyna Esmeralda Pozo Mayen

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio registrado con el folio 15720, presentado en archivo electrónico... Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del testimonio dictado en el amparo en revisión 21/2021, de los autos originales del juicio de amparo que nos ocupa, así como del toca, que fue formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y por el Presidente de la República, los cuales fueron remitidos por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asimismo, informa que aceptó la competencia y se avoca al conocimiento del presente asunto, el cual quedó registrado con el amparo en revisión 912/2021; de lo que este juzgado toma conocimiento. ..notifíquese a las autoridades responsables...Notifíquese.

  2. Principal

    QUINTO. Análisis de cumplimiento a la suspensión. Enseguida, se analizará la alegada violación a la suspensión definitiva dictada en autos, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 192, párrafo primero, y 209 de la citada ley, tomándose como referencia la suspensión definitiva de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en la que se decretó la medida cautelar y los hechos acaecidos con posterioridad, para que, en esa medida, se pueda establecer si las autoridades responsables acataron deficientemente o se excedieron en el cumplimiento de la suspensión mencionada. Ahora, para determinar si la autoridad responsable incurrió en incumplimiento de la suspensión, es menester que se presenten las condiciones siguientes: 1. Que la medida cautelar de que se trata haya sido concedida por el juez federal; 2. Que la citada suspensión haya sido notificada a la autoridad responsable; y, 3. Que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, la autoridad haya ejecutado los actos reclamados con exceso o defecto, o no haya desplegado la actuación impuesta en la medida cautelar. Por cuanto hace al primer elemento, se precisa que de las constancias de autos se advierte que la medida cautelar de que se trata fue concedida para el efecto de que no se afecte la propiedad que ahora defiende la quejosa. Acreditándose con ello, el primer requisito, es decir, que la medida cautelar de qué se trata haya sido concedida por el Juez Federal, en el caso, por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Por cuanto hace al segundo elemento, en el que se establece que la citada suspensión haya sido notificada a las autoridades responsables; no se encuentra acreditado. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte que el treinta de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la notificación de la suspensión definitiva respecto a la autoridad por la que fue concedida, es decir, respecto al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sin embargo, como lo refieren las autoridades señaladas como responsables, el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no fueron autoridades señaladas como responsables en la ampliación de demanda respecto de la cual se concedió la suspensión definitiva, pues la única autoridad relacionada con dicha ampliación de demanda fue el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Así, por cuanto hace al tercer elemento, en el que se establece que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, la autoridad haya ejecutado los actos reclamados con exceso o defecto, o no haya desplegado la actuación impuesta en la medida cautelar, no queda colmado. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte el informe rendido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas analizado en la resolución de trece de mayo de dos mil veintiuno, del que se advierte que la intervención de dicha autoridad únicamente estuvo reducida a fungir órgano técnico asesor en el proceso de consulta previa, pública e informada del proyecto "Ampliación y habilitación del aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía del Camino", mismo que se sometió consulta de la Comunidad Indígena de San Miguel Xaltoca, Nextlapan, Estado de México, a cargo de la autoridad responsable Secretaría de la Defensa Nacional. Aunado a que tal y como lo refiere, normativamente esa institución no cuenta con las facultades y/o atribuciones para ordenar y/o autorizar cualquier acto administrativo que conlleve la construcción de un aeródromo y/o para emitir acciones que tengan por objeto la privación, expropiación de derechos de uso y disfrute y/o disposición del predio que defiende la parte quejosa. Asimismo, en la resolución de trece de mayo de dos mil veintiuno de se analizó la prueba de inspección ocular, practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, de la que se advierte en uno de los puntos conclusivos de la misma ".Que no fue posible determinar a la distancia si en el lugar donde se aprecian las grúas y vehículos se está edificando un aeródromo materia de la controversia. Tampoco se puede afirmar si dicho lugar corresponde a las fracciones "A" y "F" que pertenecen al Ex Ejido de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México". Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en diversas fotografías de las que se advierte imágenes de vías ferroviarias, de un terreno con diversas obras, no se identifica si corresponde al predio que defiende el quejoso. Por cuanto hace la documental privada consistente en los planos topográficos con cuadro de construcción de los polígonos en el sistema de coordenadas universal transversal de mercator de los predios de la Inmobiliaria Zumpango, fracción A y fracción F, si bien se advierten imágenes respecto a la ubicación del predio que aduce ser propiedad del quejoso, dicho medio probatorio carece de eficacia probatoria, pues a criterio de este órgano jurisdiccional, no prueba idónea para acreditar que la construcción de las obras que refiere empatan o se encuentran ubicadas en la zona que refiere son propiedad de la quejosa, pues para ello, se debió ofrecer la prueba pericial en agrimensura, apeo y deslinde, al ser un medio probatorio que requiere conocimientos técnicos para demostrar los extremos planteados por la quejosa. Por último, del oficio 1773/33567/CI-PRE-T de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, se advierte lo siguiente: Con fundamento en los Artículos 32 de la Ley General de Bienes Nacionales, 38 fracción IX del Reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a la publicación citada en antecedentes mediante la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia una superficie total de 109-66-87.671 hectáreas de terrenos de propiedad privada, a favor de la Federación con destino a la Secretaria de la Defensa Nacional, para la construcción del Aeropuerto internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucia, Estado de México, al respecto se le hace una cordial invitación, a fin de que en un término no mayor a cinco días hábiles a partir de recibir el presente comunicado, se presente en las instalaciones de la Dirección General de ingenieros de la Secretaria de la Defensa Nacional, ubicado en Avenida industria Militar Número 1111, San Miguel Tecamachalco, Municipio de Naucalpan Estado de México, Código Postal 53970, correo electrónico, sspredios.dn8@sedena.gob.mx lo anterior a fin de hacerle de su conocimiento lo siguiente: A. Contenido de la Publicación citada en antecedente. B. Documentación se requiere para el cobro de indemnización. C. Avalúo elaborado por el instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de! predio que tiene en posesión De dicho medio probatorio se advierte que la Secretaría de la Defensa Nacional le informó al quejoso de la existencia del Decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de la documentación que se requiere para el cobro de indemnización, así como del Avalúo elaborado por el instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, del predio que tiene en posesión. Sin embargo, del mismo, a criterio de este órgano jurisdiccional no se advierte un incumplimiento a la suspensión definitiva de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues dichos actos, si bien guardan relación con la misma quejosa, lo cierto es que son de naturaleza distinta. Se afirma lo anterior, pues los actos reclamados, en el juicio de amparo que nos ocupa se hicieron consistir en actos de privación, supresión de derechos de uso, disfrute y disposición de predios, así como respecto de la regularización de tierras, estos últimos reclamados al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, respecto de la cual se concedió la suspensión definitiva. Bajo ese contexto, las pruebas aportadas por la parte quejosa carecen valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del código supletorio en la materia, para acreditar los extremos que refiere la parte quejosa, respecto al incumplimiento de la medida suspensional que refiere, las cuales han sido valoradas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. ... Lo anterior cobra relevancia en la medida que denota que las autoridades no incurrieron en la conducta que les atribuye la quejosa; es decir, que afectaron la propiedad que ahora defiende la parte quejosa. Por último, se destaca que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo señalado como actos reclamados el Decreto expropiatorio referido, así como el dictamen del avalúo respecto del inmueble aduce ser de su propiedad, el cual se encuentra radicado en este órgano jurisdiccional con el número 916/2021, respecto del cual el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, le fue negada la suspensión provisional solicitada. Por tanto, se concluye que no le asiste la razón a la promovente del presente incidente y, por ende, resultan infundados sus argumentos, toda vez que las autoridades responsables no han incumplido con la medida cautelar referida. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1263/2019, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa que las Administración Tributaria en Parque Lira es la competente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ...Se destaca que el amparo fue concedido para el efecto de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el realice lo siguiente: . Por tanto, con copia de las constancias con las que se acreditan la cantidades que se solicitan en devolución, dese vista a la Subdirección de Administración Tributaria en Parque Lira, como autoridad competente para conocer de la devolución de que se trata, por el plazo de DIEZ DÍAS...Notifíquese.

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