Reyna Elizabeth Carmona Camargo

Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
668/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Reyna Elizabeth Carmona Camargo

Actuaciones

  1. Principal

    V.... Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte agraviada no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, en razón de que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el párrafo segundo del citado numeral, infórmesele que deberá acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo tendrán el mismo destino que el presente expediente. Al respecto, se hace de su conocimiento que la cita para recoger dichos documentos debe realizarla haciendo uso del módulo de atención presencial generándola a través de la "Agenda OJ" ubicada en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales" del Consejo de la Judicatura Federal (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales /home).

  2. Principal

    V... Agréguese a los autos el escrito de Reyna Elizabeth ..., mediante el cual desahoga los requerimientos formulados en autos, y entre otras cosas indica que no controvierte la aplicación del numeral 774 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, del escrito de demanda y aclaratorios, se aprecia que reclama lo siguiente: - Del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación del decreto por el cual se expidieron los artículos 784, 804 y 805, todos de la Ley Federal de Trabajo. - Del Secretario de Gobernación y Director General del Diario Oficial de la Federación, el refrendo y difusión de los citados artículos. - Del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ejecución y aplicación de los numerales 784, 804 y 805 de la Ley Federal de Trabajo, en relación al juicio laboral 606/2022. - Del Secretario Instructor del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ejecución y aplicación de los artículos referidos, así como el acuerdo de veintiséis de mayo donde aduce se suspendió el plazo que refiere el artículo 873-B de la Ley Federal de Trabajo. DESECHA DEMANDA. En relación a los actos reclamados al Secretario de Gobernación y Director General del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo del decreto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no formuló conceptos de violación para combatir por vicios propios tal acto. De la lectura de la última fracción del numeral 61 destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. El artículo 108, fracciones III y VIII, imponen al quejoso la obligación de señalar a las autoridades que refrendaron y publicaron las normas, únicamente, cuando combata por vicios propios dichos actos, así como a expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia, la ausencia de argumentos que acusen la violación de garantías impide que el Juez de amparo se pronuncie al respecto. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien incumbe la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. El máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. En este sentido, del escrito de demanda se deduce que la parte quejosa no satisfizo las premisas indicadas, dado que no formuló argumento alguno dirigido a demostrar que el refrendo de la normatividad combatida en esta vía y la publicación de la misma en el periódico oficial ocasiona una afectación a sus derechos. En tal virtud, dada la ausencia de conceptos de violación para combatir por vicios propios dichos actos, se desecha la demanda, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a los artículos que aduce son inconstitucionales, los cuales se citaron en el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, y que tuvo conocimiento al momento de ser emplazada al juicio natural, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, con relación al 17, ambos de la citada legislación. De los preceptos legales citados se advierte que, por regla general, el juicio constitucional deberá presentarse en el plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Plazo que se contara en días hábiles, de conformidad con el artículo 22, de la mencionada ley. En ese sentido, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el escrito que ingresó en la oficialía de partes de este juzgado el diez de junio pasado, se advierte que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que el diecinueve de abril de dos mil veintidós fue emplazada al juicio laboral 606/2022; por tanto, el plazo de quince días con que contaba para hacer valer la presente instancia constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al que surtió efectos esa notificación, esto es, al día siguiente. De modo que, conforme a la regla general el término para presentar la demanda de amparo trascurrió del veinte de abril al diez de mayo del año en curso, descontando los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, uno, siete y ocho de mayo, por haber sido inhábiles; por lo que si la demanda de amparo fue presentada hasta el dos de junio siguiente, según se advierte del sello de recepción que obra en el escrito inicial, la misma resulta extemporánea. Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiséis de mayo donde la quejosa aduce se suspendió el plazo de que refiere el artículo 873-B de la Ley Federal de Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. Al respecto, el primero de los artículos citados de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Ahora, el acuerdo reclamado no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna a la promovente, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que únicamente ordenó suspender el plazo otorgado a la parte actora en el juicio laboral de origen hasta en tanto desahogue el requerimiento formulado por la parte contraria, pero no suspendió o paralizó el procedimiento en su totalidad sino únicamente el lapso que se concedió en un acuerdo previo (de trece de mayo de dos mil veintidós), por lo que ello solo refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXIII, XIV, la primera con relación al diverso 107 fracción V, este último a contrario sensu, y 108, fracciones III y VIII de la Ley de Amparo, se desecha la demanda.

  3. Principal

    X...Visto el escrito de cuenta, suscrito por el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional César Alberto ..., adscrito a la Dirección General de Conciliación y Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, en atención a su contenido, se provee: Dígase a dicho experto que por única ocasión, con fundamento en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le concede el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, a efecto de que rinda su dictamen pericial. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de abril del año en curso.

  4. Principal

    V... Vista la demanda de amparo promovida por Reyna Elizabeth ...

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