Reyna Echeverría Echeverría

Expediente 1187/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1187/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Reyna Echeverría Echeverría

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho plazo transcurrió del siete al once de agosto del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 20, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 de dicho Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del Juzgador Federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1187/2023-III-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables. De modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que al tener a la vista la demanda constitucional que dio vida al diverso juicio de amparo 445/2023-III-B, del índice de este juzgado, se desprende que lo promovió la misma quejosa ********************, contra el mismo acto y la misma autoridad en cita. Lo que constituye un hecho notorio para la Secretaria encargada del despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia VI.1º.P. J/25, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, registro 187526, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". En consecuencia, del análisis comparativo entre la demanda de cuenta y la diversa del juicio de amparo 445/2023-III-A, del índice de este juzgado, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.." Y la fracción anterior a que la norma se refiere dispone: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la existencia de una sentencia ejecutoria y consigna la imposibilidad jurídica de someter nuevamente a análisis la constitucionalidad de los actos reclamados en un primer juicio. También de la redacción del apuntado numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del propio precepto, se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo; y, b) Que ambos juicios estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. Ahora bien, se afirma que ésta se actualiza, pues de los propios autos en consulta, se advierte que la parte aquí quejosa ya había promovido demanda de amparo indirecto contra el acto y autoridad que ahora señala, esto es, respecto de la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************, la cual conoció este Juzgado, radicó bajo el número 445/2023-III-B y fue resuelto en sentencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en cuyo punto resolutivo primero, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí también parte quejosa. Sentencia que causó ejecutoria el veinticinco de mayo siguiente, y que se encuentra pendiente de cumplimiento. Dicha información detallada a manera de antecedentes, se consultó a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo que se invoca como hecho notorio con pleno valor probatorio, con fundamento en lo establecido por los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Y de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima época, libro 55, tomo I, junio de 2018, página 10, con registro electrónico 2017123, que se aplica por analogía, cuyo rubro y texto son los siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Por lo antes expuesto, es inconcuso que el acto reclamado en este juicio de amparo ya fue materia de análisis en el diverso 445/2023-III-B, del índice del este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, promovido en contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************. Lo que acredita la causa de improcedencia analizada, pues en esencia se trata del mismo tema jurídico ya estudiado en otro juicio de amparo. Es decir, lo aquí reclamado versa o involucra un tema jurídico que fue materia de otra ejecutoria de amparo, promovido por la misma parte quejosa; por lo cual, al existir identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada. En tal orden jurídico, no procede volver analizar el aludido acto reclamado en este juicio de amparo, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el juicio 445/2023-III-B, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la autoridad y acto ahora reclamado. En este orden de ideas, se cumple con lo dispuesto en el artículo y fracción transcritos, ya que en el presente juicio se reclama el mismo acto respecto de igual autoridad en ambos juicios de amparo, por lo que la litis constitucional es idéntica en ese juicio y éste, y la constitucionalidad del acto reclamado solamente puede analizarse en una sola ocasión. Por lo que es obvio que de resolver el presente juicio de amparo sería contrario a las limitantes que quiso fijar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, que fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, en demérito del principio legal de cosa juzgada. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima época, tomo IV, marzo de 2017, página 2647, número de registro 2013820, cuyo contenido es: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE EXTRADICIÓN POR VICIOS PROPIOS, Y EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR YA FUE ANALIZADA LA LEGALIDAD DE DICHA ORDEN. La figura de cosa juzgada, no sólo se actualiza cuando, en sentido estricto, se trata específicamente del mismo acto reclamado, pues además de que así no se establece textualmente en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo cierto es que de la interpretación armónica y sistemática del mencionado numeral con la diversa fracción X, se concluye que en la causal mencionada se establece que la acción de amparo será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un tema jurídico, que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso. En ese sentido, si el quejoso reclama la ejecución de la orden de extradición por vicios propios, y en un juicio de amparo anterior ya fue analizada la legalidad de dicha orden, el juicio de amparo resulta improcedente por existir cosa juzgada, pues si bien puede haber afectaciones en esta etapa (entendida como posterior al acto de extradición), de considerar que éstas pueden analizarse en el juicio de amparo, se estimaría que una causa, de existir, superveniente, es previo a las de improcedencia, lo que jurídicamente no es permisible, pues el núcleo principal que ahora se busca someter a la jurisdicción constitucional, es la extradición que pesa sobre el quejoso, que ya fue analizada constitucionalmente, incluso en revisión, esto es, la ejecución impugnada involucra necesariamente al diverso acto en el juicio de amparo previamente resuelto mediante sentencia ejecutoriada, cuyo tema materia de pronunciamiento adquiere entonces el carácter de cosa juzgada, consistente en la orden de extradición del quejoso "entendiéndose incluido todo el proceso y su ejecución." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo, y como sus autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y a las demás personas que menciona en su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente y regístrese.

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