Reyna del Rosario López Cota

Expediente 1585/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1585/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Reyna del Rosario López Cota
  • Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    agréguese a los autos, el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en atención a su contenido, remítasele la constancia que solicita, para los efectos legales a que haya lugar

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; en atención al contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, notifíquese por lista el proveído de veintidós de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 53/2021 del índice del homólogo oficiante, en términos del diverso oficio registrado con el número de correspondencia 4798; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se requiere a la promovente, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio en Ciudad de México; con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados del Juzgado oficiante, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo

  3. Principal

    en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordena notificar por lista a la parte quejosa, el auto de veintidós de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 53/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que en síntesis dice: Síntesis: Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se está en condiciones de reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto. RECEPCIÓN DE OFICIO Téngase por recibido el testimonio remitido vía interconexión por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, de la resolución emitida en el conflicto competencial 1742/2020 de su índice, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales y el Juzgado Séptimo de Distrito, ambos en el Estado de Baja California, el primero con residencia en Tijuana y el segundo en Ensenada, en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es legalmente competente para conocer del trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento, del juicio de amparo origen del presente asunto, el Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno corresponda, en términos de las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo promovido por Reyna del Rosario López Cota a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que sea turnado al órgano jurisdiccional correspondiente." De lo anterior se toma conocimiento. Acúsese recibo vía interconexión en términos de los artículos 3, 4, 6 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas. ESTADO PROCESAL Ahora bien, vistos los autos se advierte que mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo relativo a la radicación del presente asunto hasta en tanto se tuviera contara con la ejecutoria dictada en el conflicto competencial aludido, situación que ya aconteció como se advierte de párrafos precedentes; en consecuencia, se provee: RADICACIÓN Visto de nueva cuenta el oficio 76 remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remitió el expediente del juicio de amparo 605/2018 de la estadística del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada (registrado a su vez bajo el número de juicio de amparo 1585/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana), formado con motivo de la demanda de amparo presentada por Reyna del Rosario López Cota, por propio derecho, contra actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Comuníquese al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, que a fin de integrar debidamente este sumario constitucional, se sirva enviar a este órgano federal las constancias de notificación y/o promociones correspondientes al juicio de amparo 1585/2018 de su índice, o en su caso, manifieste la imposibilidad legal o material que le asista para hacerlo. Asimismo, indíquese a la parte quejosa que las promociones subsecuentes deberá presentarlas ante este Juzgado federal por ser quien llevará la tramitación del presente asunto, hasta su archivo. CUESTIÓN PREVIA El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Asimismo, el numeral 110 de la Ley de Amparo consigna: Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. De la transcripción anterior, se desprende que en el juicio de amparo el promovente deberá exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse esa medida cautelar. Esta formalidad tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como son: pedir los informes justificados a cada una de las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, si lo hubiere, dar la intervención correspondiente al Fiscal Ejecutivo Titular, integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión, si esta medida fue solicitada y proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Cabe destacar que conforme al numeral transcrito la exigencia de exhibir las copias para cada una de las partes y las relativas al incidente de suspensión no será necesaria cuando la demanda se presente en forma electrónica, o bien, tratándose de la suspensión, cuando ésta deba concederse de oficio. Asimismo, el órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, tiene obligación de expedir las copias en los siguientes casos: El amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. En asuntos del orden penal. En asuntos del orden laboral, tratándose de los trabajadores. Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces. Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y, Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los siguientes casos: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación el presente auto, precise lo siguiente: Deberá exhibir una copia de su escrito de inicial de demanda incluidos en su caso sus anexos, a efecto de correr traslado a las partes de la siguiente manera: una, para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Asistente Titular), dos más, para dar trámite al incidente de suspensión que solicita y las nueve restantes, para emplazar a las autoridades señaladas como responsables, en el entendido de que la falta de la copia solicitada para la apertura del citado incidente, sólo dará lugar a la postergación del mismo. Mencione de manera específica los actos reclamados que le atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables, en el entendido de que deberá indicar qué parte del proceso legislativo le atribuye a cada autoridad, en el caso de las señaladas como ordenadoras, y en el caso de las ejecutoras, deberá precisar de manera específica el acto que atribuye a éstas, ya que los mismos no se advierten en su escrito inicial de demanda. c) Precise si a su interés legal conviene llamar a juicio al Presidente de la República y atribuirle como acto reclamado el consistente en la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Manifieste si acude al juicio de amparo reclamando las disposiciones tildadas de inconstitucionales con motivo de su entrada en vigor, o bien, en razón de su primer acto de aplicación, en este último caso deberá indicar el acto concreto en que se individualizaron y se aplicaron en su perjuicio las normas impugnadas, así como la fecha en que se hizo conocedor de los mismos, debiendo señalar las autoridades a quién atribuye dicha aplicación. Precise si acude al juicio de amparo reclamando también una orden de aprehensión y en su caso, a qué autoridad le reclama dicho acto. Bajo protesta de decir verdad, manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a qué órgano jurisdiccional le tocó conocer del mismo, indicando el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra. Deberá adjuntar copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las autoridades que señale como responsables en términos de la presente prevención. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la promovente que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando copias del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. El requerimiento señalado en el inciso b), se efectúa de dicha manera, ya que se advierte que la parte quejosa en la demanda de amparo no señaló como autoridad responsable al Presidente de la República, quien de conformidad con el artículo 72, apartado B, de la Constitución Federal, promulgó (implícitamente) el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó al Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, lo cual incide en la integración de este juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. En el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda promovida, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene llamar a juicio a dicha autoridad y atribuirle el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO AUXILIADO Ahora bien, debido a que del estado de autos se advierte que por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ordenó tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, es decir, los estrados de ese juzgado federal auxiliado. En consecuencia, por única ocasión solicítese de la manera más atenta al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que en caso de que no exista inconveniente legal alguno, notifique por medio de lista a la parte quejosa el presente proveído y con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal Adjetivo en cita, le requiera para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no desahogar en el plazo establecido, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por lista en este Juzgado Federal. Hecho lo anterior, el referido juzgado federal remita copia certificada de la notificación respectiva, para la debida integración de este expediente. REQUERIMIENTO PARA MEJORAR COMUNICACIÓN En otro aspecto, con apoyo en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en los que este juzgador lo estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por lista a la parte quejosa en los estrados del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, dígasele que este órgano jurisdiccional se encuentra materialmente imposibilitado para remitir las constancias que solicita; toda vez que en el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo 1585/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la incompetencia plateada no obran constancias originales; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México aceptó la competencia planteada y se avoco al conocimiento de este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Orden de archivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu archívese este expediente como asunto totalmente concluido; lo anterior, toda vez que la resolución no implica ejecución alguna en este asunto; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración de constancias. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, se establece que atendiendo a las particularidades de este asunto, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como en la relación que se integre para su transferencia. Transferencia. En relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 21 del citado Acuerdo General, que establece que el archivo judicial reciente será conservado en el órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, remítase el presente expediente al archivo de este Juzgado Federal para el resguardo, hasta en tanto transcurra el plazo mencionado. Digitalización. De conformidad con el artículo 25 del multicitado Acuerdo, se instruye a la Secretaria encargada del asunto para que verifique que la versión electrónica coincida en la totalidad con la impresa, previo a la transferencia de la documentación.

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