Reyna Cruz Hernández
Expediente 1991/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1991/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Reyna Cruz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***, hubiese recurrido el auto de diez de diciembre de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado por auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince. Ahora bien, de acuerdo con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado al Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de dos de octubre del año en curso, en el expediente laboral **, mediante el cual: ... De las constancias remitidas por la Junta responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el veintitrés de noviembre de dos mil quince, dictó el acuerdo respectivo en relación al escrito promocional antes mencionado, en el cual: ... Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar el acuerdo correspondiente del escrito de dos de octubre de dos mil quince, dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y se notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerfpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, a efecto de contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese a la mencionada autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora respecto del acuerdo de veintitrés de noviembre emitido en el expediente laboral 01/659/2012-ER. Por otro lado, agréguese la razón asentada por la fedataria adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para emplazar a la tercera interesada **, por los motivos que expone; sin embargo este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la autoridad antes mencionada cumpla con el requerimiento efectuado en líneas precedentes. Notifíquese.
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