Reyna Cruz Calva
Expediente 1757/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Reyna Cruz Calva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. En atención a su contenido, téngasele en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, remitiendo la versión escrita del auto de vinculación a proceso de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 1448/2023. Notifíquese
- Incidental
VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1757/2023-5; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo y remitido a este Juzgado Tercero de Distrito, por razón de turno, el diez de octubre de dos mil veintitrés, Reyna Cruz Calva, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva contra la autoridad y los actos que hizo consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES a) Juez de Control del Juzgado Penal Acusatorio Oral del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; y, c) Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo. ACTO RECLAMADO El auto de vinculación a proceso de diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 1448/2023. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. En proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe previo a las autoridades señaladas como responsables; y se fijaron día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló en términos del acta que antecede; por tanto, ahora se procede a emitir la resolución interlocutoria. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; habida cuenta que se está conociendo de la suspensión definitiva del incidente de suspensión derivado del juicio principal 1757/2023-5. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, Juez de Control del Juzgado Penal Acusatorio Oral del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo (por conducto de la encargada de la Dirección del Área Infantil), ya que así lo manifestaron al rendir sus informes previos. TERCERO. Por lo que hace al auto de vinculación a proceso dictado en la indicada causa penal 1448/2023, para efectos de determinar si procede la suspensión definitiva, debe atenderse, en primer lugar, a los requisitos exigidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. I. Así, conforme al citado numeral, se desprende que la suspensión fue solicitada por el quejoso; y, II. No se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, pues atendiendo a la naturaleza de los actos y las violaciones reclamadas, que se hacen consistir en el auto de vinculación a proceso, dictado por la autoridad responsable, sólo se afecta su libertad individual; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además, de conformidad con el artículo 138 de la Ley de la Materia, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la medida cautelar, a saber: 1) Apariencia del buen derecho, y 2) Peligro en la demora. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN En consecuencia, al encontrarse satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, por haberse solicitado la medida cautelar por la parte quejosa; no se siguen perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; y de presentarse dificultad para reparar el goce de la garantía violada al ejecutarse los actos combatidos, es que con fundamento en la fracción II del último numeral citado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, respecto al acto reclamado precisado. Lo anterior, en virtud de que la apariencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado; y, por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de la privación de la libertad del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y como lo solicita la parte quejosa se concede la suspensión definitiva, hasta en tanto se dicte sentencia en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia y la misma cause ejecutoria, para el único y exclusivo efecto de que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar que se encuentre detenido, en lo que se refiera a su libertad y también a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal, para los efectos de su continuación. Lo anterior sin perjuicio, de que una vez concluida la etapa intermedia por la autoridad que continúe con la prosecución de la causa, suspenda el procedimiento tal como lo dispone el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo. Se aplica a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2023 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2026369, Undécima Época, Materias Común, Penal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes." Esta medida provisional dejará de surtir efectos hasta en tanto se notifique a la responsable la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia y la misma cause ejecutoria. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 128, 136, 138, 150 y 163 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Reyna Cruz Calva, contra los actos y autoridad responsable referida en el considerando segundo de la presente resolución, para los efectos precisados en el considerando tercero. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con cuarenta minutos de esta propia fecha, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio y toda vez que mediante proveído de once de octubre del año en curso, notificado al día siguiente, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-1 del Equipo de Investigación y Litigación, con sede en Tula de Allende, Hidalgo de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Hidalgo, por virtud del cual rinde su informe justificado, sin que hubiera transcurrido los ocho días a la celebración de la audiencia constitucional señalada para la fecha en que se actúa, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, resulta procedente diferir la misma y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el informe justificado rendido por la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 9. Con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el contenido de la Circular 28/2023 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés y las diversas SGP/02/2023 y SGP/04/2023 del mismo mes y año, signadas por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal de las se advierte que por causas de fuerza mayor se decretó paro nacional de labores del Poder Judicial de la Federación en toda la República, razón por la que se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del presente año, y, como consecuencia, la suspensión de labores, términos y plazos procesales, en forma retroactiva a partir del dieciséis al veinticuatro de octubre del actual. Así mismo se desprende que en el presente asunto se encontraban señaladas las diez horas con treinta minutos del veintitrés de octubre del año que transcurre, para la celebración de la audiencia constitucional, sin que en dicha data se realizara el pronunciamiento correspondiente, por los motivos expuestos en las circulares citadas; en consecuencia, se procede a fijar nueva fecha y hora para que tenga verificativo la misma, por lo que en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese
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