Reyna Cortes Rocha
Expediente 785/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyna Cortes Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés... Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por -, por propio derecho y en representación de la menor -, mediante el cual, cumple con el requerimiento realizado en auto de veintiuno de junio del año en curso. Del análisis tanto del escrito inicial de la demanda de amparo, como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el auto dictado el seis de junio del año en curso, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta Distrito Judicial, emitido dentro del juicio especial oral familiar número -, en el cual determinó negar la escucha de la menor de iniciales -, en el juicio que sobre cambio de custodia y otras prestaciones, promovió - frente a -. Ahora, este tribunal estima que procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que establece como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tienen señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas de la quejosa cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos derivados de un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio especial oral familiar de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable en el acto reclamado, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantearse impugnación en contra de la resolución que se dicte en definitiva, conforme a lo dispuesto en el precepto 172 fracción XII, de la Ley de la Materia, pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la parte quejosa, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución que se dicte en ese procedimiento le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Máxime, que en el auto combatido el Juez señalado como responsable manifestó que de considerar necesario escuchar a la menor de iniciales -, señalará fecha antes de la celebración de la audiencia de juicio para tal efecto. En ese sentido, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación, entonces resulta evidente que el amparo es improcedente. Sirve de sustento la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Entonces, resulta evidente que al surtirse la causa de improcedencia analizada, lo que procede con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés... Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por -, por propio derecho y en representación de la menor-, en contra del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia Oral Familiar de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-785/2023-2; y previo acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: Ahora bien, como la parte quejosa en el capítulo del acto reclamado señala "(.) el auto dictado por la autoridad responsable con fecha 6 de junio del año en curso, dentro del expediente -. (.) 1) Entonces, deberá precisar la acción que se ventila en dicho expediente, la vía en que se tramita, las prestaciones que se reclaman las partes en dicho contradictorio; además, el estado que guarda; y, 2) Deberá exhibir copia, fotocopia o bien transcribir literalmente el auto que constituye el acto reclamado, a efecto de que este Juzgado esté en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. APERCIBIMIENTO En la inteligencia que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se le formula, en términos de los dispuesto en numeral 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a la licenciada -, virtud a que la misma se encuentra dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizando a la persona que indica para los fines precisados al inicio de este párrafo. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por -, por propio derecho y en representación de la menor -, mediante el cual, cumple con el requerimiento realizado en auto de veintiuno de junio del año en curso. Del análisis tanto del escrito inicial de la demanda de amparo, como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el auto dictado el seis de junio del año en curso, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta Distrito Judicial, emitido dentro del juicio especial oral familiar número -, en el cual determinó negar la escucha de la menor de iniciales -, en el juicio que sobre cambio de custodia y otras prestaciones, promovió - frente a -. Ahora, este tribunal estima que procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que establece como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tienen señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas de la quejosa cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos derivados de un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio especial oral familiar de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable en el acto reclamado, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantearse impugnación en contra de la resolución que se dicte en definitiva, conforme a lo dispuesto en el precepto 172 fracción XII, de la Ley de la Materia, pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la parte quejosa, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución que se dicte en ese procedimiento le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Máxime, que en el auto combatido el Juez señalado como responsable manifestó que de considerar necesario escuchar a la menor de iniciales -, señalará fecha antes de la celebración de la audiencia de juicio para tal efecto. En ese sentido, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación, entonces resulta evidente que el amparo es improcedente. Sirve de sustento la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Entonces, resulta evidente que al surtirse la causa de improcedencia analizada, lo que procede con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
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