Reyna Chávez Guadalupe
Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Reyna Chávez Guadalupe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Ciudad de México, a tres de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibidos los oficios de cuenta signados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; por medio de los cuales, hace del conocimiento el contenido dictado en el Toca Q.C. 112/2023, de su índice, del que se advierte que desechó el recurso de queja interpuesto por extemporáneo; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos los oficios de cuenta, para que surtan efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se le informe la determinación que tomo este Juzgado de Distrito, respecto de la competencia declinada por conocimiento previo, respecto la demanda promovida por **************, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda. Al respecto, se la hace de su conocimiento que mediante proveído de veintiocho de febrero del año actual, este órgano jurisdiccional se avoco al conocimiento de la misma. De igual manera, se hace de su conocimiento que después de un análisis de la demanda promovida por *************, este Juzgado de Distrito desechó la misma, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, lo que se hace de su conocimiento para los efectos conducentes a que haya lugar. Notifíquese por oficio al Juzgado octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y por lista a la promovente.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de la quejosa *****, mediante el cual INTERPONE RECURSO DE QUEJA contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el informe materia de la queja, así como, copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno, enviándole por separado el original y copia del escrito de expresión de agravios. Ahora bien, toda vez que se trata de un recurso de queja, éste debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, para que se le asigne número por razón de turno; a tal efecto, remítase por conducto del buzón judicial, para que designe al Tribunal Federal que en razón de turno le corresponda conocer. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, por medio de la cual manifiesta el motivo por el cual no pudo notificar a la parte quejosa *****, el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos señalados; en esas condiciones, se ordena notificar a la arte quejosa el auto de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa del presente auto del veintiocho de febrero pasado. ***AUTO DE 28/02/2023.- "México, Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y recibido el veintisiete de febrero de dos veintitrés, por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por *****, con un expediente 154/2023, con seis copias de ésta. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, en el presente caso se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada no es de imposible reparación, como se verá a continuación. Esos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." En efecto, los actos cuya ejecución son de imposible reparación, se trata de aquellos en las que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos y garantías del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales reconocidos, está en condiciones de hacerlas valer como tales en recurso que la materia prevea que en su caso promueva, o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 3ª./J.43 29/89, de la Octava época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que literalmente establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca *****/2022, por la que confirma el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, emitido en los autos del incidente de reducción de pensión alimenticia, deducido del juicio de divorcio sin expresión de causa expediente número 266/2022, seguido por la aquí quejosa en contra de *****, en el que entre otras cosas acordó dejar sin efectos el segundo párrafo del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós: ". En este sentido, los datos personales son estimados por la ley como confidenciales, debiendo ser tratados bajo la más estricta responsabilidad en el debido cumplimiento de sus funciones, facultades y atribuciones derivadas de la ley que rige la protección de datos personales en el actuar como autoridad; por lo tanto en cumplimiento al principio de confidencialidad, se debe garantizar que exclusivamente el TITULAR DE LOS DATOS PUEDA ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES, o bien, la PERSONA QUE EL AUTORICE, o en su caso, la AUTORIDAD COMPETENTE, consecuentemente, si a interés de las partes conviene y/o sus autorizados, podrán acudir al local de este H Juzgado a consultare los mismos bajo su más estricta responsabilidad, de los que no se podrán tomar fotografías y/o digitalizar con fines de su reproducción." De lo anterior, no constituye un acto que tengan una ejecución de imposible reparación, ya que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, pues no se afecta en ninguna forma los derechos sustantivos constitucionales de la quejosa, ni puede considerarse una violación procesal que los afecte, pues sólo producen efectos de carácter formal o adjetivo, ya que, únicamente, la autoridad estudio el presupuesto procesal consistente en la personalidad que se ostentaba los promoventes en el juicio natural. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, lo aquí reclamado sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpió en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera, pues la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 2077/2022, por la que confirma el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, emitido en los autos del incidente de reducción de pensión alimenticia, deducido del juicio de divorcio sin expresión de causa expediente número 266/2022, seguido por la aquí quejosa en contra de José Leonardo Serrano Gutiérrez, en el que entre otras cosas acordó dejar sin efectos el segundo párrafo del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós: ". En este sentido, los datos personales son estimados por la ley como confidenciales, debiendo ser tratados bajo la más estricta responsabilidad en el debido cumplimiento de sus funciones, facultades y atribuciones derivadas de la ley que rige la protección de datos personales en el actuar como autoridad; por lo tanto en cumplimiento al principio de confidencialidad, se debe garantizar que exclusivamente el TITULAR DE LOS DATOS PUEDA ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES, o bien, la PERSONA QUE EL AUTORICE, o en su caso, la AUTORIDAD COMPETENTE, consecuentemente, si a interés de las partes conviene y/o sus autorizados, podrán acudir al local de este H Juzgado a consultare los mismos bajo su más estricta responsabilidad, de los que no se podrán tomar fotografías y/o digitalizar con fines de su reproducción.", sólo afecta derechos adjetivos o procesales, respecto de los cuales la doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal ha determinado que resulta improcedente el amparo indirecto. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro 2006589 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" De ahí que las resoluciones que constituyen el acto reclamado, sólo produce efectos de carácter intraprocesal, pues no está en juego ningún derecho humano reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales en los que México es parte. Además, existe la posibilidad que las resoluciones que posteriormente dicte el Juez en el juicio de origen para resolver la controversia natural, sea favorable a los intereses de la parte quejosa, en cuyo caso, la molestia que la resolución reclamada causa hoy a la quejosa, se extinguiría sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que dicha determinación fuera adversa a los intereses de la parte quejosa, estará en condiciones de hacer valer lo que hoy reclama a través del recurso que llegue a interponer en contra de la resolución que en su momento se emita en el incidente de reducción de pensión alimenticia, deducido del juicio de divorcio sin expresión de causa expediente número 266/2022, seguido por la aquí quejosa en contra de José Leonardo Serrano Gutiérrez y posteriormente mediante el juicio de amparo correspondiente; razones por las que se actualiza la causal de improcedencia invocada. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Consecuentemente, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por *****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo. Se tiene como autorizada en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 24 del mismo ordenamiento, a la persona que menciona en su escrito de demanda, en virtud de que no proporciona el número de cédula profesional en el referido Sistema de Profesionales del Derecho. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la promovente."
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