Reyna Cantú García

Expediente 1579/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1579/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • Reyna Cantú García

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA ***, EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO ***; PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"...Tijuana, Baja California, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por la promovente, se advierte que subsana la prevención formulada mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 14 y 15). Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días hábiles, con el que contaba la quejosa para presentar la demanda de amparo, trascurrió con exceso, como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." En esa óptica, la causa de improcedencia contenida en el artículo antes transcrito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el amparo dentro de los plazos que la propia ley señala. Además, cabe precisar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término de quince días hábiles como regla general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En ese sentido, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que la impetrante señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable ordenadora de notificarle el acuerdo de reanudación de procedimiento en el expediente 410/2014, y de las ejecutoras el ilegal lanzamiento del inmueble que aduce es de su propiedad, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de los actos derivados de dicho juicio, de los cuales bajo protesta de decir verdad indica que tuvo conocimiento el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Así, como se adelantó, se estima actualizada la causa de improcedencia en estudio, ya que la quejosa no promovió el juicio de amparo contra los referidos actos, dentro del plazo de quince días hábiles establecido por el párrafo primero del artículo 17 de la propia ley. En efecto, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que hizo consistir en la reanudación del procedimiento de origen e ilegal lanzamiento, el veintitrés de marzo del año que transcurre, ya que como refiere es parte en el juicio de origen; así, el plazo de quince días hábiles con que contaba para promover el juicio de amparo, empezó a contar a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, del veintisiete de marzo al diecinueve de abril de dos mil dieciocho, con exclusión de los correspondientes días inhábiles. Por ende, si el escrito de demanda que dio origen al presente juicio, fue presentado hasta el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, de esta ciudad, según se advierte de la boleta de turno, es dable concluir que su presentación fue extemporánea, al haberse presentado después de que feneció el plazo de quince días hábiles que la ley concede para instar el juicio constitucional y, como consecuencia, los actos reclamados se consideran tácitamente consentidos. Sin que en el presente asunto, se esté en alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, enero de 2011, tomo XXXIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  2. Principal

    hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto, lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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