Reyna Canelo Tovar

Expediente 298/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
298/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Reyna Canelo Tovar
  • Juez Primero en Materia Civil en el Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Ahora bien, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en cumplimiento al requerimiento decretado en autos, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que se formó con las mismas. Finalmente, se puntualiza que no se realizó el cómputo a las diversas partes del presente juicio constitucional, en virtud de que el sentido del fallo de la sentencia dictada en autos, no les causa perjuicio alguno...IV

  2. Principal

    A continuación, el Secretario hace una relación de las constancias más relevantes de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y constancias de emplazamiento de la parte tercero interesada Gustavo Vladimir Madrid Aguirre (folio 23), Maribel Martínez Reséndiz (folio 24) y Jorge y/o Jorge Luis Martínez Toledo (folios 38 a 39) A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias, y por rendidos los informes de mérito. Ahora, toda vez que la los terceros interesados Gustavo Vladimir Madrid Aguirre y Maribel Martínez Reséndiz, no dieron cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, esto es, señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones; en consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordena que las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal les surtan efectos por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas que remitió el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en apoyo a su informe justificado, relativas al juicio ordinario civil sobre nulidad de escritura 571/2016; por lo que, al no haber más pruebas que relacionar, se declara cerrado este periodo. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que, al no haber alegatos que relacionar, se declara cerrada esta fase. Acto seguido, se ponen los autos a la vista de la Juez para el dictado de la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 298/2017-IV, promovido por Reyna (o Reina) Canelo Tovar, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16, 18, 19 y 22, Constitucionales, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Luis Daniel Chavero Rocha, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES A Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. B Coordinador de Actuarios adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. C Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. IV. ACTOS RECLAMADOS "Del C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.- Todas y cada una de las resoluciones que existan en mi contra ya sean interlocutorias como definitivas así como también todo lo actuado en mi contra y/o en mi perjuicio dentro de los autos del expediente del cual desconozco el número ya que nunca fui notificada de dicho procedimiento en mi contra del cual sólo sé que aparezco en carácter de demandada. Del C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL ESTADO, el supuesto emplazamiento hacia mi persona del procedimiento que se sigue en mi contraen el H. Juzgado antes mencionado, que pretenden hacer objeto a la suscrita, y los actos de molestia de manera psicológica o moral de que aparentemente pretenden inferirme, con el objeto de que se me violenten mis derechos litigiosos y de los cuales pudieran ser de mi propiedad y que en algún momento me pudieran causar daños de difícil reparación y/o irreparables a mi patrimonio así como mis derechos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El nueve de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrándose con el número de expediente 298/2018-IV; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la representación social de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Satisfechas las exigencias legales en la integración y tramitación del presente asunto, la audiencia constitucional relativa tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, en concordancia con el diverso Acuerdo General 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los cinco juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, en Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y en Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce; lo anterior en virtud de que se reclaman actos emitidos y que pretenden ejecutar autoridades con residencia en este circuito de amparo. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento, por identidad jurídica sustancial, en la tesis de jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la lectura integral y sistemática que se práctica a la demanda de garantías se deduce que la parte quejosa reclama: El emplazamiento en el juicio ordinario civil sobre nulidad de escrituras 571/2016, promovido por el aquí tercero interesado Jorge Luis Martínez Toledo, en contra de la aquí quejosa Reyna (o Reina) Canelo Tovar y otros; Y, en vía de consecuencia todo lo actuado con posterioridad en ese expediente. TERCERO. Certeza de actos. En el caso, los Actuarios Adscritos a los Juzgados Civiles (Ana María del Rosario Cruz Morales, Laura Oralia Ramírez Cortes, Silvia Ávalos Corona, Irais Janeth Hernández Salazar, Rafael Hernández, Francisco Javier Aguirre Balmori, Ana Wendy Romero Jiménez, Antonio Pérez Barrera, Beatriz Verónica Vergara Rivera y Eva Torres Limón) en representación de la Coordinación General de Actuarios y Peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro; y la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro (Gabriela Nieves García), al rendir informe justificado (folios 19 a 20 y 21, respectivamente), aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio de amparo, ya que de las copias certificadas del juicio ordinario civil sobre nulidad de escrituras 571/2016, remitidas por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se desprende que previamente a que se ordenara el emplazamiento por edictos de la parte quejosa, aquéllos intervinieron asentando su imposibilidad para notificar a la parte demandada al juicio natural. Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, igualmente aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en: 2. Todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento realizado por edictos en el juicio ordinario civil sobre nulidad de escrituras 571/2016. Lo que es suficiente para tener por cierto dicho acto. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo además en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, número 1a./J. 3/99, impresa en la página trece, del Tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Así, una vez analizadas las constancias de autos, este juzgado advierte oficiosamente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto los actos reclamados que precisados quedaron con los numerales 1 y 2 del considerando segundo de esta sentencia. Esto es así, pues de las constancias que obran en el sumario en el que se actúa, las cuales quedaron previamente valoradas, se revela que la quejosa no cuenta con el carácter de persona extraña al procedimiento natural, como enseguida se explica. En efecto, en los referidos numerales de la ley reglamentaria, dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Del primero de los preceptos citados, se colige que las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Constitución Federal o de la Ley de Amparo, dado que las veintidós primeras fracciones del citado artículo 61, establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en los diversos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Es ilustrativo al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil trescientos cuarenta y cuatro, del Libro 2, Enero de dos mil catorce, Tomo II, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2005313, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Por su parte, del segundo de los numerales trasuntos, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Al este respecto, conviene anotar algunas precisiones técnicas que se relacionan con la temática que envuelve el tópico que aquí se analiza. En primer lugar, cabe resaltar que la solicitante del amparo acude a esta vía constitucional mediante la procedencia del juicio prevista en la fracción VI, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esto es, bajo el carácter de tercero extraño; en ese sentido debe decirse que suelen expresarse de forma indistinta los términos "persona extraña" y "tercero extraño"; sin embargo, acorde con la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Luego, para efecto de lo preceptuado en el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte formal que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra a lo antes dicho la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y seis, del tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, no obstante que en el caso la quejosa es parte formalmente en el juicio ordinario civil sobre nulidad de escrituras 571/2016, de donde devienen las consecuencias que reclama, lo cierto es que no lo es en el aspecto material, dado que -según aduce- no fue llamada a efecto de que pudiera estar en condiciones de enderezar una defensa adecuada dentro del procedimiento de origen. Desde otro ángulo conviene destacar también lo relativo a definir cuál es la naturaleza del acto jurídico procesal del que la parte aquí quejosa dice no se llevó a cabo, es decir, el denominado llamamiento a juicio o emplazamiento. En ese sentido, el emplazamiento es un acto procesal mediante el que un órgano jurisdiccional realiza un acto procesal a efecto de hacer saber a la parte interesada la existencia de una controversia en la que interesa comparezca con el ánimo de que se defienda eficazmente; el emplazamiento es una de las figuras del derecho procesal que tiene un grado de importancia supremo, porque lleva implícita la satisfacción y respeto al derecho fundamental de audiencia y defensa que cualquier gobernado debe tener frente al desarrollo de un procedimiento tendiente a afectarlo en su esfera jurídica, ya sea de carácter civil, administrativo, familiar, laboral, entre otros. De ahí que ante su falta o irregular satisfacción conforme a las reglas procesales de cada materia, tal situación es productora de transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, de resultar viciada, acarrea que todas las actuaciones que fueron realizadas en ausencia del no llamado o indebidamente emplazado, queden nulas. Así pues, el emplazamiento constituye una actuación procesal de trascendental importancia para el respeto del derecho fundamental previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, porque es una de las más importantes formalidades esenciales del procedimiento, ya que por medio de ella se hace del conocimiento a la parte demandada la existencia de un juicio en su contra, que bien puede concluir con la privación de sus derechos; luego, es necesario llamarlo para que tenga oportunidad de alegar lo que considere oportuno, oponer excepciones y defensas y ofrecer pruebas. Asimismo, el emplazamiento debe satisfacer todas las formalidades requeridas por la ley, pues de no hacerlo vulneraría de manera directa el derecho fundamental de audiencia previsto por el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página ciento treinta y tres, del tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, del análisis integral de las constancias que integran la presente pieza judicial, se advierte que la quejosa Reyna Canelo Tovar, reclama el emplazamiento al juicio ordinario civil sobre nulidad de escrituras 571/2016, promovido por el aquí tercero interesado Jorge Luis Martínez Toledo, en contra de la aquí quejosa Reyna (o Reina) Canelo Tovar y otros; y en vía de consecuencia todo lo actuado con posterioridad en ese expediente. Ello en función a que, aduce, se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, al no haber sido notificado para comparecer en aquellos. En el caso, de las constancias remitidas por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, relativas al juicio ordinario civil sobre nulidad de escrituras 571/2016, las cuales quedaron justipreciadas con antelación, se obtiene que: 1. Mediante escrito recepcionado por la responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el aquí tercero interesado Jorge Luis Martínez Toledo, por conducto de su apoderado legal, demandó en la vía ordinaria civil de la aquí quejosa Reyna (o Reina) Canelo Tovar, y otros, la nulidad de escrituras públicas y otras prestaciones. (folios 3 a 12 del tomo de pruebas) 2. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el juez responsable admitió la demanda radicándola bajo el número de expediente 571/2016 de su índice, y en virtud de que el actor había señalado como domicilio para que fuera emplazada la demandada aquí quejosa Reyna (o Reina) Canelo Tovar, el ubicado en "La Nopalera, Tarimoro, Guanajuato y/o Calle Independencia, Numero 2, Colonia Centro, Tierra Blanca, Guanajuato, así como el de diverso demandado Notario Público número 6, del Partido Judicial de San José de Iturbide, Guanajuato, en el domicilio ubicado en Plaza Hidalgo número 4, Colonia Centro, Tierra Blanca Guanajuato, esto es, fuera de esta entidad federativa, ordenó girar exhorto al Juez competente en Tierra Blanca, Guanajuato, para que en su auxilio llamara a juicio a los demandados de mérito. (folios 60 a 64 del tomo de pruebas). 3. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable tuvo a la Juez Menor Mixto Interina en Tierra Blanca Guanajuato, remitiendo parcialmente diligenciado el exhorto de mérito, esto es, enviando únicamente la diligencia encomendada respecto del fedatario público de referencia empero no así respecto de la demandada Reyna (o Reina) Canelo Tovar, pues en relación a ésta, la Secretaria adscrita al juzgado exhortado (en funciones de ministro ejecutor y/o ejecutor), hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo su encomienda, en virtud de que al constituirse en la localidad de Tierra Blanca, Guanajuato, Zona Centro, y entrevistarse con un vecino del lugar éste le manifestó desconocer tanto a la Calle Independencia, como a la persona buscada; así como que al dirigirse a la Dirección de Obras Públicas de ese Municipio, fue informado por el titular de esa dependencia que no existía registro alguno de la Calle Independencia y que la persona buscada tampoco era conocida en esa localidad, aunque existía la posibilidad de que la calle cuestionada pudiera localizarse en alguna de las 46 comunidades de ese Municipio. (folio 162 en relación con folios 148 a 161 del tomo de pruebas) Situación similar sucedió respecto de diverso exhorto enviado a la Juez Menor Mixto Interina con residencia en Tarimoro, Guanajuato, a quien por auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el juez responsable la tuvo remitiendo sin diligenciar el emplazamiento de la demandada Reyna (o Reina) Canelo Tovar, pues en relación a esa encomienda la Oficial Judicial "B", adscrita al juzgado exhortado (en funciones de ministro ejecutor y/o ejecutor), hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo el llamamiento a juicio, en virtud de que al constituirse en La Nopalera, Municipio de Tarimoro, Guanajuato, en calle "conocida", y entrevistarse con un vecino del lugar éste le informó que la buscada no vivía en el "citado domicilio", pues hacía tiempo que aquélla se había ido a Estados Unidos de Norteamérica, empero que la que sí vivía en el "citado domicilio" era la mamá de la buscada de nombre Amalia Tovar; manifestación que, para mayor certeza, corroboró la diligenciaria con el Delegado del lugar. (folio 240 en relación con folios 206 a 239 del tomo de pruebas) 4. Por auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, la juez responsable, en atención a la petición de la parte actora, con fundamento en el artículo 122 de la ley adjetiva de la materia y fuero, inició procedimiento de investigación girando oficios a las siguientes dependencias: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General del Estado de Querétaro, Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, Director de Ingresos del Municipio de Querétaro, Director del Instituto Mexicano del Seguro social, Secretario de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Querétaro, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Querétaro "1", Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a fin de que informaran si en sus bases de datos contaban con registros sobre algún domicilio de la demandada, aquí quejosa. (folios 271 a 273 en relación con folios 246 a 247 del tomo de pruebas) 3. En cumplimiento a los oficios de mérito, las dependencias señaladas en el punto que antecede, informaron lo siguiente: I. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que después de haber realizado una búsqueda en la base de datos del sistema de expedición de licencias y permisos para conducir de esa dependencia, no encontró domicilio alguno a nombre de la aquí quejosa. (folio 274 del tomo de pruebas) II. La Directora Jurídica y de Vinculación Institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, manifestó su imposibilidad para proporcionar lo solicitado por el juez responsable por estimar que se trataba de información catalogada como reservada. (folio 292 del tomo de pruebas) III. El Jefe de Departamento Jurídico de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, comunicó que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esa dependencia no encontró domicilio registrado a nombre de la promovente del amparo. (folio 312 del tomo de pruebas) IV. La Coordinadora de Normatividad Fiscal en representación de la Dirección de Ingresos del Municipio de Querétaro, reportó que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema de información Municipal (SIM), así como en los módulos de impuesto predial y recaudación, no encontró registro alguno a nombre de la impetrante del amparo. (folios 288 y 357 del tomo de pruebas) V. El Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, Delegación Estatal Querétaro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuso que después de haber consultado la base de datos de esa dependencia no encontró antecedente alguno de la persona buscada. (folio 290 del tomo de pruebas) VI. El Coordinador Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, argumentó su imposibilidad para proporcionar la información solicitada en virtud que en los archivos de esa dependencia no contaban con base de datos domiciliarios. (folio 291 del tomo de pruebas) VII. El Jefe de Departamento de Afiliaciones y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comunicó que después de realizar una búsqueda en el sistema operativo denominado SIPE/AV, no encontró dato alguno con la información solicitada. (folios 289 y 355 del tomo de pruebas) VIII. El Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Querétaro "1", del Servicio de Administración Tributaria, expuso su imposibilidad de proporcionar la información solicitada por haber estimado que se trataba de información catalogada como reservada. (folios 294 a 295 del tomo de pruebas) IX. El Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, informó que después de haber realizado una búsqueda en el padrón electoral y en la lista nominal de dicho instituto, no encontró registro coincidente con el nombre de la aquí quejosa. (folio 285 del tomo de pruebas) X. El Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, reportó que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIEBEL) y en el Sistema de Información Municipal (SIM) con lo que cuenta el Municipio de Querétaro, no encontró domicilio alguno de la promovente del amparo. (folio 310 del tomo de pruebas) 6. Luego, por auto de trece de junio de dos mil diecisiete, el juez de origen, a solicitud de la parte actora, con apoyo en el artículo 122 de la Ley adjetiva de la materia y fuero, ordenó el emplazamiento por edictos de la demandada Reyna (o Reina) Canelo Tovar, los que ordenó publicar por tres veces, de tres en tres días hábiles, es decir, mediando dos días hábiles entre una publicación y otra, en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, así como en los estrados de ese juzgado; lo anterior, a fin de que el demandado diera contestación a la demandada entablada en su contra dentro del plazo de quince días; apercibiéndolo que de no hacerlo, lo tendría por contestando la demanda en sentido negativo y por perdido su derecho no ejercitado en tiempo y forma. Asimismo, la responsable consideró que como el último domicilio de la buscada había sido en Tarimoro, Guanajuato, ordenó girar exhorto al Juez competente en esa localidad para que, en su auxilio, se sirviera ordenar el emplazamiento por edictos a la demandada de mérito, lo que solicitó llevar a cabo en los mismos términos señalados en el párrafo que antecede. (folios 366 a 368 del tomo de pruebas) 7. Obra en el juicio natural que las publicaciones por edictos se realizaron en los estrados del juzgado responsable los días once, catorce y diecinueve de julio de dos mil diecisiete (folios 371 a 373 del tomo de pruebas); y en los estrados del juzgado exhortado -Juzgado Único Menor Mixto de Tarimoro Guanajuato- el once, dieciséis y veintiuno de agosto de dos mil dieciséis (sic, en realidad el año correcto es dos mil diecisiete, según se advierte a folios 402 a 404 del tomo de pruebas); así como que por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el A quo tuvo a la parte actora exhibiendo tres ejemplares de un periódico de mayor circulación en la ciudad de Querétaro, que contenían las publicaciones de los edictos realizados, al aparecer, los días doce, diecisiete y veinte de julio de dos mil diecisiete, y tres ejemplares de un periódico de mayor circulación en Tarimoro, Guanajuato, relativos a las publicaciones, al parecer, de trece, dieciocho y veintiuno del indicado mes y año; ordenando que se agregaran a los autos para los efectos legales conducentes. (folios 385 a 386 en relación con folios 374 a 381 del tomo de pruebas). 8. El once de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez de la causa declaró la rebeldía en que incurriera la demandada Reyna (o Reina) Canelo Tovar (por haber sido omisa en contestar la demanda en su contra), declarándola presuntamente confesa de los hechos demandados y por perdidos sus derechos por no haberlos ejercitados en tiempo y forma, ordenando que las subsecuentes notificaciones le surtieran efectos por medio de lista. (folios 389 a 390 del tomo de pruebas) 9. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el juez responsable aperturó el juicio a periodo probatorio y el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, lo declaró cerrado, ordenando la apertura de la contienda a fase de alegatos; sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo y rendición del informe justificado por el juez responsable, se hubiere dictado sentencia definitiva. (folios 429 a 436 y 623, respectivamente, del tomo de pruebas) De los reseñados antecedentes, se pone de manifiesto que aun cuando la promovente acude en demanda del amparo ostentándose como persona extraña al juicio natural, pues reclama su falta de llamamiento a tal procedimiento, y que de constancias de autos se aprecie que fue emplazada por medio de edictos; lo cierto es que, al no encontrarse concluido con el dictado de la resolución correspondiente, ni tampoco por proveído que lo dé por terminado, la impetrante se encuentra en la aptitud legal de incorporarse a la relación jurídico procesal y hacer valer los derechos de defensa con que cuenta al ser parte formal en dicho procedimiento. Esto es así, pues si bien fue emplazada por medio de edictos, y el procedimiento se encuentra en fase de alegatos, sin que haya comparecido, lo cierto es, que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, pudo imponerse de la totalidad de las constancias enviadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, lo que denota, que al haberlas tenido a la visa conoció de los pormenores del juicio en el procedimiento, a saber, el número de expediente, las partes contendientes, la acción deducida, el juzgado ante el cual se tramita, etcétera. Así, opuesto a lo que pretende hacer ver la impetrante del amparo, perdió el carácter de persona extraña por equiparación al aludido procedimiento, porque tal conocimiento la faculta a imponerse de los autos del expediente del juicio de origen; circunstancia que le permite hacer valer, a través del medios ordinario, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución favorable, podría esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la determinación que en él se dicte. Esto, porque para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, debe concurrir en ella los siguientes requisitos: i) que sea parte formal en el juicio natural; y, ii) que se haya dictado sentencia definitiva en el mismo o que aquella haya causado ejecutoria, sin que la parte quejosa haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Luego, la improcedencia del juicio por cuanto a estos actos se refiere, deviene en el caso, como se dijo, porque de las constancias que obran en el presente sumario y en el tomo de pruebas que obra por separado, se evidencia que la quejosa Reyna Canelo Tovar, si bien cuenta con el carácter de parte formal (demandado) en el procedimiento de origen, también es verdad que en éste no se ha dictado la resolución respectiva, lo que lo coloca en la aptitud legal de incorporarse al procedimiento natural a hacer valer los medios ordinarios de defensa que a su interés convenga, respecto de la falta de llamamiento, o incluso, de apersonarse a él y ejercer dentro de los plazos legales los derechos que le corresponden. De ahí que, no puede considerarse que por el hecho de que fue emplazada al contradictorio de origen por medio de edictos, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro de aquellos, pues, se insiste, aún no han concluido, al encontrarse el expediente en fase de alegatos, por lo que es evidente que en la contienda subyacente no se ha emitido un acto privativo de sus derechos. Por lo que, de ese conocimiento y situación procesal del de origen, carece de la calidad de persona extraña con que se ostentó, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta o defectuoso emplazamiento a juicio le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del contencioso natural, pues como ya se dijo, con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, pudo imponerse de la totalidad de las constancias enviadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, y por ende, conocer a plenitud los pormenores del juicio; de ahí que la alegada infracción a su derecho de audiencia no está evidenciada. En consecuencia, no se actualiza la hipótesis que se establece en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, para la procedencia de esta instancia constitucional, por cuanto a dichos actos respecta. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página mil seiscientos veintisiete, tomo 2, Libro V, febrero de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Esto es así, porque se insiste, en el juicio natural, del que derivan los actos reclamados, no se ha dado por concluido, ni se ha dictado sentencia y la ahora quejosa es parte formal, aun cuando se duela precisamente de la falta de emplazamiento, pues ello sólo se tornaría impugnable en esta vía constitucional si ya se hubiera dictado la resolución respectiva, pero como ello no ha acontecido, opera en el caso la causa de inejercicio invocada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco del Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000348, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que ve a los actos reclamados consistentes en el emplazamiento al juicio natural, y todo lo actuado en ese procedimiento, por carecer la quejosa del carácter de tercero extraña que ostenta, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que a esos actos y autoridades respecta. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado en cuanto a los actos en cuestión, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio constitucional, acorde con lo previsto en la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y siete, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con la misma, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77 y 217, de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Reyna (o Reina) Canelo Tovar, por propio derecho, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Cecilia Aguilera Ríos, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistida de Ulises Alejandro López Téllez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos, para que obre como constancia, el escrito de cuenta, signado por el mandatario judicial del tercero interesado, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la ley de amparo, tal como se evidencia de las constancias del juicio de origen que obran por cuerda separada; mediante el cual, se apersona al presente juicio constitucional, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y, como autorizados en los mismos términos, a las personas que en su ocurso menciona. Finalmente, por cuanto ve a la diversa petición del ocursante de mérito, respecto de requerir a la parte quejosa, a efecto de que ratifique su escrito, presente su credencial para votar, y posteriormente se solicite al Instituto Nacional Electoral su validación, con el objetivo de corroborar la identidad de la quejosa, dígasele a dicha parte procesal que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y ante la autoridad correspondientes...IV

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