Reyna Briset Corona Islas

Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1179/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Reyna Briset Corona Islas
  • Administrador Local de Recaudación de Torreón, de la Administración Fiscal General Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y negó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de destrucción, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Del mismo modo, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Vía para la rendición de promociones. A pesar de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa; asimismo, con el pedimento presentado por la representante social, mediante el cual ofreció la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO 654/2021 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido posteriormente a este Juzgado Federal, Reyna Briset Corona Islas, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "1) Del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza se reclama la aprobación y expedición del Decreto número 923, por el que se reformaron los artículos 54 fracción II, y 60 fracción II numeral 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 30 de diciembre de 2020, así como la aprobación y expedición del Decreto 541, por lo que respecta a los artículos 186, 187 y TERCERO TRANSITORIO por el que se creó la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 25 de noviembre de 2011, artículos que también se tildan de inconstitucionales. 2) Del C. Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se reclama la promulgación del, Decreto número 923, por el que se reformaron los artículos 54 fracción II, y 60 fracción II numeral 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 30 de diciembre de 2020 así como la promulgación del Decreto 541, por lo que respecta a los artículos 186, 187 y TERCERO TRANSITORIO por el que se crea la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza el 25 de noviembre de 2011, artículos que se tildan de inconstitucionales. 3) Del C. Administrador Fiscal del Estado, de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se reclama la posible ejecución, cobro y recibo del pago de los derechos de registro; en base a la aplicación de los artículos 54 fracción II, y 60 fracción II, numeral 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente al momento del pago, artículos relativos a los servicios prestados por el Registro Público relativos a la propiedad, por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, por el periodo 2021, conceptos, 1521407, y 1521414, que según la manifestación verbal de la autoridad responsable en mención, corresponde al artículo, fracción y numerales antes mencionados de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza descrito como "INSCRIPCION O TRANSMISION Y/0 INSCRIPCION O MODIFICACION DE CREDITO", así como la aplicación de los artículos 186, 187 y TERCERO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Así mismo se le reclama la participación directa o indirecta en la determinación del importe a pagar de conformidad a las cantidades que arroja el quejoso en el sistema de la autoridad y éste desglosa el "Importe Contribuyente". 4) Del C. Administrador Local de Recaudación de Torreón, de la Administración Fiscal General Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reclama la posible ejecución, cobro y recibo del pago de los derechos de registro; en base a la aplicación del artículos 54 fracción II, y 60 fracción II, numeral 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente al momento del pago, artículos relativos a los servicios prestados por el Registro Público relativos a la propiedad, por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, por el periodo 2020, conceptos 1521407 y 1521414 que según la manifestación verbal de la autoridad responsable en mención, corresponde al artículo, fracción y numerales antes mencionados de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza descrito como " INSCRIPCION O TRANSMISION Y/0 INSCRIPCION O MODIFICACIOÑ DE CREDITO", así como la aplicación de los artículos 186, 187 y TERCERO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Así mismo se le reclama la participación directa o indirecta en la determinación del importe a pagar de conformidad a las cantidades que arroja el quejoso en el sistema de la autoridad y éste desglosa el "Importe Contribuyente". Autoliquidación de los Derechos de Registro en base al artículo artículos 54 fracción II, 60 fracción II numeral 3), 186, 187 y TERCERO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente al momento del pago, relacionado con los decretos señalados con antelación en los numerales uno y dos, como actos reclamados en la presente demanda." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número estadístico 1179/2021-VII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 54 fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. 2. La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada veinticinco de noviembre de dos mil once, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. Del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, así como del Administrador Local de Recaudación de esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de referencia 765490669, 765490647 y 765490625, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, a nombre de la peticionaria de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Torreón, por sí y en suplencia del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dichas autoridades reconocieron los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de las precitadas autoridades sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de las mencionadas autoridades responsables, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, ya que el pago por concepto de derechos obedece a las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por las autoridades en comento, es decir, la quejosa simplemente se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con las copias certificadas de los recibos con número de referencia 765490669, 765490647 y 765490625, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, cuyos documentos gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo . Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las precitadas autoridades responsables, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por la quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Administrador Local de Recaudación de Torreón, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, son infundados los motivos de improcedencia invocados por las autoridades en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que la quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación. Esto es así, porque la justiciable allegó los recibos electrónicos con números de referencia 765490669, 765490647 y 765490625, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila. En ese medida, contrario a lo que sostienen las autoridades en comento, los indicados recibos sí tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, dado que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." En otro entorno, este juzgador advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, concerniente al acto de aplicación de los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada veinticinco de noviembre de dos mil once, toda vez que no se demostró su aplicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, por lo que debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. La procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento mismo de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, la presencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Pues bien, el quejoso reclama: 1. La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 54 fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. 2. La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada veinticinco de noviembre de dos mil once, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. Con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en los recibos de pago de tres de septiembre de dos mil veintiuno, identificados con los números de referencias 765490669, 765490647 y 765490625, correspondiente a la inscripción de una transmisión de dominio de bien inmueble y otra por registro de crédito, así como sus contribuciones accesorias; documentales que se adjuntaron a la demanda de amparo. No obstante ello, las referida documental únicamente acredita la incidencia en la esfera jurídica de la quejosa, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, esto es, el pago de derechos por inscripción de las operaciones mencionadas en el párrafo que precede. Sin que al efecto se advierta la aplicación de las hipótesis contenidas en los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada veinticinco de noviembre de dos mil once, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, en tanto que dichos numerales se refieren a diversas contribuciones accesorias que no aparecen aplicadas en los precitados recibos de pago. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, respecto a los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada veinticinco de noviembre de dos mil once, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3ª./J. 9/94, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 17, que señala lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Luego, toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo respecto de los artículos 54 fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigentes para el ejercicio fiscal de 2021. Pues bien, la parte quejosa expone medularmente los siguientes conceptos de violación: 1) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) establecida en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio 2021, es violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que establecen un trato diferenciado porque consideran el monto de la operación, es decir, un factor ajeno al servicio prestado, lo que conlleva a que los contribuyentes paguen tarifas diferentes. 2) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) establecida en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio 2021, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria puesto que no existe congruencia razonable entre el costo del servicio y esa cantidad que pagan los contribuyentes, pese a que no se trata de un servicio complejo sino simple. 3) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por servicios del Registro Público, es desproporcional con relación al costo del servicio. Son inoperantes e infundados los anteriores motivos de disenso, en atención a las siguientes consideraciones. Previo a demostrar el anterior aserto, resulta adecuado hacer un breve estudio de los principios jurídicos consagrados en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal y su función en las contribuciones denominadas derechos. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De la anterior transcripción se colige que, en materia tributaria, las leyes y los actos deben atender, entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad. La proporcionalidad significa que al momento de contribuir con el gasto público del Estado, la imposición debe ser justa en relación con la capacidad contributiva del causante o sujeto pasivo, entendiéndose por ésta, como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a aquellos que perciban medianos y/o reducidos recursos; tal como lo ha precisado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia P./J. 109/99, consultable en la página 22, Tomo X, Noviembre de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." Por equidad debe entenderse la exigencia de tratar igual a los contribuyentes que se encuentran en la misma hipótesis de causación, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa; lo anterior, como se desprende de la jurisprudencia P./J. 24/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." Ahora bien, cuando se trata de derechos como contribuciones, estos principios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, pues, de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la Hacienda Pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas. Así, aun cuando la finalidad de los impuestos y los derechos es contribuir al gasto público, estos no comparten la misma naturaleza, de ahí que los impuestos deben fijarse de acuerdo a la capacidad contributiva del causante del impuesto; en cambio, para los derechos, el monto de la cuota debe guardar una congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, de tal manera que las cuotas correspondientes sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos; tal como lo señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998 en la Novena Época de rubro siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." Bajo el tamiz expuesto, se califican de infundados los planteamientos de la quejosa sintetizados en los arábigo 1 y 2. En aras de explicar lo anterior, resulta adecuado señalar que las contribuciones combatidas se encuentran previstas en los artículos 54 fracción II inciso 1) y 60 fracción II inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, los cuales disponen: "ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II y 61, de la Sección de Comercio. 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan." ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan." De la transcripción hecha deriva que los montos establecidos en los artículos en comento son iguales para los que reciben exactamente los mismos servicios, ya que todo particular que realice la inscripción de un acto traslativo de dominio, así como de cualquier tipo de crédito, deberá pagar a la hacienda pública una cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). En efecto, tal como se observa del artículo 54 fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, el legislador clasificó ocho supuestos de causación, a saber: la inscripción de actos traslativos de dominio; de escrituras constitutivas de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social y sus modificaciones; contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria; todo tipo de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas; títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital, sin aumentar el capital ni transferir derechos; y estos mismos, cuando sí se aumente el capital o se transfiera algún derecho. Para cualquiera de esos supuestos, se estableció que el contribuyente debe pagar una cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo mismo acontece con el diverso numeral 60 fracción II de la legislación en análisis, ya que en las tres hipótesis que surgen de esa porción normativa, el legislador determinó diversos actos relativos al comercio atinentes a la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social y sus modificaciones; actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, como hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, hasta las inscripciones derivadas por su reestructuración y de igual manera, en ellos se fijó como cuota única, el pago de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). El contexto anterior pone de manifiesto que, todo aquél que acuda a realizar actos de inscripción relativos a la propiedad y/o de comercio reciben el mismo trato, pues el sujeto causante pagará la misma cantidad, lo que cumple con el principio de equidad tributaria, en tanto que el costo es igual para los que reciben idénticos servicios. En adición a lo anterior, de los artículos en comento se advierte que, para la determinación de la cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) no se tomó en cuenta ningún elemento extraño, sino exclusivamente los costos que tiene para el Estado la prestación del servicio. Lo que se evidencia con el último párrafo de los artículos reclamados, en los que el legislador detalló que la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) atiende a los costos que se originan con motivo de la revisión de los documentos a registrar, su calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta posterior de los asientos registrales digitalizados, la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información, así como las herramientas necesarias para una adecuada conservación y archivo de los documentos que se resguardan. Siendo tales manifestaciones suficientes para cumplir con el principio de proporcionalidad, pues es criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para efecto de satisfacer dicho principio si bien debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, ya que bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto. Lo anterior es así, ya que el Pleno de la Corte, de igual manera, ha establecido que la palabra contraprestación, cuando se trata de los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, pues a diferencia de una empresa privada donde el costo comercial se fija en atención a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido; en cambio los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización. De ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio solicitado puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado su realización, porque, se reitera, el Estado se organiza en función del interés general y, secundariamente, en el de los particulares. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998, página 40, de la Novena Época de rubro y contenido siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos." De acuerdo con lo anterior, si el legislador, en la ley combatida consideró el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como contraprestación que el gobernado debe pagar por la prestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedades inmuebles o de garantías constituidas sobre éstos y contratos de crédito, y dicha cuota es fija e igual para todos aquéllos que soliciten los mismos servicios, sin que se tome en cuenta algún elemento extraño para la fijación del costo (como lo sería el valor del acto jurídico a registrar o el tipo de documento) y, por el contrario, en la propia norma reclamada se explica lo que cuesta para el Estado la prestación del servicio, entonces se concluye que se cumple con el principio de proporcionalidad en materia de derechos, porque, se insiste, el costo fijado por la prestación del servicio no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Sin que el argumento de la justiciable en el sentido de que los derechos por servicios deben seguirse bajo criterios de razonabilidad sea suficiente para declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, ya que toda ley goza de presunción de constitucionalidad, y es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, lo que en el caso no aconteció. En efecto, cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, es al promovente del amparo a quien le corresponde aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, sin que en la especie así lo hubiere hecho, pues no es suficiente la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado para que el suscrito tenga la obligación de realizar un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio judicial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página 1589, de la Décima Época de rubro y contenido siguientes: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." De tal suerte que ante la omisión de la parte quejosa en aportar medio aprobatorio alguno para evidenciar la desproporcionalidad que reclama, consecuentemente, debe señalarse que los artículos 54 fracción II inciso 1) y 60 fracción II inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, cumplen con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, pues el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la ejecución del servicio prestado y éste es igual para todos los que reciben idéntico servicio. No sobra decir que también resulta insuficiente para declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, la afirmación de la quejosa en el sentido de que la actividad de inscripción de documentos en el Registro Público es una actividad simple, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. V/2012 (10a.), visible a página 227, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD" estableció, en lo que aquí interesa, que uno de esos criterios de razonabilidad, es analizar el tipo de servicio que se trata y si éste es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; lo que significa que a mayor cantidad de obligaciones, mayor complejidad ofrece para el Estado prestar el servicio y, por ende, el costo que debe sufragar el gobernado necesariamente debe ser mayor. Así, al realizar un análisis de los artículos 54 y 60 de Ley del Registro Público del Estado de Coahuila, relativos a la inscripción de inmuebles y/o actos de comercio, se puede apreciar que el Registro Público de la Propiedad debe llevar a cabo una serie de actos complejos para realizar una inscripción, pues para ello debe revisar que los asientos y notas de presentación expresen la fecha y número de entrada, la naturaleza del documento y el funcionario que lo haya autorizado, la naturaleza del acto o negocio de que se trate, los bienes y derechos objeto del título presentado, expresando su cuantía, si constare; por su parte, en los asientos de inscripción se deberá expresar la naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objetos de la inscripción; su medida superficial, nombre de la calle y número si constare en el título y la referencia al registro anterior en donde consten esos datos, se hará constar la mención de haberse agregado el plano al legajo respectivo, la naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se constituya, transmita, modifique o extinga, así como su valor; tratándose de hipotecas, la obligación garantizada; la época en que podrá exigirse su cumplimiento; el importe de ella o la cantidad máxima asegurada cuando se trate de obligaciones de monto indeterminado; y los réditos, si se causaren, y la fecha desde que deban correr; los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la inscripción y de aquellas de quienes, así como exprese la nacionalidad, el lugar de origen, la edad, el estado civil, la ocupación y el domicilio de los interesados. Todo lo anterior pone de manifiesto que, para llevar a cabo el registro o inscripción de títulos en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles; así como de toda clase de créditos, no se trata sólo del acto físico de anotar, sino que conlleva la obligación del Registro Público en verificar numerosos aspectos y de diversas índoles, tanto cualitativos como cuantitativos y éstos en relación con las diferentes variables que puedan presentarse en un título para su inscripción; acciones que no se requieren para otro tipo de inscripciones, ya que solamente se requiere la localización del registro de origen para llevarse a cabo. Por tanto, el costo de una inscripción de las previstas en los artículos 54 fracción II inciso 1) y 60 fracción II inciso 3) del ordenamiento legal en comento, obedece a lo que debe hacerse en la oficina registral, esto es, las distintas acciones que tenga que realizar el Registro Público para efecto de llevar a cabo el acto de registro, de tal suerte que, mientras más se revisa el título a inscribir mayor complejidad ofrece para el Estado su inscripción. Por otra parte, es inoperante el diverso argumento expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que la tarifa es desproporcional con relación al costo del servicio (inciso 3). Lo anterior es así, pues sí la quejosa reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que se viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que representa para el Estado prestar dicho servicio, le corresponde aportar los elementos objetivos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Ello, pues como señala la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta la quejosa su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. Y si bien, la quejosa exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos 765490669, 765490647 y 765490625, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, las cuales si bien, tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, las mismas no son idóneas para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En consecuencia, al ser infundados e inoperantes los concepto de violación expresados por la parte quejosa, con relación a los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto a dichas disposiciones. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Reyna Briset Corona Islas, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Reyna Briset Corona Islas, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se estableció -entre otras situaciones-, que en el periodo comprendido del catorce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del mencionado acuerdo general; por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio. Por otro lado, agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para para que obren como legalmente corresponda. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, por última ocasión, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a la oficina de la Administración Local de Recaudación en esta ciudad, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda; apercibida que de no hacer manifestación al respecto, se le tendrá como desinteresada en el cumplimiento del fallo protector y este órgano calificará el mismo, con las constancias que obren en autos. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, en diversas ocasiones ha informado a este juzgado federal, que el cheque correspondiente ha sido puesto a disposición de la parte quejosa, sin que la misma hubiere comparecido a las oficinas de la referida dependencia, a fin de recogerlo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA. Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veinte de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en el cual se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de este órgano jurisdiccional y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Diferimiento anticipado. Atento a lo anterior, a fin de notificar la reanudación a las partes, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional por su proximidad, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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