Reyna Araclei López Hernández
Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Reyna Araclei López Hernández y Otros.
- Reyna Araclei López Hernández
- Jorge Luis Santiago Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
-AVISO DE NOTIFICACIÓN-. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACIÓN I, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: RAZÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, Omar Juárez Enríquez, actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, hago constar que con la finalidad de notificar a la promovente de amparo Álida Sofía Colín Gaitán, el proveído de doce de mayo del año en curso, emitido en el juicio de amparo 521/2021, me constituí en el domicilio ubicado en; calle las flores, lote ciento treinta y nueve, departamento número ciento dos, edificio uno, colonia villa de las flores, en esta ciudad. Una vez que me cercioré de que me encuentro en el domicilio correcto, por así constar en los señalamientos de la calle, numeración del inmueble, además de que es de mi conocimiento, y toda vez que se encuentra cerrado sin que nadie acudiera a mi llamado a pesar de tocar la puerta en reiteradas ocasiones, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedí a dejar fijado en la puerta de acceso al domicilio aviso de notificación para que dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda ante el órgano jurisdiccional de mi adscripción, sito en Predio Huerto Santa Isabel, Carretera a Cantón Murillo No. Km. 0+450, en esta ciudad, en el horario de labores comprendido de las nueve horas con quince minutos a las dieciséis horas con quince minutos, para efecto de que se le notifique la citada determinación; lo anterior, previa cita que genere a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la obtención del código QR que le permitirá el acceso a este recinto jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de observancia obligatoria, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha notificación se hará por lista. Doy fe. Lic. Omar Juárez Enríquez Actuario Judicial NOTIFICACIÓN POR LISTA En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, Omar Juárez Enríquez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, hago constar que con fundamento los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29, ambos de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la promovente de amparo, el proveído de doce de mayo del año en curso, emitido en el juicio de amparo 521/2021, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional a notificarse de la citada determinación, dentro del término de dos días hábiles otorgado mediante aviso de notificación de trece de mayo de la presente anualidad. Doy fe. Lic. Omar Juárez Enríquez Actuario Judicial
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Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que el artículo MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 2 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó el presente juicio de garantías, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós; por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; por lo tanto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, en virtud de que se decretó el sobreseimiento del mismo; de igual forma, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la MARICELA ESQUIVEL HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c4.1e 15/09/23 12:11:35 3 caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como el original del incidente de suspensión. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación de dicho expediente. Del mismo modo, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el capítulo 8, punto 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de destrucción, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. De conformidad en la fracción II inciso a) del ordinal vigésimo del multicitado Acuerdo General, en relación al capítulo 8, punto 8.1.1 del del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, destrúyase el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta de la relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las dieciséis horas del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 521/2021, promovido por ********************, ante la presencia del licenciado Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado Jorge Carrasco Rodríguez, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el escrito de demanda y demás constancias que integra este expediente. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes en el presente juicio, hizo manifestación alguna con relación a que sus datos personales sean publicados y tampoco expresaron que el presente expediente contenga información que ponga en peligro la vida, la seguridad y la salud o que, por su naturaleza, pueda afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles establecidos en el artículo 2, fracciones XXI y XXII, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los diversos 79, 80 y 81 del Acuerdo 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en las resoluciones que así lo ameriten, se suprimirán los datos sensibles procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de PRUEBAS, el Secretario que únicamente la parte quejosa las ofreció; sin más pruebas que relacionar, se cierra dicho período. El Juez acuerda: téngase por hecha la constancia que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el período de ALEGATOS, el Secretario hace constar ninguna de las partes los formuló, se cierra la etapa de alegatos. Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. Cerrado el período de alegatos, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, el juicio de amparo 521/2021, promovido por ********************; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.- Mediante escrito recibido el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, los citados promoventes solicitaron el amparo de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, Chiapas. Apoderado legal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, Chiapas. Jurídico del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, Chiapas. Director Operativo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, Chiapas. ACTOS RECLAMADOS: La orden de corte de suministro de agua potable y drenaje. El inminente cobro de $ 70,092.52 por concepto de consumo de agua, según el contrato 303610-303610-1, folio 2258364. La sustracción de la tubería de PVC, fierro y cobre, que conduce el agua potable a mi casa. La negativa de dar facilidades u opciones de pago para liquidar el adeudo del contrato 303610-303610-1. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por cuestión de turno, correspondió conocer de dicho juicio constitucional a este Juzgado de Distrito; por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, previo diversos acuerdos de prevención; se solicitaron a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, mediante el acta que antecede se celebró la audiencia constitucional y se ordenó proceder al dictado de la resolución correspondiente, que ahora se emite. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad en lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII de la Constitución Federal; 6o, 37, 107, 108 y demás relativos de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 47/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, relativo a la denominación, residencia, competencia y jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas del turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, el 3/2021 que adiciona el similar 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón que el lugar de ejecución del acto reclamado en el presente juicio, se encuentra dentro del ámbito espacial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- De conformidad con los artículos 74 fracción I y 76, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados, que pretende la parte quejosa, los cuales, según la causa de pedir que se observa de la lectura integral a la demanda de amparo, sustancialmente, consiste en: La orden de corte al suministro de agua potable y drenaje, en el su domicilio ubicado en avenida Tronpillo, manzana 3, lote 14, esquina con calle Suchiate, Bar El Gitano, colonia Bosques Las Palomas, en esta ciudad. El inminente cobro de la cantidad de $ 70,092.52 setenta mil noventa y dos pesos 52/100 por concepto de consumo de agua, según número de contrato 303610-303610-1, folio 2258364. La sustracción de la tubería de PVC, fierro y cobre, que conduce el agua potable hacia el domicilio descrito. Negativa de dar las facilidades y opciones de pago para liquidar el adeudo del contrato 303610-303610-1, folio 2258364, correspondiente al corte de suministro de agua potable y alcantarillado. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Directora Operativa, Director General, Jefe del Departamento Jurídico y Apoderado legal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, residentes en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, del análisis de las constancias que exhibieron la parte quejosa se advierte el requerimiento de pago al servicio de agua potable y alcantarillado, mediante recibo de cobro correspondiente al inmueble ubicado en avenida Trompillo, manzana 3, lote 14, esquina con calle Suchiate, Bar El Gitano, colonia Bosques Las Palomas, en esta ciudad, el cual indica que es de uso comercial, nivel 2. Lo anterior, permite tener por demostrada la existencia de los actos que se les atribuye. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE OFICIO. Este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. En el caso, la parte quejosa reclama en esencia, el corte del suministro de agua potable y alcantarillado; servicio que se le proporciona en el bien inmueble ubicado en avenida Trompillo, manzana 3, lote 14, esquina con calle Suchiate, Bar El Gitano, colonia Bosques Las Palomas, en esta ciudad; el cobro de la cantidad de $ 70,092.52 setenta mil noventa y dos pesos 52/100 (actualmente, según recibo de cobro $73,515.28 setenta y tres mil quinientos quince pesos 00/28) por concepto de consumo de agua, relativo al contrato 303610-303610-1, folio 2258364; la sustracción de tubería PVC, fierro y cobre, que conduce el agua potable hacia el domicilio descrito y finalmente, la negativa de otorgarle facilidades de pago respecto al adeudo en cita. Ahora, del análisis de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se aprecia que el impetrante promovió diverso juicio de amparo indirecto, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, el cual quedó radicado con el número 310/2021, por los mismos actos y autoridades responsables, que para mayor comprensión se escanean: Asimismo, del aludido juicio de amparo, se advierte la sentencia constitucional dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, donde se resolvió sobreseer el juicio de amparo en comento. Sentencia constitucional que mediante auto de veinte de octubre siguiente, causó ejecutoria, como se aprecia en la síntesis publicada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE): Núm. de Expediente: 310/2021Fecha del Auto: 20/10/2021Fecha de publicación: 21/10/2021Síntesis: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión la sentencia definitiva dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en este juicio de garantías sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se concedió la definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DEPURACION, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.1, 7.1.1 apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su depuración y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 7.1.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de tres años contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal como en el duplicado del incidente con la leyenda "DESTRUIBLE", así como, la leyenda ´´DEPURABLE´´ en el cuaderno principal del incidente de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Es oportuno destacar que, se aplica lo relacionado con antelación, según lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito constituyen un hecho notorio para el suscrito, así como la jurisprudencia 1364, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Apéndice 1917-Septiembre 2011, página 1532, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Lo antes expuesto revela, que los actos aquí reclamados, descritos en párrafos anteriores, fueron materia de análisis en el juicio de amparo 310/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, promovido por misma parte quejosa contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados. En tal orden jurídico, no procede volver analizar los aludidos actos reclamados en el presente juicio de amparo, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, donde sobreseyeron el citado juicio de derechos humanos. Lo anterior, toda vez que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, mediante sentencia definitiva emitida en el diverso juicio de amparo 310/2021 de su índice, determinó que el contrato relativo al servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, a favor del bien inmueble en comento, correspondía al giro nivel 2, "Bares y Cantinas"; por tanto, tratándose de tomas de tipo industrial o comercial, no se reconoce el carácter de autoridades responsables a las que indica, de ahí el motivo de sobreseimiento en aquel juicio. Por consiguiente, al quedar demostrado que los actos reclamados en este juicio analizado en este apartado fue materia de otra ejecutoria de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, que por su aplicación relacionada con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en el juicio. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1107, Décima Época, con registro digital 2011383, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Las tesis que se invocan dan refuerzo a la argumentación contenida en esta sentencia definitiva, por lo que encuentra aplicación por identidad jurídica sustancial, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 524, registro digital 2002272; así como la diversa I.7o.A.132 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2717, con registro digital 164818, cuyo rubro y texto dicen: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción XI del artículo 61, por su aplicación relacionada con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia constitucional; en términos de lo expuesto en el diverso cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Jorge Carrasco Rodríguez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra programada para este día; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla toda vez que los informes justificados rendidos por Directora Operativa, Director General y Jefe del Departamento Jurídicos, todos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, Chiapas, que se mandaron agregar en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, no fueron conocidos por las partes con la anticipación mínima de ocho días previos a la fecha señalada para su celebración, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto, para dar margen a lo anterior la audiencia de mérito se difiere y en su lugar se fijan las DIECISÉIS HORAS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Tiene aplicación por analogía la Jurisprudencia número 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril del 2000, Tomo XI, página 5, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO Jorge Carrasco Rodríguez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f3.a5 29/12/23 19:26:00 2 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario".
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