Reyna Angélica Chávez Diego
Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyna Angélica Chávez Diego
- Víctor Manuel Chávez Chávez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta Ciudad, que por lo que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, ********************, a través de su defensora, solicitó el amparo y protección, contra las autoridades y actos que a continuación se enuncian: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan IV.- ACTO RECLAMADO. - Lo constituye la resolución interlocutoria sobre incidente de revisión de medida cautelar la cual se solicitó se sustituyera de Prisión Preventiva Oficiosa a Sujeción Domiciliaria, de fecha 19 diecinueve de agosto del año 2022 dos mil veintidós, dentro de la audiencia intermedia de la causa penal 108/2020 que se lleva ante la autoridad responsable, en la cual resuelve negando el cambio de medida cautelar." SEGUNDO. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó notificar a la parte tercero interesada y al agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal de origen, lo que así ocurrió; se señaló hora y día para verificar la audiencia constitucional la cual, previos diferimientos, se desarrolló en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución dentro de la demarcación territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias del juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa de variar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa por la diversa de sujeción a domicilio. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J.40/2000, perteneciente a la Novena Época; Instancia Pleno; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de dos mil, en Materia Común, visible a página treinta y dos, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. ES CIERTO el acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, pues así lo manifestó expresamente el Juez responsable, al rendir su informe justificado. La certeza del acto reclamado se corrobora con el disco compacto en formato de video grabación, que la autoridad judicial remitió en apoyo a su informe con justificación; al cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que son documentales públicas realizadas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número A./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni la suscrita advierte alguna que se actualice, y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se concrete alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de la Materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página sesenta, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, Octava Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tienen por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Suplencia de la queja. Antes de entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado es menester precisar que, cuando como en el caso, el juicio de amparo lo promueve la quejosa en calidad de procesada dentro de una causa penal, tal supuesto encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, el análisis de constitucionalidad se efectuará en suplencia de la deficiencia en la exposición de los conceptos de violación, o bien ante su ausencia. Cobra aplicación la Jurisprudencia 26/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo XXVII, Marzo de 2008, página 242 que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE." SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado. En primer término, conviene precisar que la quejosa fue vinculada a proceso por el Juez de Control responsable, porque a su parecer se colmaron los requisitos que para su procedencia establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en términos de su fracción III, se determinó que de los datos de prueba aportados por las partes en la audiencia inicial, aparecieron indicios razonables para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, que en este caso fue el de homicidio de persona menor de edad, violación equiparada agravada y violencia familiar, previstos y sancionados, en su orden, en los artículos 119; 164, primer párrafo, último supuesto y tercer párrafo, en relación al 165 fracción II; y, 168, fracciones II y IV, todos del Código Penal en el Estado. Delitos por los cuales la responsable consideró imponer la medida de prisión preventiva oficiosa; la cual en la resolución reclamada, la responsable resolvió improcedente la modificación de la misma. Decisión de la autoridad responsable que se considera apegada al marco constitucional y legal, por las razones de derecho que se explican a continuación: El numeral 20, Apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal, indica: "20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: IX.... La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. .". Por su parte, el último párrafo del normativo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: "165. Aplicación de la prisión preventiva . La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." Ahora, es cierto que se debe impartir justicia en un plazo razonable, por lo que la autoridad judicial debe actuar con rapidez en el juicio, en aras de respetar la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, ya que la demora en la causa penal puede constituir ?en algunos casos? la vulneración de los derechos fundamentales si los implicados no son juzgados en un lapso razonable. Por lo que de conformidad con lo establecido por los numerales transcritos, la prisión preventiva no puede exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y no podrá ser superior a dos años, en aras de respetar la celeridad del proceso, como se menciona en la demanda, por lo que cumplido ese término, si no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas, pero con la excepción de que esa prolongación se deba al derecho de defensa del imputado, caso en el que sí es factible prolongar la prisión preventiva. Sin embargo, contrario a lo que aduce, el simple transcurso de los dos años, sin haber sido emitida la sentencia correspondiente, no genera en automático, en favor del imputado, el derecho procesal de seguir el proceso en libertad, pues aún cuando en apariencia transcurrieron dos años desde el momento en que le fue impuesta dicha medida cautelar, y por tanto, en caso que pudiera estar en el supuesto que señalan los numerales antes transcritos, lo cierto es que la propia Constitución señala en su artículo 19, un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, dentro de los cuales se encuentran los delitos de homicidio de persona menor de edad, violación equiparada agravada, delitos, entre otros, por los cuales fue vinculada a proceso la imputada y por tanto, de facto resulta improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, al ser aquella de carácter oficioso, aun cuando su duración haya excedido el plazo de dos años sin que se hubiera emitido la sentencia correspondiente. Resulta aplicable, la tesis I.9o.P.135 P (10a.), pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tema de los derechos humanos, acoge principios importantes y trascendentes, cuyos postulados se rigen favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Luego, el principio de convencionalidad implica la obligación de aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, en el ámbito de las obligaciones, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; no obstante, el propio artículo 1o. y el 29 de la Ley Fundamental señalan restricciones en determinados supuestos a esos derechos humanos, esto cuando la propia Constitución así lo establezca. Por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada y secuestro, constituye un régimen de excepción, que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de dos años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente; máxime si en el particular, ese exceso se justifica en el ejercicio de defensa del imputado". No obstante, se analizará la resolución combatida con base en los conceptos expuestos por la quejosa, para lo cual se reprodujeron íntegramente los archivos electrónicos donde obra la audiencia del proceso que se revisa, a fin de lograr mediante una aproximación, la inmediación judicial. Así, de la videograbación en la que consta la resolución de la que se duele la quejosa (del lapso 02:03:53 a 02:53:36), se colige que el Juez de Control, en la audiencia de solicitud de revisión de prisión preventiva oficiosa celebrada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro de la referida causa, resolvió que debía subsistir la prisión preventiva decretada en contra de ********************, a pesar de que habían transcurrido más de dos años de la fecha en que le fue impuesta con motivo del proceso que se sigue en su contra por el delito señalado, ya que una vez cerrado el debate entre las partes, en esencia expuso que la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, no puede ser atribuida al juzgador sino al órgano administrativo responsable de la agenda del tribunal, asimismo por el propio ejercicio del derecho de defensa, pues la reglamentación que los rige establece un sistema de control de la agenda de las audiencias en las distintas regiones que integran el sistema de justicia penal, acusatorio y oral y el ente responsable de la agenda del tribunal es la administración del centro de justicia, que el juzgador sólo indica la necesidad de que se genere la audiencia atendiendo a los pedimentos de las partes u oficiosamente de acuerdo al estado del proceso, y es el área administrativa la que proporciona la fecha y horas para llevarlas a cabo. Que otro de los factores que ha incidido en la durabilidad, hasta esta época de la medida de prisión preventiva, se debe también al ejercicio del derecho de defensa, pues inicialmente se fijó que el plazo de investigación complementaria seria de tres meses, el cual se tuvo por prorrogado hasta en dos ocasiones a solicitud de la defensa, la primera prórroga a dicho plazo se concedió el diez de agosto de dos mil veinte y fue por dos meses. La segunda prórroga, se concedió el siete de octubre de ese mismo año, por un mes más. Luego, después de formulada la acusación, se fijaron las trece horas del siete de enero de dos mil veintiuno, para iniciar la audiencia intermedia, la cual se tuvo que diferir a solicitud de la defensora, solicitud que se presenta el seis de enero, es decir, un día antes de la fecha prevista. Se señalaron entonces las diecisiete horas del veintiséis de marzo de esa misma anualidad (dos mil veintiuno), para que la audiencia intermedia tuviera lugar, no obstante, de nueva cuenta la defensa pidió que se difiriera la audiencia, la recepción de su solicitud tuvo lugar el veinticinco de marzo, de nueva cuenta un día antes de la fecha de la diligencia. Ante esa nueva solicitud, se fijaron las nueve horas del seis de julio de ese mismo año para llevar a cabo el inicio de la audiencia intermedia. Argumentó la responsable que los diferimientos de audiencia han sido por parte de la defensa, uno de ellos de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, en la que la defensora solicita se reprograme la audiencia programada para el veintiuno de enero de veinte, para llevar el correcto descubrimiento probatorio; es por ello que se les convocó nuevamente el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Asimismo, el día veinticinco de marzo de veintidós, se presentó un escrito por parte de la defensa solicitando el diferimiento de la audiencia, ya que se encontraba aún en etapa de descubrimiento probatorio, por lo que nuevamente fue por el ejercicio de defensa. Aunado a ello, por los acuerdos emitidos por el Consejo del Poder en el Estado, derivado de la pandemia del COVID, han surgido diversos diferimientos. Fue así, que de dichos aplazamientos se fijaron otras fechas, y el dieciocho de octubre de veintiuno nuevamente la defensa indica el tema de recabar entrevistas, por lo que se difirió y se señaló fecha para nueve de diciembre de veintiuno; más adelante se incorpora el diverso defensor privado, y las audiencias avanzan de manera regular. Asimismo citó que el aplazamiento de la audiencia de enero de dos mil veintiuno que se fijó hasta el veintiséis de marzo del citado año, se establece un término de dos meses con diecinueve días; el diverso escrito del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, motivo el aplazamiento al seis de julio de veintiuno, se puede establecer un cómputo tres meses diez días; por lo que respecta a la audiencia de julio de veintiuno a agosto, derivó aproximadamente veintinueve días, y la última de octubre a diciembre, fue un mes veintidós días; entonces se puede establecer que a la actualidad, con motivo del ejercicio de defensa, han transcurrido ocho meses diecinueve días, y tomando en consideración ese tiempo, no han transcurrido los dos años de prisión preventiva oficiosa. Finalizó que no resultaría oficioso estudiar los temas restantes, ya que se analizó uno de los elementos elementales, que es el cómputo de la prisión preventiva oficiosa. Por su parte la quejosa aduce especialmente que el exceso en el plazo transcurrido de la prisión preventiva, no sólo es atribuible al imputado ni a la defensa en ejercicio de dicho derecho, sino también a la propia actuación del ministerio público y de la judicatura. Argumentos que devienen infundados. Así es, ya que de los preceptos transcritos se colige que la prisión preventiva no podrá prolongarse por más de dos años, a menos de que ésta se deba a la actividad procesal derivada del ejercicio del derecho a la defensa del imputado. El ejercicio del derecho a la defensa necesariamente impacta en la duración del proceso penal, toda vez que implica la activación de la maquinaria procesal contemplada en la ley. Luego, antagónicamente a lo afirmado por la parte quejosa, el ejercicio de derecho de defensa, debe entenderse como toda actividad que desarrolla el imputado y su defensor no sólo con el fin de demostrar su teoría del caso, sino también comprende aquellos actos que dan el impulso procesal que se requiere, donde se incluyen los medios de defensa que la misma ley adjetiva prevé a través de dar respuesta a las vistas que se le corran, interponer recursos y todo aquello que beneficie a los intereses que representa para el debido cumplimiento de las formalidades que impidan el desarrollo del procedimiento. Bajo tal escenario, se estima que la estrategia de defensa, son acciones que se despliegan en relación al ejercicio del derecho de defensa del imputado, pues como bien lo sostuvo el Juez de Control, nuestro Máximo Tribunal en el amparo en revisión 315/2021, estableció que el plazo de prisión preventiva oficiosa está sujeto a una revisión de dos años y que el mismo debe estar sujeto a un escrutinio en revisión judicial, bajo tres parámetros que son: I. La complejidad del asunto. II. La actividad procesal del interesado, y III. La conducta de las autoridades. Cobra relevancia en el caso, el hecho de que el sistema de Control de la Agenda de audiencias para el Poder Judicial del Estado de Michoacán, no está bajo el control y vigilancia estricta del Juez Responsable sino de la Administración del Centro de Justicia (que no fue señalada como autoridad responsable), a quien el Juez le solicita que se generan las audiencias. De ahí que, tal como fue precisado por la responsable, el lapso en que se otorgan la fecha y hora para las audiencias no depende directamente de su función jurisdiccional, sino que se encuentra sujeto a la organización que al respecto le comunica diversa autoridad. Además, como fue precisado por la responsable el plazo de investigación complementaria sería de tres meses, mismo que fue prorrogado en dos ocasiones, por dos y un mes, respectivamente, a solicitud de la defensa; además, una vez formulada la acusación, la fecha para la audiencia intermedia también tuvo que diferirse por dos meses, ello también a solicitud de la defensa, por encontrarse pendiente el descubrimiento probatorio. De ahí que, tal como lo indica la responsable, la dilación del proceso fue producto de la facultad de defensa de la parte quejosa con lo que se cumple la función de llevar a cabo una defensa adecuada; por ende, el plazo de dos años a que debe estar sujeto el imputado en prisión preventiva, puede ser prorrogado por caso de excepción que deriva del ejercicio del derecho de defensa, según lo establecido en los ordinales citados. Por otra parte, es importante destacar que en la audiencia también se argumentó como causa de prolongación del procedimiento el fenómeno social que con motivo de la pandemia por el virus COVID-19, presentado a nivel mundial, y si bien el Juez no abundó al respecto, este Juzgado considera que sí resulta un motivo manifiesto para que el procedimiento en primera instancia se hubiera extendido y por ende, prolongado de forma justificada la prisión preventiva impuesta al imputado En atención al brote del virus y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección tanto de los justiciables como de los servidores públicos, emitiendo diversos acuerdos en relación al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, lo que generó que desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte al tres de agosto del mismo año, se suspendieran en su totalidad las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que no era material ni jurídicamente posible celebrar audiencias o cualquier otro acto procesal que no fuera de los contemplados en los acuerdos generales como de carácter urgente. Por tanto, aun cuando ello no es atribuible a la imputada o a la autoridad jurisdiccional, el plazo comprendido entre esas fechas no puede computarse para el cálculo de los dos años que contemplan los artículos 20 Constitucional Apartado B, fracción IX y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no obstante que dicha temporalidad transcurrieron cronológicamente, las actividades jurisdiccionales quedaron en suspenso, situación extraordinaria de fuerza mayor, que escapa a la voluntad de las partes. De ahí que este Juzgado considere acertada la determinación del Juez en el sentido de que la prisión preventiva, aún cuando se aduzca que se prolongó por más de dos años, debe subsistir, máxime que como se dijo, la misma es de carácter oficioso, pues deriva de una disposición constitucional como lo es el artículo 19 de la Carta Magna, y dos de los delitos por los cuales se vinculó a proceso a la imputada, están considerados como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, circunstancia que de facto le impide llevar su proceso en libertad. Aunado a lo anterior, es de destacar que, en caso del cese de la medida de prisión preventiva e imposición de alguna otra, no se aportó algún dato de prueba para efecto de acreditar la sujeción domiciliaria de la imputada, cuestión que este Juzgado considera indispensable a considerar para decidir si está o no garantizada la comparecencia de la imputada en el proceso, que es precisamente la función de la medida cautelar, pues en la proporción de que el Juzgador cuente con datos que le den certeza de los aspectos que ligan al imputado a un lugar en específico, es palpable determinar la sujeción domiciliaria que puede o no tener en el lugar en donde se lleva a cabo su proceso y por ende, estar en posibilidad de modificar o cesar la prisión preventiva; siendo que el defensor particular sólo se limitó a realizar su petición en ese sentido, es decir, que cesara la medida cautelar, sin aportar datos de prueba que llevaran a la certeza del juzgador de que la imputada no se sustraería de la acción de la justicia en caso de que resolviera favorable. Se llega a la anterior determinación, porque para que se declare la procedencia del supuesto de excepción de la prisión preventiva que prevé tanto la Constitución como la ley adjetiva, relativo al transcurso de dos años sin que se hubiera dictado sentencia, no basta con que la defensa sostenga que un imputado se encuentra en el mismo, para que éste obtenga su libertad, sino que es menester aportar datos de prueba tal y como lo dispone el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el Juez esté en condiciones de determinar, en caso de declararlo procedente, que está asegurada la comparecencia del imputado al proceso, pues en caso que procediera (y en este asunto no procede), no se trata de una libertad absoluta, sino un cese de la medida cautelar que invariablemente debe cambiarse por otra. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no existir alguna violación que deba destacarse en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es NEGAR la protección constitucional a la quejosa ********************, contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 108/2020, seguida en su contra, en la que se le negó variar la medida cautelar de prisión preventiva por la diversa de sujeción a domicilio. OCTAVO. Publicación de la sentencia. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** por el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando quinto de esta resolución, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Háganse las capturas respectivas en el libro de Control (Electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que el seis de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 316/2022, reservándose los autos para dictar la sentencia correspondiente; por tanto, a fin de no dejar promociones pendientes por acordar, fórmese cuaderno provisional. Ahora bien, glósese para que obre como legalmente corresponda el escrito firmado por ********************, defensora de la quejosa ******************** -recluida en el Centro de Reinserción "Lic. Eduardo Ruiz", mediante el cual en esencia, solicita que este juzgado tenga a bien pronunciarse sobre la resolución de la audiencia constitucional celebrada en este asunto, ya que la quejosa se encuentra recluida bajo la prisión preventiva oficiosa desde el treinta de abril de dos mil veinte, aunado a que su estado de salud es deteriorable porque se trata de una persona de edad avanzada, con enfermedades crónicas de diabetes e hipertensión, que el tiempo sigue transcurriendo y la medida cautelar impuesta sería excesiva y por ende violatoria al derecho a la libertad y acceso a una justicia pronta a los cuales tiene derecho. Atento a lo anterior, dígase a la promovente de que se trata que este juzgado tomando en consideración lo antes manifestado procurará dictar lo más pronto posible la sentencia correspondiente en cuanto las cargas del trabajo lo permitan. Consecuentemente, en atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 64 de la ley de amparo, hágase del conocimiento de la presentación del escrito de cuenta a la Secretaria proyectista, encargada del presente asunto, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la razón levantada por la actuaria de la adscripción el quince de noviembre de este año, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar al licenciado Miguel Silva Béjar, Asesor Jurídico de las víctimas indirectas ********************y ********************, quien se encuentra adscrito a la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas de la Región Uruapan, ya que al constituirse en las oficinas de la Comisión Regional de Atención a Víctimas, fue informada por una trabajadora social que ya no labora en ese lugar, que ahora en su lugar se encuentra el licenciado********************. Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que a la brevedad se constituya en las oficinas de la Comisión Regional de Atención a Víctimas y emplace al licenciado********************, Asesor Jurídico de las víctimas indirectas ********************y ********************, informándole la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Asimismo, lo requiera para que al momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, que se publique en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del seis de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y emplácese al licenciado********************, Asesor Jurídico de las víctimas indirectas ********************y ********************.
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EN RAZÓN DE QUE VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ CHÁVEZ Y SELENE MONSERAT BALVANEDA (EN SU CARÁCTER DE PARTE TERCERO INTERESADO, POR CONDUCTO DEL LICENCIADO MAURICIO ANTONIO GUZMAN MENDOZA, ASESOR JURÍDICO DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS VICTOR MANUEL CHÁVEZ CHÁVEZ Y SELENE MONSERRAT BALVANEDA) no comparecieron ante este Juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes en términos del CITATORIO, que se les dejo en el domicilio señalado en autos, el doce de diciembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y la notificación del proveído de NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la razón levantada por la actuaria de la adscripción el quince de noviembre de este año, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar al licenciado Miguel Silva Béjar, Asesor Jurídico de las víctimas indirectas ********************y ********************, quien se encuentra adscrito a la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas de la Región Uruapan, ya que al constituirse en las oficinas de la Comisión Regional de Atención a Víctimas, fue informada por una trabajadora social que ya no labora en ese lugar, que ahora en su lugar se encuentra el licenciado********************. Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que a la brevedad se constituya en las oficinas de la Comisión Regional de Atención a Víctimas y emplace al licenciado********************, Asesor Jurídico de las víctimas indirectas ********************y ********************, informándole la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Asimismo, lo requiera para que al momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, que se publique en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del seis de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y emplácese al licenciado********************, Asesor Jurídico de las víctimas indirectas ********************y ********************.Uruapan, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Cinthia León Díaz, quien se ostenta defensora de la quejosa Reyna Angélica Chávez Diego -recluida en el Centro de Reinserción "Lic. Eduardo Ruiz", contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 556/2022. Con fundamento en...SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de que se trata, en la que los actos reclamados se hacen consistir en:... No se forme ni tramite el incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la quejosa. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se reserva acordar lo correspondiente hasta en tanto obren las constancias que en su caso remita la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, para que con el informe justificado, remita la certificación en la que se haga constar el carácter que tenga la promovente del amparo Cinthia León Díaz dentro de la causa penal de la que deriva el acto reclamado. De igual manera, se requiere a dicha autoridad que de ser cierto el acto reclamado, proporcione el nombre y domicilio correctos de las víctimas a quienes pudiera resultar el carácter de terceros interesados para efectos de su emplazamiento. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase INFORME JUSTIFICADO a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Se le hace saber que el correo electrónico oficial de este juzgado es 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx para esos fines. Asimismo, con fundamento en el invocado artículo 117, párrafo cuarto, solicítese remita, en su caso, debidamente foliado el DUPLICADO DEL PROCESO PENAL, que en su caso se esté integrando, o en su defecto copias fotostáticas CERTIFICADAS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE COTEJADAS DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE BASÓ PARA EMITIR EL ACTO RECLAMADO. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. En el caso de que alguna de las autoridades responsables no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa, de modo tal que impida su plena identificación, se le tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo, la resolución se emitirá únicamente por las autoridades responsables que hasta ese momento tengan tal carácter, ello, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda de cuenta y autorizando a María Belén Mondragón Romero y Sonia Mondragón Romero, quienes únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por así haberse solicitado expresamente. Por otro lado, en cuanto a que se le tenga señalando el correo electrónico y número telefónico, dígase que no ha lugar a tenerle por señalando ese correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones, pues ni en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ni en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se prevé que en los juicios de amparo, las partes puedan ser notificadas en correos electrónicos. Por ende, no es viable ese medio para hacerle las notificaciones que pretende; de hecho, el artículo 60 del acuerdo general 12/2020, aclara que las justiciables podrán notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales en un procedimiento jurisdiccional dentro del módulo para consultar notificaciones del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; como se ve, las notificaciones se hacen en el portal y no en correos electrónicos particulares. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, téngasele únicamente para establecer contacto el correo electrónico que indica en su ocurso de cuenta. Por otro lado, la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico con el nombre de los usuarios "CinLeodia", atento a su contenido, se autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario proporcionado, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena a la encargada del SISE en el juzgado, para que le otorgue los permisos correspondientes en el sistema. Se hace del conocimiento al ocursante, que solo tendrá acceso a las herramientas limitadas que pone a su disposición el sistema solo para consultar el expediente en línea, ya que no solicita que en esos usuarios se le practiquen las notificaciones. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Ahora, tomando en consideración, que el ocho de junio y veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, el primero, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; mientras que, el segundo, determina lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los cuales entraron en vigor a partir del dieciséis de junio y tres de agosto de la citada anualidad. Normativa que permite recibir las audiencias con la presencia de las partes por videoconferencia, particularmente el segundo acuerdo, que en sus artículos 25 y 26 prevé que por regla general se desahoguen las audiencias por videoconferencias. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente en su artículo 27, fracción III, relativo a la impartición de justicia más expedita, con fundamento en el artículo 28, fracción I, del mencionado Acuerdo General 12/2020, requiérase a las partes, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que queden notificados, manifiesten si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex, lo anterior a efecto de preparar el evento virtual y compartir a las partes las claves con la debida oportunidad; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo comparecer a la misma por dicha vía y se celebrará la audiencia aún sin su presencia, levantando el acta respectiva. Asimismo, se requiere a las partes, para que al menos tres días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, manifiesten si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional de manera presencial en las instalaciones que ocupa este Juzgado, a fin de que el personal de este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de generar el Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona acompañante, ingresen al órgano jurisdiccional, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo comparecer a la misma de manera presencial, en cuyo caso se celebrará aún sin su presencia, levantando el acta respectiva. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.
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